CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), las cuales incluyen el bloqueo de cuentas y bienes. El objetivo de las medidas es frenar el huachicol en la frontera entre México y Estados Unidos y que se ve impulsado por la vocación energética del estado de Guanajuato y la participación de gente de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Por medio de un comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que la gran mayoría de los ingresos de este grupo, ya clasificado como terrorista por Estados Unidos, proviene de actividades ilícitas vinculadas al robo de combustible y petróleo en Guanajuato. 

“Las actividades del CSRL también contribuyen a habilitar un mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos y privan al gobierno mexicano de ingresos críticos. De manera simultánea, OFAC sancionó a José Antonio Yépez Ortiz, líder del CSRL”, señaló la autoridad de ese país. 

El Departamento del Tesoro insistió en que el conflicto violento entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato ha convertido a la entidad en uno de los estados más letales de México, al detonar una escalada sostenida de violencia. 

Así opera este mercado negro en donde participa gente de Pemex

Para el gobierno del presidente Donald Trump, el robo de combustible, incluido el contrabando de petróleo crudo, “conocido coloquialmente en México como huachicol”, es actualmente la fuente de ingresos no vinculada a las drogas más importante para los cárteles mexicanos. 

“Los ladrones en México, conocidos como huachicoleros, utilizan diversos métodos para robar combustible y petróleo crudo de la empresa energética del Estado, Pemex, principalmente mediante el soborno a empleados corruptos de Pemex. Otros métodos incluyen la perforación ilegal de tomas en los ductos, el robo en refinerías, el secuestro de camiones cisterna y las amenazas directas a trabajadores de Pemex”, sostiene un análisis del Departamento del Tesoro. 

De acuerdo con el documento, el el combustible robado se comercializa en el mercado negro en distintas regiones de México, Estados Unidos y Centroamérica, lo que permite a también el lavado de dinero. 

En el caso del petróleo crudo, este es introducido de contrabando a Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos coludidos y, con frecuencia, es etiquetado falsamente como “aceite de desecho” u otros materiales peligrosos, con el objetivo de evadir la supervisión, así como impuestos y regulaciones. 

Posteriormente, el crudo robado es entregado a importadores estadounidenses coludidos de la industria del petróleo y el gas natural, que operan cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos.  

Estos actores lo venden con descuentos significativos en los mercados energéticos estadounidense y global, antes de repatriar “las cuantiosas ganancias ilícitas” de regreso a los cárteles en México. 

“A través de estos esquemas, los cárteles mexicanos roban miles de millones de dólares a Pemex, alimentan niveles elevados de violencia y corrupción en todo México y afectan la competitividad de las empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos”, señaló la autoridad estadounidense. 

En años recientes, conforme los cárteles mexicanos han incrementado su participación en actividades vinculadas al robo de combustible, el gobierno de México ha reportado pérdidas de ingresos por miles de millones de dólares como consecuencia del huachicol.