CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la vinculación a proceso de los jóvenes que abandonaron un bebé en Tultitlán, Estado de México, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) aconseja a las autoridades aplicar las perspectivas de género y derechos de niñas, niños y adolescentes, además, señala que el gobierno cuenta con una responsabilidad en el caso que no está reconociendo.  

En entrevista con Proceso, el integrante del Consejo Directivo de REDIM, Rafael Castelán, considera que en la aplicación de la justicia existe un paradigma punitivo, que busca sancionar en lugar de atender la necesidad de “pensar en contextos más amplios” e identificar las causas de la problemática.  

Este jueves, 20 de febrero, un juez de control vinculó a proceso a Lucio “N”, de 18 años, y Diana Jaciel “N”, de 21, por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de un recién nacido, que ellos mismos procrearon. La autoridad judicial también impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra los mencionados.  

El caso se viralizó porque el 12 de febrero usuarios de redes sociales compartieron un video en el que el joven es captado abandonando al bebé dentro de una bolsa de plástico sobre la vía pública, en Tultitlán, donde los vecinos se percataron de los hechos y solicitaron atención para el recién nacido que se encuentra estable en el Hospital Regional de Alta Especializada “Bicentenario de la Independencia” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Según familiares de Lucio “N”, la muchacha estaba embarazada y tomó pastillas para inducirse un aborto con gestación fetal avanzada. Además, se filtraron supuestas conversaciones entre la pareja, en las cuales Diana Jaciel “N” pide ayuda mientras tiene el aborto y se muestra desconcertada por el desarrollo del neonato.  

De acuerdo con Rafael Castelán, es importante identificar las causas que llevaron a estos individuos a abandonar un recién nacido: “Eso nos coloca en el tema de qué estamos haciendo en México para apoyar el sano desarrollo de las y los adolescentes que son una población que está invisibilizada”.  

Debido a que ambos implicados en el delito son adultos ante la ley, comparte una reflexión sobre la mayoría de edad: “He conocido adolescentes que días después de cumplir los 18 años son sentenciados hasta 11 años de prisión por robo, pero he conocido en otros lados adolescentes que se vinculan en feminicidio. Aquí puede que haya una contradicción, pero al final el análisis de contexto puede facilitar la justicia restaurativa. Cada caso se tiene que analizar”.  

El representante de REDIM se refiere al impacto que puede tener la mediatización del caso en la vida de los involucrados, ya que podría generar procesos de revictimización y hacinamiento social. Incluso, el linchamiento puede limitar el desarrollo de los jóvenes implicados: “Van a recibir una pena como personas adultas, van a ser privadas de libertad y cuando regresen a la sociedad y quieran buscar un trabajo seguramente van a estar estigmatizados”.  

Tras mencionar lo anterior, plantea la posibilidad de que el Estado reconozca en qué falló para facilitar a estas personas un aborto seguro y gratuito, en los tiempos estipulados por la ley.  

La responsabilidad del Estado  

“¿Cómo vamos a garantizar la seguridad de adolescentes que no se enfrenten a violencia y accedan a información clara, si los cuidadores viven cotidianamente también muchas violencias y estrés laboral?”, pregunta Castelán.  

Para él, en muchos sentidos la narrativa para salvaguardar los derechos de los jóvenes se queda en el discurso y no en la práctica: “Los programas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes no están funcionando o están apenas construyéndose”.  

Entonces, ejemplifica con la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (ENAPEA): “Pues se actualizó apenas en 2022, tuvimos pandemia, en 2023 apenas se recuperan, pero no ha logrado consolidarse y el presupuesto no es suficiente para llegar a todos los espacios”.  

Rafael Castelán asegura que la mayoría de los adolescentes no acceden de manera oportuna a metodologías, capacitaciones y materiales para la prevención del embarazo: “Claramente, el artículo 1 constitucional nos dice que el Estado tiene la obligación de promover, proteger, garantizar y restituir los derechos humanos de todas las personas; entonces, los derechos sexuales y reproductivos, son también derechos humanos y tienen la obligación de promoverlos”.  

El activista celebra que las fiscalías y procuradurías impulsen las unidades de análisis y contexto, donde se promueve la revisión específica de las carpetas de investigación, para revisar situaciones y fenómenos criminales: “Esto puede ayudar a mirar de manera distinta los casos y no solo aplicar la ley a rajatabla, y que entonces tengamos otros jóvenes o adultos con otro tipo de historias”.