CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El último día de existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) transcurrió entre los reclamos de sus trabajadores por sus despidos, la toma de posesión de su sede por parte del gobierno federal, y las críticas de organizaciones de la sociedad civil contra el “retroceso” que representan las nuevas leyes y el nuevo organismo desconcentrado, llamado Transparencia para el Pueblo. 

Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la nueva legislación elimina facultades para los organismos de transparencia para interponer acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales contra leyes que podrían afectar los derechos, e incluso contiene figuras legales ambiguas, como “paz social”, que podrían utilizarse para reservar información. 

La condena fue retomada en coro por Amnistía Internacional –que señaló el riesgo para el “acceso a información esencial para la población”–, Fundar, que advirtió sobre “barreras para acceder a información sobre corrupción”, o Designaciones, que deploró el “desmantelamiento” de la estructura institucional que garantizaba la transparencia. 

En respuesta, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, lanzó un mensaje tranquilizador donde defendió la reforma aprobada por Morena y publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Prometió que, como dependencia a cargo del nuevo órgano desconcentrado, garantizará el acceso a la información y la protección de los datos personales de la ciudadanía. 

La dependencia también aseguró que se crearán nuevos juzgados especializados en transparencia, que permitirán a los ciudadanos recurrir al amparo “en caso de inconformidad con una resolución de Transparencia para el Pueblo”. Estos juzgados, sin embargo, no fueron contemplados a la reforma judicial impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por lo que sus cargos no se definirán en las elecciones del próximo 1º de junio. 

Este viernes 21, funcionarios de la secretaría encabezada por Buenrostro acudieron a la sede del INAI para tomar posesión del edificio, en medio de las protestas de sus trabajadores que habían cerrado la Avenida de los Insurgentes para expresar su inconformidad ante las condiciones de su separación laboral. 

Apenas ayer, durante la última sesión del pleno del INAI, los comisionados habían determinado que 419 integrantes del servicio profesional de carrera se beneficiarían de una liquidación con una percepción extraordinaria de 90 a 20 días, según el puesto, pero que 315 trabajadores de libre designación quedarían fuera de este acuerdo. 

En esa sesión, el comisionado Adrián Alcalá Méndez tomó por sorpresa a sus tres colegas y abogó a favor de los 315 trabajadores, a sabiendas de que no podrían beneficiar de la percepción extraordinaria. Con este deslinde, el presidente del INAI orilló los reclamos de los inconformes hacia las otras tres comisionadas, quienes salieron del recinto a gritos de “traidora”. 

La anécdota es reveladora del pésimo ambiente que imperaba en el INAI en su fase terminal, marcado por el descrédito de Alcalá –después de documentarse que utilizó la tarjeta de la institución para pagar sus cuentas en cantinas– y de otros funcionarios de la institución, quienes fueron acusados de utilizar recursos del instituto en table dance, de tratar de extorsionar a funcionarios de la Femexfut, o de perpetrar actos de hostigamiento sexual. 

Blanco de ataque repetidos del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, quien lo tachaba de institución costosa e inútil, el INAI sufrió un último golpe en febrero pasado, con la entrega de informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF): el ente fiscalizador documentó 62 casos de nepotismo, deficiencias en los controles internos –incluyendo en la supervisión de viáticos y vuelos– e irregularidades por 8 millones de pesos. 

El organismo, que sustituyó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) creado en 2002, se extinguió con mal sabor de boca e incertidumbres sobre el rumbo que tomará el acceso a la información, pues Transparencia para el Pueblo no tendrá la autonomía constitucional del INAI, y su titular será nombrado por la Presidencia de la República. 

El proceso de transición del INAI al nuevo organismo durará 30 días, durante los cuales operará un Comité de Transparencia encargado de “aspectos sustantivos, recursos materiales y financieros, asuntos jurídicos, control interno y la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia”. 

Por lo pronto, Raquel Buenrostro adelantó que se pagará a todos los trabajadores del INAI una indemnización de tres meses más 20 días por año laboral, y aseguró que su secretaría “seguramente” invitará a “muchos” integrantes del INAI a incorporarse en el nuevo órgano desconcentrado, que tendrá 459 plazas, contra 759 en el hoy extinto INAI.