CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luis Jorge Gamboa, el último aliado de Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue destituido en una sesión extraordinaria por una mayoría de 11 votos. En su lugar, se designó a Juan Gabriel Vargas como nuevo titular del Poder Judicial en Morelos.

Gamboa fue clave para respaldar los intereses políticos, económicos y familiares de Cuauhtémoc Blanco. Uno de los hechos que evidenció abiertamente la relación cercana entre los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial ocurrió en mayo de 2024, cuando el TSJ exoneró a Ulises Bravo Molina, señalado por su expareja, Liu León Luna, de violencia familiar y de género. La decisión fue respaldada por el juez especializado en control, Luis Guillermo Ortega, quien emitió un auto de no vinculación a proceso penal sin sustento adecuado.

Un año antes, en agosto de 2023, Gamboa ordenó sin justificación legal la liberación de una orden de cateo en la residencia del entonces fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara.

Previamente, en julio de 2023, el entonces magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles denunció que Gamboa lo presionó para alterar su voto en un caso en curso y beneficiar a Luis Alberto Ibarra Martínez, conocido como "El Diablo". Posteriormente, Ibarra Martínez fue liberado por instrucciones directas de Ulises Bravo, según audios filtrados, lo que habría obstruido las investigaciones de la Fiscalía Estatal. Con ese caso, Blanco Bravo buscaba evidenciar irregularidades en las detenciones de la fiscalía general del estado.

La sesión extraordinaria atropellada

Al iniciar la sesión extraordinaria, el magistrado Vargas solicitó que se verificara el quórum en el pleno, de tal forma que se constató la presencia de 15 magistradas y magistrados, el quórum legal según lo establece el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal.

Acto seguido, el magistrado Vargas propuso tres modificaciones clave en el orden del día:

1. La remoción de la jueza Elvia Terán como representante de la Junta de Vigilancia y Administración, argumentando su desempeño poco armonioso y la falta de representación efectiva.

2. La remoción del magistrado Arturo Loza como representante ante la misma Junta, bajo los argumentos de incumplimiento en su deber de informar.

3. Además, solicitó el cambio de adscripción de una magistrada y un magistrado de Jojutla a Cuernavaca.

Avanzada la sesión, la magistrada María Luisa Sánchez Osorio solicitó la palabra, y previo a iniciar con su intervención, pidió que se continuara con la grabación y transmisión en vivo de la sesión debido a que, en otras ocasiones, cuando se cuestiona el proceder del presidente, se suspende el servicio. Posteriormente, denunció que el magistrado presidente Gamboa intentó condicionarle el pago de su aguinaldo a cambio de que se desistiera de un juicio de amparo contra la extensión de su cargo iniciada en mayo pasado.

"El dinero no es suyo, magistrado, es del Poder Judicial y ya está presupuestado," sostuvo la magistrada, mirándolo fijamente.
Es de recordar que Gamboa fue electo por dos años, mismos que concluyeron en mayo de 2024; sin embargo, mediante amparo logró mantenerse por dos años más, lo que lo faculta aparentemente para permanecer hasta el 2026.

La magistrada le aclaró que “no era su Poder Judicial” y recordó que varias magistradas y magistrados que se encontraban en el pleno formaban parte del TSJ antes de su llegada.
Y es que la magistrada Sánchez Osorio no fue la única que en su momento promovió amparos; sin embargo, es la única a la que le han retrasado su sentencia favorable en el pago de su aguinaldo, mientras que el resto de sus compañeros ya lo cobraron.

Admitió que, debido a que es su derecho cobrar el aguinaldo, no está dispuesta a renunciar a dicho beneficio.

Además, exigió respeto y cuestionó los comentarios misóginos de Gamboa: "Las mujeres no necesitamos ser esposas de nadie para desarrollarnos profesionalmente."

Lo que siguió fue una serie de cuestionamientos y reclamos directos a Gamboa por parte de los magistrados Francisco Hurtado, Manuel Díaz y Juan Emilio. Mientras esto ocurría, al menos dos magistrados se retiraron del pleno sin decir nada ni justificar su ausencia.

Gamboa tomó la palabra para responder a la magistrada y magistrados, a quienes acusó de defender intereses políticos. Luego se limitó a señalar que su deber era actuar con apego a la ley y, debido a que ya no se tenía quórum porque solo había 13 magistrados, dicha sesión era ilegal. Por lo que se puso de pie y se retiró.

Sin luz y con amenaza de bomba

A pesar de la salida de Gamboa, las magistradas y magistrados continuaron con la sesión. Cuando el magistrado Hurtado solicitó la palabra, sobrevinieron condiciones inusuales.

Se fue la luz, lo que suspendió el servicio de internet y la posibilidad de transmitir la sesión extraordinaria.

Eso no detuvo a las y los magistrados, quienes, con el apoyo de su personal, encendieron las linternas de sus celulares para iluminar la sala y continuar.

Hurtado retomó la palabra y expuso que, debido a las irregularidades que se estaban presentando y la desconfianza en el magistrado presidente, lo más lógico sería proceder a la destitución de Gamboa y solicitó que Manuel Díaz Carvajal, suplente del presidente, asumiera sus funciones.

Y, por extraño que parezca, la sesión se interrumpió luego de que la secretaria de acuerdo tuviera un repentino ataque de tos y se retirara de la sala.

Magistradas y magistrados acordaron dar un breve receso.

Apenas pasaron unos minutos cuando se disponían a retomar la sesión, sonó la alarma del TSJ.

Casi inmediatamente, personal de Protección Civil inició la evacuación del edificio. Pero las y los magistrados permanecieron en el pleno y, como si no sucediera nada, continuaron sesionando.

Se propuso formalmente destituir a Gamboa y nombrar como magistrado presidente a Juan Gabriel Vargas Téllez.

Se dio paso a la votación y se obtuvieron 11 votos a favor. Inmediatamente, se procedió a tomar protesta a Vargas.

Arribo de la Fiscalía Anticorrupción al TSJ

Mientras se sucedían las felicitaciones, el personal fuera del pleno se sorprendió por el ingreso de hombres con armas largas. Se trataba de elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEC) de Morelos, quienes arribaron bajo el mando de Edgar Núñez Urquiza, vicefiscal anticorrupción.

La orden era concreta: desalojar al personal del área de presidencia y administrativa que, pese a la amenaza de bomba, se negó a salir del edificio.

Algunos trabajadores solicitaron que fuera mostrada una orden judicial y se vivieron momentos de tensión, según se observa en algunos videos tomados por los propios trabajadores.

Incluso fue documentado cuando el magistrado Hurtado encargó al vicefiscal: “No puede llegar de esa forma al Tribunal, se está violentando la autonomía.”

Núñez Urquiza explicó que recibieron una denuncia por parte de Gamboa sobre un posible delito, por lo cual tendrían que asegurar el área y procedieron a colocar sellos en las puertas de las oficinas.

Condenan presencia de personas armadas

Mientras se llevaba a cabo el operativo de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Gabriel Vargas Téllez explicó que el pleno actuó conforme a la ley y que su mandato se extendería hasta mayo de 2026, a menos que una reforma constitucional altere ese plazo.

Además, destacó que, en ese momento, se desconocía el motivo por el cual la Fiscalía Anticorrupción había ingresado con personas armadas al TSJ.

“La presencia de personas armadas es grave, pero enfrentaremos la situación con apego a derecho,” apuntó.

Vargas Téllez aprovechó los micrófonos para lanzar un exhorto a sus homólogas y homólogos a la unidad y al respeto a la autonomía del poder judicial.

“El tribunal es un poder autónomo y debemos actuar con responsabilidad. El pleno ha tomado una decisión, y ahora debemos concentrarnos en garantizar la estabilidad y legitimidad de la institución,” concluyó.

FEC justifica operativo en el TSJ

El vicefiscal anticorrupción informó que el aseguramiento de oficinas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) responde a una denuncia presentada por el presidente de ese órgano, Luis Jorge Gamboa.

“No solo actuamos de manera imparcial, sino que teníamos una denuncia del presidente del tribunal, quien en ese momento tenía reconocida su personalidad jurídica,” explicó.

Precisó que su función era prevenir posibles actos de corrupción y garantizar la preservación de pruebas.

Y alertó sobre la posibilidad de que se concretara el delito de coalición de servidores públicos para despojar de oficinas y atribuciones al presidente del TSJ.

Legalidad o ilegalidad: nuevo debate en el TSJ

Horas más tarde, en conferencia de prensa y acompañado de siete magistradas y magistrados que respaldan su postura, Gamboa Olea afirmó que sigue siendo el presidente legítimo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos.

Destacó que la sesión extraordinaria en la que se votó por Vargas no alcanzó el quórum necesario, ya que solo contó con la presencia de 10 magistrados, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial establece un mínimo de 15.

“Las decisiones del Pleno deben tomarse con la mayoría de sus integrantes. En este caso, no se cumplió con los requisitos necesarios, lo que convierte este acto en nulo e ilegal,” apuntó.

Subrayó que, durante la sesión, algunos magistrados abandonaron el Pleno, dejando sin validez cualquier votación posterior.
“La sesión terminó cuando ya no había el número suficiente de magistrados para tomar una decisión,” dijo.

Gamboa Olea confirmó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por una posible coalición de servidores públicos, al considerar que el nombramiento de Vargas responde a intereses externos que ponen en riesgo al Poder Judicial.
“Lo que ocurrió hoy es una intromisión clara en la independencia del Poder Judicial,” sostuvo.

Asimismo, adelantó que algunas magistradas presentarían denuncias por violaciones a sus derechos de género, derivadas de las irregularidades en el proceso.

El magistrado también aseguró que su destitución contraviene una suspensión federal que impide su remoción.

“Ellos pueden alegar que se trata de un acto nuevo, pero el resultado es el mismo: mi destitución. Y eso ya fue suspendido por un juez federal,” señaló.

Reiteró que su remoción solo podría darse bajo una causa grave establecida en la ley y que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna justificación legal válida.

Finalmente, anunció que tomará medidas legales en relación con la elección de Juan Gabriel Vargas como su sucesor.

El otro grupo defiende la legalidad de la sesión extraordinaria

Las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ) defendieron la legalidad de la sesión en la que Luis Jorge Gamboa Olea fue removido y Juan Gabriel Vargas Téllez asumió como su sucesor.

Tras las declaraciones del magistrado Gamboa, quienes participaron en la sesión emitieron un comunicado de prensa firmado por Vargas Téllez en nombre de 11 magistradas y magistrados, aclarando que el procedimiento se realizó conforme a la ley y rechazando cualquier señalamiento de irregularidad.

La sesión extraordinaria del 19 de marzo contó con el quórum legal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Aunque al inicio de la sesión se verificó la presencia de 15 magistradas y magistrados, minutos después dos se retiraron, afectando el quórum. A pesar de la ausencia de quórum, un grupo de magistradas y magistrados continuó la sesión, incluyendo en el orden del día la remoción del presidente, lo que constituye un acto ilegal.

La remoción de Gamboa Olea se llevó a cabo por mayoría de votos, y el pleno eligió a Juan Gabriel Vargas Téllez como nuevo Magistrado Presidente, quien asumió el cargo conforme a derecho.

Respecto a los señalamientos sobre una supuesta suspensión otorgada en un juicio de amparo, el Tribunal aclaró que esta fue sobreseída mediante una sentencia dictada el 1 de febrero de 2024 por la Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos. La sentencia determinó que los actos relacionados con la remoción de la Presidencia del Tribunal no pueden ser impugnados mediante juicio de amparo, ya que forman parte del ejercicio de autogobierno del pleno.

Las magistradas y magistrados también desmintieron versiones que califican la sesión como irregular, señalando que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el pleno puede modificar el orden del día y tratar los asuntos de su competencia, como la designación del presidente. Aseguraron que la votación se realizó de manera transparente y con la participación de la mayoría de los magistrados, garantizando su validez.