CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Aarón “El Negro” o “El 80”, líder de una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima, a quien se señala como responsable de la desaparición forzada de dos elementos de las Fuerzas Armadas, un hombre y una mujer, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida.  

"El 80" fue presentado en audiencia judicial, donde el juez pidió a las autoridades otorgar medidas de protección para una de las testigos contra el inculpado debido a que su defensa averiguó su identidad y la contactó indebidamente, por lo que fue puesta en una situación de riesgo. 

Natalia Pelcastres, elemento de la Guardia Nacional, y Julián Torres, capitán de la Sedena, ambos adscritos a la XVI Zona Militar en Irapuato, fueron reportados como desaparecidos en febrero pasado; a ella se le vio por última vez en Salamanca, mientras que de él se perdió el rastro en la carretera de Uriangato a Valle de Santiago, al sur del estado. 

El 7 de marzo fueron hallados restos humanos en el Cerro del Coyontle, en Yuriria, los cuales posteriormente se corroboró que pertenecían a los militares desaparecidos. 

Según los datos de la causa penal 131/2025, ambos fueron presuntamente privados de su libertad por al menos cuatro criminales al mando de “El 80”, cuando éstos los identificaron como militares mientras se encontraban en una zona de restaurantes en La Angostura, cerca de la laguna de Yuriria, al sur de Guanajuato. 

Ambos habrían sido amenazados y obligados a subir a una camioneta CR-V gris. 

El 21 de febrero, “El 80” fue capturado en Loma de Zempoala. Tenía entre sus cosas un teléfono celular propiedad del capitán del Ejército asesinado. 

El teléfono había sido usado para intercambiar mensajes. 

Durante la audiencia de vinculación efectuada en una sala del Poder Judicial Federal en Guanajuato, el juez del caso declaró que la defensa de “El 80” incurrió en un desacato y un acto desleal al investigar la identidad y contactar a la familia de uno de los testigos, en un presunto acto de coacción.  

Por ello, el juzgado pidió asignar asesoría legal para el testigo y brindarle protección ante el riesgo que corría por su testimonio.  

Y determinó que se presentaron datos de prueba suficientes para vincular al líder criminal, mismo que fue internado en el Cefereso de Ocampo en prisión preventiva mientras sigue el proceso.