CIUDAD DE MÉXICO  (apro).- Un grupo de extrabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá recurrir a los tribunales laborales para resolver su demanda de indemnización adicional, luego de que la mediación administrativa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se declarara inviable, según informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). 

Esta decisión surge en el contexto de la controvertida extinción del IFT, un órgano autónomo que fue disuelto a finales de septiembre de 2025 como parte de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno federal para centralizar las funciones regulatorias en telecomunicaciones, lo que generó despidos masivos y una ola de incertidumbre laboral entre cientos de empleados.  

La extinción del IFT, aprobada en medio de críticas por presiones políticas y dudas sobre la independencia regulatoria, dejó en el limbo a numerosos trabajadores, particularmente aquellos de "libre designación" —personal de confianza como subdirectores y directores— que no contaban con la protección de basificación en el servicio civil. 

 Inicialmente, 133 extrabajadores iniciaron en octubre una exigencia colectiva por una liquidación adicional al finiquito ya otorgado, argumentando que el proceso de disolución del instituto no compensó adecuadamente sus años de servicio. Sin embargo, el grupo se redujo a 89 integrantes después de que varios decidieran desistir, posiblemente ante la prolongación del conflicto y la falta de avances.  

La CRT, entidad que asumió las funciones del IFT tras su desaparición, mantuvo un diálogo permanente con los afectados para mediar ante la SHCP, buscando una resolución administrativa. No obstante, la mediación colapsó cuando los extrabajadores optaron por firmar su baja voluntaria ante el extinto organismo, con el fin de acceder a su seguro de separación individualizado. 

Esta acción, según la CRT, invalidó cualquier continuación por esa vía, obligando a los demandantes a dirigirse a las autoridades laborales federales para litigar el caso en tribunales.  

 La CRT enfatizó que continuará informando con transparencia y actuando en estricto apego a la normatividad vigente, aunque no detalló plazos o posibles implicaciones para el sector telecomunicaciones.