CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que tres personas detenidas el pasado 15 de noviembre, durante la marcha de la llamada Generación Z, fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).  

En un comunicado, el organismo encabezado por Bertha Alcalde señaló que, además de las tres imputaciones por tentativa de homicidio, otras cinco personas quedaron en prisión preventiva justificada por delitos de resistencia de particulares, lesiones dolosas o lesiones dolosas con robo, mientras que 10 enfrentarán su proceso en libertad por imputaciones de resistencia de particulares, lesiones dolosas o tentativa de homicidio. Cinco detenidos adicionales se encuentran en duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre. 

Las resoluciones se dieron mientras representantes legales de los detenidos y familiares cuestionaron la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía capitalina, al señalar que, en varios de los casos, las imputaciones por tentativa de homicidio se sostienen únicamente en testimonios policiales, además de inconsistencias en las detenciones y la presunta comisión de abuso de autoridad por parte de los uniformados.  

La FGJCDMX recordó que la SSC presentó ante el Ministerio Público a 29 personas detenidas en flagrancia durante la protesta del 15 de noviembre. Además, se iniciaron 17 carpetas de investigación sin detenido: ocho por lesiones dolosas, seis por robo y tres por daños.  

Según la versión institucional, los hechos dejaron 84 policías y cuatro civiles lesionados, aunque tras las protestas el jefe de la policía, Pablo Vázquez, dijo que fueron 20 los ciudadanos que resultaron con heridas. 

La Fiscalía afirmó que garantizó protocolos de derechos humanos en todas las detenciones —valoraciones médicas, acceso a familiares y defensa legal— y que, tras revisar las carpetas, determinó que 19 personas incurrieron en conductas penales, mientras que 10 casos fueron canalizados a Justicia Cívica por tratarse de lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.  

La institución indicó que seis imputaciones inicialmente clasificadas como tentativa de homicidio fueron reclasificadas a delitos menores. 

Entre las 19 personas investigadas por delitos, 18 son adultas y una es adolescente, quien fue entregado a sus familiares por decisión de la Fiscalía especializada. La autoridad añadió que dos de los adultos tienen investigaciones previas y que uno ha sido identificado como líder de un presunto grupo de choque. 

Audiencias: prisión preventiva y medidas cautelares 

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, en cuatro audiencias iniciales se formularon imputaciones por tentativa de homicidio, resistencia de particulares, lesiones dolosas y lesiones con robo. El juez vinculó a proceso a 13 personas y reservó la definición de cinco más por duplicidad de término. 

Para ocho personas —entre ellas Fernando “N”, Francisco “N”, Eduardo Josafat “N”, Alberto “N” y Arturo Quetzal “N”— se dictó prisión preventiva justificada. 
Diez imputados continuarán su proceso en libertad con medidas cautelares como firma periódica y prohibición de acercarse a las víctimas. En este grupo se encuentra Gabriel “N”, acusado también de tentativa de homicidio, quien se identificó como empleado de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno capitalino.  

Gabriel “N” declaró ante el Ministerio Público que había acudido a tomar fotografías y que fue conducido por policías a un área donde posteriormente fue retenido. También afirmó haber sido golpeado y torturado. 

Pruebas señaladas por la Fiscalía 

La FGJCDMX afirmó que cuenta con señalamientos directos de policías que identifican a quienes los agredieron, informes elaborados por elementos de la SSC y de la Policía Auxiliar, dictámenes médicos que describen la naturaleza de las lesiones y peritajes que concluyen que fueron causadas por golpes. También sostuvo que posee videograbaciones en las que se observa a imputados participando en agresiones y usando objetos como piedras o palos. 

En contraste, defensas y familiares afirmaron que, en varios de los casos, las imputaciones se sostienen exclusivamente en testimonios de policías. En la carpeta abierta en la Fiscalía de Cuauhtémoc-2, los agentes narraron amenazas de muerte y agresiones ocurridas alrededor de las 15:05 horas, cuando se derribó una barrera metálica en Palacio Nacional, momento que fue señalado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el jefe de la policía, Pablo Vázquez, como el detonante de los enfrentamientos que se registraron durante la marcha.  

Los agentes aseguraron que varios participantes comenzaron a golpear al policía Miguel Ángel Diéguez Contreras y que escucharon frases como “te vamos a matar, puto policía de mierda, le sirves a la izquierda, pinche ojete vendido, vas a morir esbirro del Gobierno, y vas a morir por culpa de Claudia (Sheinbaum)”.  

Señalamientos sobre atención médica y registro de detenciones 

Durante la audiencia celebrada en el Reclusorio Norte, defensas y familiares denunciaron que algunas personas detenidas presentaban síntomas como vómito con sangre, visión nublada y debilidad, sin recibir atención médica oportuna. 
También señalaron que las capturas no fueron registradas en el Registro Nacional de Detenciones, una inconsistencia que fue justificada por las autoridades como una supuesta falla del sistema los días 15 y 16 de noviembre.  

El abogado Ricardo Colorado afirmó que no existen expedientes clínicos completos y que el juez no consideró los argumentos de las defensas. Acusó también la ausencia de supervisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) durante las detenciones.