CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A dos meses de que se celebre por primera vez el proceso de elección de diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, derivado de la reforma judicial, existe un desconocimiento de la población en general para distinguir entre las funciones de los ministerios públicos, las defensorías públicas, las policías y los jueces, asevera Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de la organización México Evalúa.

“Es una indicativa de cómo estamos como mexicanos en conocimiento de lo que pasa en el sistema de justicia. El no poder distinguir o el no poder conocer las funciones de los jueces, más todo un discurso en contra para decirnos que ellos son responsables de toda la justicia en el país, facilita todo para que la población desconfíe de ellos”, dice en entrevista para Proceso.

Diversas investigaciones han recabado datos sobre el nivel de confianza y aprobación que la población otorga a las instancias judiciales, y el análisis de estos estudios sugiere que el bajo nivel de confianza en dichos organismos podría estar relacionado con la desinformación acerca de sus funciones e incluso con la confusión que existe entre su labor y la de otras instituciones vinculadas con la impartición de justicia.

Basta recordar que 64.6% de la población considera que los jueces son corruptos, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024.

En 2023, 64.5% de la ciudadanía consideró corruptos a los jueces, lo que representó una pequeña reducción respecto al 67.3% de 2022, de acuerdo con lo publicado en el informe “Hallazgos 2023. Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México”, de México Evalúa.

Falta de información

Camacho expresó que existe un desconocimiento de la población en general para distinguir entre las funciones de los ministerios públicos, las defensorías públicas, las policías y los jueces.

Considera que la falta de información sobre estas instituciones podrían ser los causantes de la percepción negativa y de desconfianza hacia algunas de ellas, principalmente hacia los juzgadores, que son los que menos contacto directo tienen con la ciudadanía.

México Evalúa realizó encuestas en nueve estados el año pasado, en donde una de las principales preguntas fue “¿Qué tanto ha escuchado hablar de las instituciones de justicia penal?”, obteniendo los siguientes resultados:

• Zacatecas                71%
• Baja California         65%
• CDMX                      60%
• Tabasco                   60%
• Nuevo León             59%
• Nayarit                     57%
• San Luis Potosí       57%
• Jalisco                     56%
• Coahuila                  52%

“En la vida cotidiana la gente tiene divorcios, firma contratos de compraventa, de renta, demanda la pensión alimenticia para sus hijos, la corren del trabajo y también pide que se cumplan sus derechos. Todas estas justicias van a quedar paralizadas con la reforma judicial, porque es mucho más amplia que sólo el tema de sancionar delitos. Eso nos lleva a un montón de conflictos que en un momento determinado no van a poder tener solución vía Poder Judicial, porque muchos puestos van a estar completamente renovados en cuanto a los jueces y no sabemos la calidad con la que contarán los mismos”, manifestó.

No obstante, señaló que las fiscalías tienen un papel fundamental en el ámbito penal y destacó que uno de los principales problemas es que no están llevando a tribunales una cantidad significativa de casos.

Cuestionó el porqué si se busca cambiar la impartición de justicia en el país no se abordan también estos organismos, señalando que la mayoría de los asuntos penales permanecen estancados dentro de las fiscalías, las cuales no han sido objeto de reformas, exponiendo que de todos los casos que ingresan a estas instancias, sólo el 3.6% logra vincularse a proceso.

Recelo de la población

Por su parte, Sergio López Ayllón, exdirector general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que para la población resulta complicado distinguir entre las funciones de fiscales, ministerios públicos y jueces, así como diferenciar entre la justicia estatal y la federal.

"Esto, junto con un discurso gubernamental y una percepción extendida de corrupción en todos los sectores del gobierno, influye en la forma en que la gente ve a los jueces, ya que este ambiente de desconfianza, respaldado por indicadores como los de Transparencia Internacional, afecta la opinión que la población tiene sobre ellos", dijo.

López Ayllón reprocha el discurso presidencial de Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, cuando en realidad, asevera, su disputa era con algunos de los ministros de la SCJN, lo que resultó en un incremento del recelo de la población hacia estos organismos.

Asimismo mostró muy poca confianza en el proceso electoral para juzgadores, poniendo en duda su legitimidad y recordando que casi nadie le está prestando atención a la parte estatal, puesto que hay 14 estados que van a elegir a sus jueces también.

“En el caso de la elección judicial, me parece que ni siquiera va a poder ser un voto informado, porque van a ser tantos los candidatos, van a ser tantas las posiciones que se van a poner en votación, que ni los más expertos podemos decirte quién es quién”, dijo el jurista.

Finalmente, la coordinadora de México Evalúa admite que “hay que reconocer que como país tenemos un rezago importante en materia de justicia en todas las materias. Desgraciadamente esta reforma no va a cambiar esta situación de un día para otro, e incluso la va a empeorar, por las condiciones de apresuramiento en que se está dando”.

Y sentencia: “Yo creo que el pueblo está solicitando justicia, no la reforma judicial”.