BACALAR, Q.Roo (Proceso).- El Juez Primero de Distrito con sede en esta entidad, Darío Alejandro Villa Arnaiz, levantó la suspensión de la construcción de la casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a las orillas de la Laguna de Siete Colores de Bacalar, al fallar en contra del amparo solicitado por niñas y niños de la comunidad, a quienes negó el interés legítimo para luchar por un medioambiente sano y sus derechos socioculturales, pues dijo que no les afecta directamente.

El criterio del juez está basado en la reforma de la Ley de Amparo que fue aprobada el pasado 14 de octubre, y que a través de la modificación del interés legítimo busca restringir el acceso a esta figura legal, que dotaba de medidas cautelares a la parte quejosa.

En este caso el juicio de amparo 313/2025 en un principio permitió el cese de la construcción temporalmente, pero en la audiencia incidental el juez Villa Arnaiz determinó que no había un daño directo a la vida de las niñas y niños.

“El juez no advirtió que las obras estuvieran generando este impacto en el ambiente, al menos de manera indiciaria, y por ende no actualizó tampoco el interés legítimo de la niñez quejosa para reclamar la obra y los actos en la demanda y tampoco para que se le conceda una suspensión definitiva”, dijo a Proceso el abogado Daud Rincón, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), quien acompaña el proceso judicial de los niños.

En contra de la obra militar había tres suspensiones derivadas de juicios de amparo. Hoy sólo continúa vigente la suspensión definitiva del recurso 241, que fue promovido por ciudadanos de Bacalar.

Otra de las suspensiones que mantenía la obra detenida era el amparo promovido por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). Sin embargo, al igual que el de las niñas y niños, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo desechó la medida cautelar para que continúen las obras.

La construcción de ampliaciones y una residencia del Ejército comenzó en marzo pasado, cuando maquinaria y materiales comenzaron a ser ingresados en el inmueble ubicado a la orilla de la Laguna.

Pobladores y organizaciones ambientalistas realizaron desde ese momento varias protestas y posteriormente recurrieron a los juicios de amparo, con los que se logró frenar temporalmente las obras.

Proceso informó que la Semarnat otorgó a la Sedena la exención para la presentación de estudios de impacto ambiental por las obras, con lo que dicha instancia sacó las manos para determinar los posibles daños a la laguna de Bacalar.

Impactos a la vista

El 30 de octubre se realizó una inspección relacionada con el juicio de amparo, a la que acudió personal de la Sedena, además de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del gobierno estatal y municipal de Quintana Roo.

Al recorrido también fueron tutores de los menores que se sumaron a la acción legal por la defensa de sus derechos y una persona actuaria de los juzgados.

Se constató que el área fue rellenada metro y medio de altura, que se construyó una alberca al nivel de la laguna y cinco metros de distancia de ésta, es decir, excavaron el área. Además, ya levantaron los cimientos para otras edificaciones.

“Para el juzgador no fue suficiente que se haya señalado y demostrado que las niñas y niños nacieron y habitan en la comunidad de Bacalar. Lo más grave es que el juez determinó que no existía una afectación dentro de la laguna porque las obras no estaban dentro del agua, lo cual es un entendimiento limitado en términos del tema de la afectación ambiental”, explicó el abogado Rincón.

Fueron 12 mamás y dos papás de 23 niñas y niños bacalarenses quienes iniciaron el juicio de amparo 313/2025 con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Buscaban detener la obra porque los militares empezaron a drenar el agua y modificar el ecosistema lagunar.

Derechos ignorados

Otro de los actos reclamados era la militarización de la zona. Aumentó la presencia de soldados, incluso se establecieron durante meses en una cancha y las personas, particularmente los niños, dejaron de ir a jugar al espacio, por lo que se expuso que fueron afectados en sus derechos socioculturales.

“Lo preocupante no es sólo el tema del entendimiento del interés y el entendimiento tan limitado que va incluso en contra los criterios resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, comentó Daud.

Para los papás y mamás que acompañan a sus hijos en la lucha contra la supuesta casa de descanso militar, la reanudación de las obras fue una sorpresa y una tristeza.

“Tristes porque a pesar de las denuncias de todos los bacalarenses, ya iniciaron de nuevo los trabajos. Es una lástima que no se escuche la voz de la ciudadanía en este tema que ha afectado bastante”, comentó a Proceso uno de los papás que se sumó al amparo y que pidió reservar su nombre por temor a represalias.

La casa de descanso militar será de tres niveles, por lo que se cubrirá la vista principal desde el Fuerte de San Felipe, cuya infraestructura, protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), también resentirá los efectos del trabajo de la maquinaria pesada, como ha informado Proceso.

“Creímos que habría alguna otra revisión por parte de un perito y no ocurrió. Sí afecta porque es una de las mejores vistas de Bacalar y los niños no alcanzarán a ver porque la obra subirá nos dijeron que dos o tres niveles”, apuntó.

El sano desarrollo de la niñez es otra de las luchas, ya que se prevé aumente la presencia militar. “El detalle es que usan espacios donde juegan los niños de tarde y eso les causa temor”, agregó.

Ante la determinación judicial que autorizó que se reanuden las obras, el IFDP presentará el recurso de revisión en contra de negar la suspensión definitiva. En tanto, las mamás y papás se organizan para protestar en los próximos días.