CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Organizaciones de la sociedad civil reprobaron el proyecto de sentencia de la ministra Yasmín Esquivel, a discutirse este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “por su potencial regresivo en materia de derechos humanos y acceso a la justicia ambiental”.  

En un comunicado conjunto, decenas de organizaciones aseguraron que el proyecto de sentencia en la contradicción de criterios 217/2021, elaborado por Esquivel “restringe la legitimación activa de asociaciones civiles y organizaciones defensoras del medio ambiente, para promover juicios de amparo por violaciones al derecho al medio ambiente sano”.  

Tras citar los elementos preocupantes de la propuesta, que desconoce el derecho de defender derechos ambientales de las organizaciones civiles creadas con ese fin como un interés legítimo para acudir al amparo, las ONG alertaron que ese criterio deja de lado la jurisprudencia de la SCJN sobre la legitimación que tienen las organizaciones en materia de derechos humanos, educación, migración o cultura, “cerrando así la puerta a la defensa de derechos colectivos y difusos”.  

Recordaron que la legitimación a organizaciones que tienen como objeto social la  protección y/o defensa del medio ambiente, que ha reconocido la SCJN, tiene su fundamento en que el derecho a un medio ambiente sano “es un derecho difuso, tutelado por el artículo 4 constitucional, el beneficio de toda la colectividad y que las organizaciones ambientales forman parte de este grupo beneficiario, al tener un vínculo y mantener una situación especial respecto del cuidado y protección de la naturaleza”. 

Apuntaron que “a defensa de un medio ambiente sano no depende de una afectación individual ni de un vínculo directo con lo que se reclama, sino de su misión institucional en la promoción y defensa del interés público ambiental”. 

Más aún, las organizaciones recordaron las obligaciones internacionales adquiridas por México en el Acuerdo de Escazú, del que la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, fue promotora, que “obliga a garantizar el acceso efectivo a la justicia en asuntos ambientales, así como, a eliminar las barreras para que toda persona, grupo u organización pueda defender el derecho al medio ambiente”. 

Para las organizaciones firmantes, “restringir la legitimación de las asociaciones civiles y de los colectivos contradice el espíritu de este tratado y vulnera el principio de no regresión ambiental”. 

El tema resulta más preocupante tomando el contexto actual -alertaron-, pues “mientras el Senado de la República ha aprobado reformas a la Ley de Ampro que buscan limitar el interés legítimo y restringir la posibilidad de suspender actos de autoridad, la SCJN retoma un caso de 2021 para fijar un criterio restrictivo, que va en contra del principio de progresividad y que puede tener efectos devastadores en la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la participación ciudadana”. 

Abundaron que “esta coincidencia entre el poder judicial y el legislativo apunta a reducir los espacios de control ciudadano sobre el poder público y debilitar los mecanismos de protección constitucional”,  

Consideraron que al igual que la iniciativa de la reforma a la Ley de Amparo, que amenaza con reducir el efecto del mecanismo “y convertirlo en un recurso meramente formal, incapaz de frenar violaciones a los derechos humanos”, la propuesta de Esquivel “se inserta en esta misma tendencia de cierre institucional y e protección de las garantías para los derechos individuales y colectivos”.  

Tras señalar que, de aprobarse el criterio de Esquivel, las organizaciones de defensa el medio ambiente no podrán recurrir al juicio  de amparo si no demuestran una afectación directa, las organizaciones firmantes advirtieron que en la práctica “también debilitaría la capacidad tanto de la sociedad civil como de las comunidades, colectivos y ciudadanía de actuar frente a megaproyectos, políticas extractivas, decisiones gubernamentales u omisiones de autoridades que amenazan el entorno y la vida de las comunidades o afectan a víctimas de violaciones a derechos humanos y a la sociedad  en su conjunto”. 

Para las organizaciones “en un país donde la crisis ambiental, la impunidad y la violencia institucional avanzan, limitar el acceso al juicio de amparo equivale a despojarnos de garantías judiciales en la protección de los derechos fundamentales”. 

Al reiterar que “la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos no son privilegios sino obligaciones constitucionales y compromisos internacionales del Estado mexicano”, las organizaciones lanzaron un llamado a los ministros y ministras de la SCJN para que eviten convalidar este retroceso y “reafirmar una interpretación amplia y garantista del interés legítimo”.  

Entre las organizaciones que firman el documento se encuentran Artículo 19; Causa Natura Center, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Ñu’Ji Kandii “Tierra del Sol”; Consejo para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad, Nuiwari, AC; Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS); Defensa Ambiental Noroeste; Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA); Greenpeace México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Kanan Derechos Humanos; México Evalúa; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Red Nacional de Abogados Indígenas, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), entre otras.