Migración
Las deportaciones de Trump sólo benefician al crimen organizado: Padre Goyo
El religioso afirma que el gobierno de México no sólo debe apoyar al migrante con dinero, también debe garantizarle seguridad en sus estados; expertos creen que la situación se normalizará, pues EU necesita de los mexicanos.MORELIA, Mich. (Proceso).- Frente a la política antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el previsible aumento de deportaciones o retornos voluntarios de migrantes, el gobierno mexicano “tiene el reto de, además del apoyo socioeconómico, garantizarles la seguridad integral en sus estados, porque nadie va a venir a un infierno”, afirma el sacerdote Gregorio López Gerónimo.
Conocido como el Padre Goyo, el religioso subraya en entrevista que en los últimos años muchas personas sufrieron en México desplazamiento forzado de sus lugares de origen a causa de la violencia del crimen organizado y la única opción que tuvieron para proteger sus vidas fue irse a Estados Unidos, por lo que estarían en grave peligro si ahora regresan a sus comunidades, donde la situación en muchos de los casos no ha cambiado.
“Es importante que así como el gobierno está blindando la frontera norte también lo haga en los estados, pues no podemos descobijar acá para cobijar allá”, expresa.
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Fundador de El Buen Samaritano, organización que en los últimos diez años ha brindado apoyo a personas desplazadas por la violencia en México, López Gerónimo advierte que el acuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump para el envío de diez mil agentes de la Guardia Nacional a la frontera norte representa un riesgo para los migrantes que permanecen ahí en espera de una oportunidad de ingreso a EU, quienes quedarán expuestos a sufrir un incremento en los casos de violación a sus derechos humanos.
En ocasiones, añade el sacerdote, mientras esperan en la frontera los migrantes “son presa de todo tipo de vejaciones; lo más triste es que muchas veces la misma Guardia Nacional ha revictimizado a esas víctimas”, que también padecen el acoso de la delincuencia organizada y “sufren violaciones, hay drogas, narcotráfico, trata de blancas, secuestros”.
Gregorio López manifiesta que la política de Trump agravó la situación en el lado mexicano de la frontera, donde se ha generado “un caos humano” porque los migrantes siguen llegando a los refugios, que se encuentran saturados, y en los principales puntos de cruce hay personas provenientes de diversas regiones de México y de otros países, “muchas de ellas hacinadas en barracas”.
No obstante, vaticina que “aunque haya diez mil elementos de la Guardia Nacional de este lado y 20 mil agentes de Migración del otro lado, siempre va a haber flujo migratorio”.
Describe: “Ahorita tenemos los desplazados que van de aquí para allá y los deportados que vienen para acá; la situación se ha tornado más conflictiva. El que va de aquí tiene miedo, está temeroso y triste porque dejó a su familia o le mataron algún hermano, pero el que viene está frustrado, enojado, decepcionado; es una lucha tremenda. Muchos andan con frío, con hambre, sin agua ni siquiera para bañarse”.
77% de los que emigraron se fueron a EU
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población mexicana que emigró a otro país en el periodo de 2015 a 2020 ascendió a 802 mil 807 personas, de las que 77% tuvo como destino Estados Unidos.
Entre las entidades con mayor expulsión de población hacia el exterior de México se encuentran Guanajuato, con 7.8%; Jalisco, con 7.5%; Michoacán, con 6.3%, así como Estado de México y Ciudad de México, con 5.4% cada una.
Aunque las principales causas por las que migraron internacionalmente los mexicanos entre 2015 y 2020 fueron reunirse con la familia y buscar trabajo, destaca en los datos del INEGI el hecho de que en ese periodo más de 32 mil personas (4%) salieron de sus lugares de origen a causa de la inseguridad delictiva y la violencia.
Todavía no se conocen las cifras del organismo posteriores a 2020, pero informes de organizaciones civiles estiman que el desplazamiento forzado de personas ha sido un fenómeno creciente en México, por lo que el Padre Goyo califica como un error que a la llegada de Trump el gobierno de Estados Unidos haya cancelado el programa CBP One, mediante el cual se realizaban los trámites para solicitar el ingreso por razones humanitarias a ese país.
El sacerdote advierte que rechazar la migración “de una manera fascista, cerrando las fronteras con un bloque de policías”, obligará a los migrantes a buscar una alternativa, porque “cerrar de tajo el programa de asilo es un gran error que pone en riesgo la integridad y la dignidad de las personas, que están en peligro inminentemente en su tierra, pues no la dejan por gusto, sino por una emergencia humanitaria”.
López Gerónimo estima que “las políticas equivocadas de los republicanos en materia de migración hacen el caldo gordo a la delincuencia organizada, pues los cárteles necesitan a los mal llamados ‘mulas’ y utilizan a los migrantes para que carguen la droga y la introduzcan a territorio norteamericano por el desierto o por los cerros”.
La situación se normalizará
En tanto, José Sandoval López, defensor de los derechos de migrantes en San José, California, comenta que en suelo estadunidense “hasta ahorita en realidad han sido más el pánico y el miedo que el número de deportaciones; a cada rato surgen rumores y falsas alarmas de que ‘ahí viene la migra’, entonces la gente se asusta y empieza a correr, avisa a otras personas que no vayan a tal lugar y somos nosotros mismos quienes hacemos crecer la psicosis”.
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En entrevista telefónica, el activista originario de Tepalcatepec, Michoacán, refiere que el temor y la incertidumbre provocaron que muchas familias hayan dejado de llevar a sus hijos a la escuela, mientras que algunos trabajadores buscan cambiar de empleo, hay poca asistencia a fiestas y los centros comerciales lucen semivacíos.
Bajo este panorama, indica que se enteró recientemente de casos de migrantes que han preferido retornar de manera voluntaria a México para no esperar a que los deporten, pero considera que con el paso del tiempo la situación se normalizará y “al rato los jóvenes van a andar otra vez en las calles, quemando llanta”.
A juicio de José Sandoval, quien radica desde 1993 en Estados Unidos, donde fundó la organización Voluntarios por la Comunidad, lo que se vive actualmente en ese país contra los inmigrantes es “una ola” como las que se han presentado de manera recurrente en algunas otras épocas de cambio de gobierno, aunque reconoce que la beligerancia del discurso de Trump ha fortalecido las manifestaciones de discriminación y racismo en algunas regiones.
Sandoval no cree que el gobierno de Trump tenga la intención de expulsar a todos los migrantes porque, por una parte, “nos necesitan, pues nosotros hacemos los trabajos que no quieren realizar los ciudadanos de aquí”, pero también “nos hemos dado cuenta de que no tienen el personal suficiente para deportar a toda la gente; hay una lista de más de seis millones en espera de ser deportados; conozco personas que tienen diez años en la lista, les notifican y cada quien sabe en qué fecha debe presentarse, pero en lugar de ir se cambian de domicilio”.
Menciona que una parte del trabajo que realiza la agrupación que encabeza es promover entre los migrantes el conocimiento de sus derechos para que sepan cuáles son las atribuciones y los límites de las autoridades, así como las garantías que tienen ellos como personas, con el propósito de evitar atropellos.
Relación de beneficio mutuo
La doctora Ana Bertha Uribe Alvarado, investigadora de la Universidad de Colima, recuerda que en su primer periodo de gobierno Trump profirió también muchas amenazas contra México y la población migrante, pero varias no las cumplió, entre ellas el número de deportaciones y la construcción del muro fronterizo.
Sostiene: “Sabemos que Estados Unidos no va a deportar a todos porque son parte de su economía, hay una relación de beneficio mutuo; Trump quiere quedar bien con su base y la gente piensa que deportando una parte está bien”.
Autora de diversos estudios sobre migración, la académica considera que además de atender a quienes retornen al país, se requiere que las instituciones mexicanas estén al pendiente de lo que va a pasar en EU con los ciudadanos de origen mexicano, que “no nada más por tener documentos están entre comillas a salvo; son vulnerables por el color de la piel y porque hay varios gobernadores republicanos que abrazan la ideología de Trump, que no sólo es conservadora, sino que promueve el miedo y es muy clasista”. Uribe Alvarado plantea la necesidad de dar seguimiento a “situaciones que se van a incrementar, como los crímenes de odio, el racismo y todas esas políticas antifeministas y antigay; es como una regresión bastante peligrosa para los propios ciudadanos y para muchos mexicanos que están allá”.
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En relación con los migrantes que retornarán, el sacerdote Gregorio López comenta que recientemente se reunió con el titular de la Secretaría del Migrante de Michoacán, Antonio Soto Sánchez, a quien le planteó que además del monto de 2 mil pesos que se entregará como apoyo a cada paisano que regrese, se requiere crear bolsas de trabajo, así como capacitarlos y certificarlos en diversos oficios, incluyendo respaldo para el emprendimiento de un negocio.
—¿Cree usted que tiene capacidad el gobierno para asumir los retos que vendrían con las deportaciones de migrantes? —se le pregunta al Padre Goyo.
—Sí la tiene, pero es cuestión de focalizar los recursos, porque revisando los fondos que tiene la Secretaría del Migrante es una miseria, si acaso para pagar su renta; les propuse ir a Bienestar para pedir la canalización de recursos y a otras secretarías con el fin de establecer una alianza interinstitucional; se trata de mover todo el bagaje del Estado con los fondos que ya tienen las diferentes dependencias para atender la crisis humanitaria que se viene.
El viernes 7, el Instituto Nacional de Migración informó que en las dos primeras semanas del mandato de Donald Trump fueron deportados 8 mil 119 mexicanos desde territorio estadunidense y más de 2 mil 500 ciudadanos de otras nacionalidades.