CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Más de 200 profesores e investigadores de la UNAM repudiaron la sentencia contra el exrector Enrique Graue Wiechers y el exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Fernando Macedo Chagolla, quienes deberán pagar 15 millones de pesos por daño moral a Martha Rodríguez Ortiz, señalada por haber dirigido múltiples tesis con plagio, entre las que se encuentra la de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa. 

Mediante un comunicado, los académicos denunciaron que se castiga a los funcionarios universitarios que actuaron en cumplimiento de su deber y premia a quien estuvo involucrada en prácticas contrarias a la ética académica. 

“La condena impuesta por un tribunal de la Ciudad de México al exrector de la UNAM y al exdirector de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la misma Universidad, expresa de forma escandalosa las desviaciones a las que conduce la manipulación de la justicia con propósitos políticos”, expresaron.  

El caso tiene su origen en diciembre de 2022, cuando se hizo pública la tesis de Esquivel, junto con la tesis de otro alumno, Edgar Ulises Báez, la cual había sido presuntamente plagiada por la ministra y presentada en 1987. Posteriormente, se descubrió que otras tesis asesoradas por Rodríguez Ortiz también presentaban contenido plagiado. 

Ante estos hallazgos, la UNAM inició un proceso de revisión y, en enero de 2023, determinó que era evidente la existencia de un plagio, estableciendo que la tesis original fue la presentada en 1986. Entre las medidas tomadas, la universidad rescindió el contrato de Rodríguez Ortiz, quien había trabajado durante años como asesora en la FES Aragón. 

Paralelamente, Esquivel Mossa interpuso una serie de recursos legales para frenar la publicación del dictamen del Comité Universitario de Ética sobre su caso, lo que ha impedido que la universidad se pronuncie oficialmente al respecto. 

En 2023, La jueza María Magdalena Malpica Cervantes resolvió que la ministra es la autora original de la tesis de licenciatura en Derecho que se presentó en 1987 en la UNAM, según los peritajes sobre la antigüedad del papel, una comparación de firmas y las declaraciones de dos testigos que afirmaron haber visto a Esquivel escribir el texto, pero la jueza no hizo una comparación entre el trabajo de titulación y el que presentó Báez un año antes.   

Tras los resultados positivos de Esquivel, su exasesora reclamó daño moral al exrector de la UNAM y al exrector de la FES Aragón. Martha Rodríguez también reclamó que el caso fue divulgado por la UNAM y el exrector, pese a que debía mantenerse en reserva porque todavía no había una sentencia que la declarara responsable.   

El pasado 28 de febrero, la juez Flor de María Hernández Mijangos, titular del juzgado Cuarto de lo Civil de proceso escrito del Tribunal Superior de justicia de la CDMX, falló a favor de Rodríguez Ortiz y casi un mes después condenó a Graue Wiechers y Macedo Chagolla al pago millonario.

"La sentencia de la juez Flor de María Hernández Mijangos premia a la asesora de tesis ostensiblemente plagiadas y castiga a los funcionarios que, en representación de la UNAM, tuvieron que ocuparse de ese asunto. La justicia, en este caso, es deformada para favorecer una venganza política", denunciaron los académicos.

Los firmantes expresaron su confianza en que las instancias judiciales, ante las que han apelado los demandados, reivindiquen el derecho y desechen la demanda de Rodríguez Ortiz.

Entre los firmantes del documento destacan reconocidos académicos e investigadores de la UNAM, como Adrián Guillermo Aguilar, del Instituto de Geografía; Alejandro Alagón Cano, investigador emérito del Instituto de Biotecnología; Karina Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Carlos Arámburo de la Hoz, investigador emérito del Instituto de Neurobiología; Roger Bartra, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales; Leticia Bonifaz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Lorenzo Córdova Vianello, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Antonio Lazcano Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias; María Marván Laborde, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Algunos periodistas, escritores y analistas políticos también firmaron el documento, como: Rubén Álvarez Mendiola, periodista; Carlos Bravo Regidor, analista político; Federico Reyes Heroles, escritor; Rafael Pérez Gay, escritor; y Guillermo Sheridan, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas y crítico literario.