CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Esta semana el Congreso de Jalisco deberá decidir si aprueba o no un dictamen de reforma que podría perfeccionar, a nivel local, la reforma judicial aprobada por Morena y aliados en el Congreso de la Unión en septiembre pasado.

De acuerdo con la reforma constitucional de Morena, los estados tienen a más tardar el próximo 18 de marzo para homologar sus leyes y tener su propia elección de jueces y magistrados.

Por ello, el pasado 25 de febrero el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó una iniciativa de reforma ciudadana, que hizo suya, con la que organizaciones de la sociedad civil buscan perfeccionar los controles establecidos en la reforma judicial federal y garantizar, al mismo tiempo, que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente del poder político.

El dictamen será discutido el próximo 14 de marzo y para su aprobación se requiere la mayoría calificada, que es de 25 votos. La bancada mayoritaria en Jalisco es la de Movimiento Ciudadano, que tiene 11 integrantes, por lo que si el partido apoya al gobernador, de todos modos deberá buscar consensos con las otras bancadas.

De acuerdo con Laurence Pantin, directora de la organización Juicio Justo y co-coordinadora del Observatorio de la Justicia del Tec de Monterrey, la iniciativa de reforma establece una misma metodología para que los tres comités de evaluación elijan los mejores perfiles para sus candidaturas enfocados en sus conocimientos técnicos, trayectoria profesional e integridad.

“Si bien se planteó la reforma federal por la necesidad de democratizar al Poder Judicial, en realidad vemos que esta reforma representa varios riesgos para el Poder Judicial, uno de ellos es que quienes van a sustituir a las personas juzgadoras a nivel federal como está planteada la reforma, son personas que no necesariamente van a contar con los conocimientos, habilidades y experiencia para impartir justicia”, comentó.

“En los procesos de preselección que han realizado los comités de evaluación ha habido mucha incertidumbre sobre quiénes son los candidatos, cuáles son sus credenciales y cómo van a impartir justicia, y ésa es una de las razones por las que se buscó fortalecer los criterios de selección de los candidatos para asegurar que tuvieran las características en términos de méritos, conocimientos y trayectoria necesarios para impartir justicia”.

Agregó que con esta iniciativa a nivel estatal se propone impulsar la creación de una sala constitucional que permita resolver juicios de protección de derechos humanos.

“Esto es un aspecto que no estaba previsto en la federal, pero que busca responder al espíritu de la reforma en el sentido de democratizar la justicia”, afirmó Pantin.

Juan Pablo Campos, gerente de proyectos en Fundación Konrad Adenauer México, explicó en entrevista con Proceso que en Jalisco los problemas del Poder Judicial se concentran en la percepción de corrupción y la falta de independencia de ciertos actores políticos, específicamente del Ejecutivo local.

“Hay una percepción importante de corrupción en el Poder Judicial y eso se refleja evidentemente en una falta de confianza de la ciudadanía y en particular de los litigantes con respecto a su funcionamiento y, por otra parte, ha habido, sobre todo, respecto a algunos gobiernos en particular, una percepción sustentada en hechos y en investigaciones de la falta de independencia en este poder y la dependencia que tenía a su vez de ciertos actores políticos y, en particular, del gobernador anterior”, comentó.

Por ello indicó que la iniciativa de reforma ciudadana intenta garantizar la independencia de los juzgadores estatales que serán electos mediante voto popular y atender otras preocupaciones que las organizaciones de la sociedad civil manifestaron con relación a la reforma federal y su implementación a nivel local.

Para atender el problema de corrupción dentro del Poder Judicial de Jalisco, la iniciativa adopta la figura del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) establecida en la reforma federal, pero acota las causales para que un juzgador pueda someter a un procedimiento ante esta instancia.

“El Tribunal de Disciplina Judicial en ningún supuesto podrá perseguir a los jueces o abrir carpetas de investigación por el sentido de sus sentencias. Esto es, no puede hacer juicios sobre los actos jurisdiccionales de las personas juzgadoras. Y además se establecen causales específicas haciendo referencia, de manera general, a las faltas administrativas contempladas en la Ley General de Responsabilidad Administrativa y las faltas administrativas que puedan contemplarse una vez que se apruebe la Ley Orgánica del Poder Judicial”, señaló Campos.

“Hicimos un TDJ que se apegue a los principios del debido proceso mediante la definición de dos instancias claramente separadas y la distinción muy precisa entre una autoridad investigadora, una autoridad sustanciadora y una autoridad resolutora. Ésta es la mejor versión posible de ese Tribunal de Disciplina Judicial que aunque siempre dijimos era una institución necesaria, tenía muchos riesgos a nivel federal”.

La reforma federal establece que la primera instancia del TDJ estará conformada por tres magistrados y la segunda instancia es el Pleno del Tribunal, es decir, los cinco integrantes entre los que la mayoría son los que emitieron la resolución impugnada.

En el caso Jalisco, la iniciativa prevé que en la primera instancia sólo un magistrado resuelva el caso y la segunda instancia sea una comisión de tres magistrados del Pleno distintos a quien resolvió de origen.

“Esto, en el entendido de que los asuntos deberán turnarse de manera aleatoria con un sistema que sea ajeno a cualquier tipo de influencias por parte de políticos o de los propios magistrados para que no sea alguien específico quien conozca, sino que sea un magistrado que aún no ha conocido del asunto”, agregó Campos.

Adelantó que si el Congreso de Jalisco aprueba la iniciativa de reforma, el siguiente paso es fortalecer la Ley Orgánica del PJ y la de Procedimientos Electorales para perfeccionar los mecanismos de fiscalización y evitar que el crimen organizado intente financiar candidatos específicos.

Para evitar malas prácticas en las campañas, la iniciativa prevé que los candidatos no tengan un periodo de precampaña y algunas prohibiciones como la de pronunciarse a favor o en contra de otros aspirantes a otros cargos de elección popular fuera del Poder Judicial, pues en Jalisco la elección será en 2027 y coincidirá con la federal.

Los filtros

Patricio Varela, de la Barra Mexicana de Abogados capítulo Jalisco, detalló la metodología única que prevén que se establezca para que los comités de evaluación puedan elegir los perfiles que obtendrán una candidatura.

“Empieza con una convocatoria pública abierta para que todas las personas que reúnan los requisitos de elegibilidad se puedan inscribir, después viene un curso previo de certificación de conocimientos impartido por la Escuela de Formación Judicial estatal con participación de las universidades públicas y privadas de reconocido prestigio, digamos como para certificar los conocimientos básicos de las y los aspirantes”, explicó.

Quienes aprueben el curso podrán pasar a la siguiente etapa en la que se realizará un examen teórico-práctico de conocimientos jurídicos, que se calificará por reactivos mediante un sistema electrónico en el que la calificación mínima aprobatoria será de 8.

Posteriormente se realizará otro examen práctico legal en el que se formulará un caso y la simulación del dictado de una sentencia cuyo resultado sólo podrá ser aprobatorio o reprobatorio.

“Esto, para entender cómo en un caso concreto los aspirantes interpretan y aplican el derecho y cómo argumentan”, precisó.

Si lo aprueban pasan a la siguiente etapa que ahí sí sería la evaluación curricular de antecedentes profesionales y de integridad y buena fama pública en el que sugerimos que se cuenten con criterios objetivos y parámetros de evaluación que permitan conocer por qué un aspirante u otro obtiene cierta calificación y compararlas entre unas y otras.

Los mejor evaluados participarán en entrevistas públicas en las que las preguntas serán relacionadas con derechos humanos, independencia, imparcialidad judicial, la filosofía judicial, y en las que la sociedad podrá participar.

También se prevé la realización de evaluaciones psicológicas y psicométricas a los aspirantes.

“Buscamos que haya máxima publicidad en todo el procedimiento, o sea, todos los resultados de las evaluaciones que sean públicos, incluso en el examen práctico y en el teórico que pueda haber observadores de las universidades para evitar cualquier irregularidad o trampa”, refirió.