XALAPA, Ver. (apro).– Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó y responsabilizó al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de la indígena veracruzana Ernestina Ascencio Rosario, su hija Martha Inés Ascencio afirmó que, después de casi 19 años de espera, el fallo representa un avance, aunque advirtió que aún falta que el gobierno cumpla plenamente con lo ordenado.

“Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”, expresó.

Este martes, la Corte IDH declaró responsable internacionalmente al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, ocurrida en 2007 en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, a manos de elementos del Ejército Mexicano.

Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años de edad, fue localizada gravemente herida el 27 de febrero de 2007, luego de sufrir una agresión sexual y física perpetrada por militares que operaban en un campamento cercano a su comunidad.

En aquel momento, autoridades federales y estatales, durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán en Veracruz y Felipe Calderón Hinojosa a nivel federal, sostuvieron públicamente que la causa de la muerte había sido una “gastritis”, versión que fue ampliamente cuestionada por la familia, organizaciones de derechos humanos y especialistas.

Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), una de las organizaciones que acompañaron el caso, la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de Ernestina Ascencio Rosario.

“La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto tribunal de justicia de la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina: ‘Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh’ —Los hombres de verde se me echaron encima—”, señaló la activista.

Las organizaciones que impulsaron el caso señalaron que la decisión de la Corte IDH tiene un carácter histórico, al reconocer que las violaciones cometidas fueron consecuencia de violencia institucional, discriminación estructural y la negación del derecho a la verdad, factores que derivaron en la impunidad de los responsables.

Lo que sigue 

La sentencia de la Corte Interamericana obliga al Estado mexicano a reabrir la investigación y establece que aún es posible identificar a los responsables, explicó Carmen Herrera, asociada de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH).

Uno de los puntos centrales del fallo es la obligación de investigar nuevamente los hechos, al considerar que las indagatorias previas fueron incompletas y archivadas de manera deliberada. “El informe pericial presentado ante la Corte determinó que todavía es posible identificar a los responsables”, afirmó.

Herrera recordó que existía material probatorio relevante, incluidas muestras biológicas, que no fueron debidamente analizadas. “Ese acervo probatorio fue desechado por decisiones políticas de las más altas autoridades del país”, señaló, en referencia al cierre del caso durante el sexenio de Felipe Calderón.

La representante legal consideró indispensable que la reapertura del caso sea asumida por la Fiscalía General de la República (FGR) y no por autoridades estatales, para garantizar independencia y exhaustividad en la investigación.

Añadió que la sentencia también reconoce las afectaciones causadas a la familia de Ernestina Ascencio, a la que se le impidió impugnar el archivo del caso, situación que la Corte calificó como una forma de trato cruel y violación a la integridad personal.

Herrera informó que las organizaciones acompañantes solicitaron formalmente al Estado mexicano una hoja de ruta para el cumplimiento inmediato de la sentencia. “No hay razón para retrasar un año las acciones ordenadas por la Corte”, sostuvo, al insistir en que el fallo debe traducirse en sanciones, reparación integral y cambios estructurales.

El caso fue impulsado por Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

En el video: Elizabeth Guevara Mitzi, de la organización Kalli Luz Marina A.C