CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Sin mencionar que fue el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien convocó a medios, madres buscadoras y organizaciones sociales a ingresar al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades estatales a “preservar los indicios, datos de prueba, evidencias y todo aquel hallazgo que permita el esclarecimiento de los descubrimientos efectuados en el predio”.

Tras las críticas de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y de familiares de víctimas a la apertura indiscriminada del rancho Izaguirre, considerada por algunos como “circo, farsa y burla”, el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra se dirigió a las autoridades del estado de Jalisco “involucradas en las investigaciones”, apegarse a los lineamientos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, a  fin de “garantizar la debida cadena e custodia que las autoridades están obligadas a cuidar, respetar y privilegiar”.

En un comunicado, el organismo expresó su “preocupación por le manejo de información alarmista y confusa, que en nada abona al esclarecimiento de los hechos y peor aún revictimiza a familiares de personas que eventualmente pudieron haber permanecido en el rancho”

La CNDH alertó que, por sus visitadores y peritos, presentes en el predio desde el 19 de marzo para realizar algunas diligencias en coordinación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, advirtió que el jueves 20 irrumpieron en el lugar integrantes de organizaciones civiles y de colectivos de madres buscadoras, “un aproximado de 200 personas y 67 medios de comunicación”, que llegaron acompañados de personal de las fiscalías estatal y federal; de las comisiones locales de derechos humanos y ejecutiva de atención a víctimas, así como de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que resguardaron el perímetro.

De acuerdo al reporte, “lo visitadores presentes en el sitio atestiguaron cómo se rompió el cerco de protección y protocolos básicos de resguardo ministerial establecidos, a cargo de la Fiscalía General de Jalisco, comprometiendo la investigación y la búsqueda misma”.

Para el organismo “la participación de las y los familiares debe llevarse a cabo de acuerdo con los protocolos establecidos, como el Protocolo Homologado de Búsqueda que establece las medidas necesarias para la participación de personas con legítimo interés en las investigaciones, para evitar que se vea afectada la garantía de los derechos al acceso a la justicia, verdad y transparencia del proceso”.

Sin mencionar que las organizaciones de las sociedad civil y familiares de víctimas, acudieron al lugar luego de que el fiscal Alejandro Gertz anunció la apertura de las puertas del rancho Izaguirre, con el aval del fiscal local Salvador González, la CNDH llamó a los activistas “y principalmente a las autoridades responsables de la investigación para privilegiar el derecho a la verdad y a la justicia, lo cual implica, a la vez, respetar las áreas de procesamiento para no poner en riesgo el resultado de las actividades ministeriales y de búsqueda, para que con ello puedan ofrecerse como prueba cuando se proponga la judicialización de la carpeta de investigación ante las autoridades respectivas y establecer mecanismos que faciliten el debió acceso a los familiares de las personas desaparecidas a las investigaciones ministeriales relacionadas con el tema”.

Para el organismo, “es fundamental que se establezca la plena transparencia en la información pública sobre el caso, y también mantener un registro que contenga tanto la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia como en la totalidad de los hallazgos encontrados”.

Al puntualizar que la presencia de su personal fue para aportar análisis técnicos y jurídicos a la investigación que lleva a cabo el organismo, en el comunicado la CNDH consideró que “lo importante es fomentar acciones coordinadas”, para poder llevar a cabo “el deslinde de responsabilidades, para evitar su repetición”.