CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El delito de aborto -particularmente la modalidad de aborto forzado- está asociado a múltiples formas de violencia contra las mujeres, mientras la mayoría de las personas procesadas y sentenciadas por este delito en México son hombres, de acuerdo con la plataforma Una Vida, Una Infancia, Una Protección (UNNA).  

En su reporte titulado “Aborto: La realidad no contada”, la plataforma -especializada en la protección a la mujer embarazada- indicó que durante 2024 se abrieron al menos 841 carpetas de investigación por el delito de aborto forzado, mientras que, en lo que va de 2025, se han iniciado 370 investigaciones adicionales.  

Los datos, recabados de fiscalías estatales y de otras instancias locales, revelaron que actualmente hay 71 hombres privados de la libertad por este delito, frente a siete mujeres, quienes no fueron procesadas por abortos autoprocurados, sino por haber participado en la comisión de otros delitos vinculados, incluido el aborto forzado. 

Paulina Hernández Torruco, especialista en Derecho y vocera de UNNA, explicó que estas cifras revelan que la penalización no se aplica mayoritariamente contra mujeres que interrumpen su embarazo, sino contra terceros -principalmente hombres- que ejercen violencia, presión o coerción para evitar la gestación. 

En ese sentido, Hernández Torruco indicó que la figura penal del delito de aborto funciona como un mecanismo de protección para mujeres embarazadas y para la vida, al permitir el castigo de la violencia estructural.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal en septiembre de 2023, argumentando que esta criminalización obstaculiza el derecho de las mujeres a decidir. Desde entonces, los congresos estatales han respondido de distintas maneras.  

Algunas entidades acataron el fallo y reformaron sus códigos penales, mientras otras mantienen castigos de hasta 10 años en prisión por la comisión del delito. 

El reporte de UNNA identificó que en los casos de aborto forzado confluyen diversas formas de violencia estructural, entre ellas abuso sexual infantil; violencia física, psicológica y económica; amenazas; chantaje; trata de personas y, en casos extremos, feminicidio. 

Sin embargo, activistas advierten que utilizar estos casos extremos para justificar la penalización general del aborto distorsiona el debate, pues la despenalización busca precisamente proteger a las mujeres de prácticas inseguras y de contextos de violencia, no promoverlas. 

Un ejemplo citado por Hernández Torruco ocurrió en Guanajuato, donde un adulto abusó sexualmente de una menor de edad y, al enterarse del embarazo avanzado, la obligó mediante violencia física y emocional a consumir pastillas abortivas. Tras la denuncia de la madre de la víctima, el agresor fue procesado y sentenciado a 10 años y ocho meses de prisión. 

Para algunas organizaciones feministas, este tipo de casos ilustra no la necesidad de penalizar el aborto, sino el fracaso del Estado para garantizar educación sexual, acceso a anticonceptivos y protección efectiva contra la violencia sexual. 

Cabe mencionar que Guanajuato fue uno de los estados que votó en contra de despenalizar el aborto, decisión que contradice lo establecido por la SCJN.  

Pese al fallo federal, la situación de aborto en México varía significativamente entre entidades. En lo que va de 2025, está despenalizado y legalizado en 24 estados, mientras que en el resto sigue siendo criminalizado, y permitido únicamente por causas como violación, problemas de salud (ya sea de la madre o feto), entre otros.  

En el caso de Aguascalientes, el Congreso sí acotó el criterio constitucional, pero posteriormente aprobó una reforma que restringe el procedimiento voluntario a un plazo máximo de seis semanas de gestación, periodo menor a los estándares internacionales de derechos humanos en el tema.  

De acuerdo con el informe de UNNA, Durango y Tlaxcala son las únicas entidades federativas donde no se han registrado denuncias por aborto forzado. La plataforma atribuye este hecho a factores socioculturales, porque “son zonas donde todavía hay una valoración más integral de la vida”. 

Hernández Torruco expresó que la mayoría de las mujeres “que acaban con la vida de su hija o hijo por nacer, son víctimas de aborto forzado mediante prácticas violentas”. 

Por ello, considera que eliminar este delito de los códigos penales estatales podría generar un escenario de impunidad frente a conductas violentas contra mujeres embarazadas, al limitar las herramientas jurídicas para sancionar la coacción y otros delitos asociados.  

Pese al posicionamiento de UNNA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), coinciden en que eliminar el delito de aborto no implica impunidad, sino un cambio de enfoque hacia la salud pública, lo que permite perseguir la violencia real contra las mujeres sin criminalizar sus decisiones reproductivas.   

La evidencia internacional muestra que la despenalización reduce muertes maternas, abortos inseguros y desigualdades sociales. 

Además, es importante considerar el impacto de las leyes punitivas sobre la vida, la salud y la libertad de millones de mujeres y personas gestantes en México en el debate, ya que la criminalización deriva en miedo, persecución, la estigmatización y la negación de servicios de salud que sufren víctimas en entidades donde el aborto continúa penalizado.