XALAPA, Ver. (Proceso).– A través de la Secretaría de Salud, el gobierno de Rocío Nahle entregó mediante adjudicación directa contratos por más de 400 millones de pesos a empresas que ya habían sido señaladas en la revisión de las cuentas públicas de 2023 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por tener irregularidades en los servicios otorgados.

Los contratos fueron pagados con recursos federales del IMSS Bienestar, pero firmados por el secretario de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón, así como por David Jahziel Pérez, subdirector de Recursos Materiales.

Fueron otorgados a las empresas Biodist, Casa Plarre, Brain Global Health Tech y Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH), para pruebas de laboratorio, servicios de anestesia, suministros de insumos de laboratorio y servicios de arrendamiento de equipo en unidades hospitalarias.

La reciente auditoría forense de la ASF, sobre la que Proceso publicó un reportaje en su edición impresa de abril del presente año, señaló que estas empresas contratadas durante el gobierno del también morenista Cuitláhuac García acumulaban cuentas por aclarar que representaron más de 900 millones de pesos, por irregularidades en servicios subrogados.

Ante estas anomalías, la ASF solicitó a la Contraloría General de Veracruz iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos de los Servicios de Salud (Sesver) por no vigilar, supervisar y garantizar el cumplimiento de los contratos.

Empresa de limpieza deja de pagar a sus trabajadores

Las recientes contrataciones en el actual gobierno de Rocío Nahle quedaron evidenciadas cuando empleados de la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria, que tiene el servicio subrogado de limpieza en hospitales, salieron a las calles para reclamar el pago del salario de varias quincenas atrasadas.

La empresa fue creada en 2017 y tiene su domicilio en un fraccionamiento del Puerto de Veracruz.

Los paros en varios hospitales de Veracruz, Río Blanco y Xalapa generaron una crisis sanitaria que fue denunciada por usuarios de servicios, como las madres de niños con cáncer en la torre pediátrica.

La empresa es una de las señaladas por la ASF, que documentó que LEIH declaró contar con 3 mil trabajadores, pero los registros del IMSS reflejaron entre 750 y 1,400 empleados asignados a la limpieza de 880 unidades hospitalarias.

Además se detectó incumplimiento en la entrega de insumos básicos —como papel higiénico, toallas desechables y pastillas desodorantes— que no fueron suministrados conforme al calendario pactado.

La ASF concluyó que la empresa no tenía la experiencia ni la capacidad técnica para cubrir los servicios, y que Sesver no aplicó sanciones ni penalizaciones por estas deficiencias. Por ello, instruyó a la Contraloría General del Estado iniciar investigaciones contra exfuncionarios responsables de otorgar y supervisar dichos contratos.

Por estas irregularidades señaló un posible daño patrimonial por más de 300 millones de pesos.

Nuevas adjudicaciones en 2025

Pese a las observaciones, LEIH fue contratada nuevamente en enero de este año para brindar el servicio subrogado de limpieza en oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias, hospitales, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, asilos, el Hogar del Niño, Capasits y centros de salud dependientes de Sesver.

De acuerdo con los datos obtenidos por transparencia, se le adjudicaron de forma directa dos contratos por más de 150 millones de pesos con recursos federales del IMSS Bienestar, del subsidio estatal y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Sobre el tema, la gobernadora Rocío Nahle dijo que el contrato se canceló en agosto y reconoció que los pagos están siendo detenidos.

Ante la crisis de limpieza en hospitales, propuso la creación de un ente administrativo estatal para contratar directamente al personal de limpieza y cocina de los hospitales, en lugar de depender de empresas privadas.

Señaló que el Estado buscaría replicar un esquema similar al del IPAX en seguridad, pero aplicado a los servicios hospitalarios, para evitar la intermediación de compañías privadas y garantizar el pago oportuno a los trabajadores.

“Yo no estoy de acuerdo con que se subrogue la limpieza, se debería contratar al personal por el IMSS Bienestar, que se compren los productos de limpieza y que se haga, como se hizo hace muchos años”, dijo.

Nahle precisó en conferencia de prensa que habló con Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, sobre el tema: “Les dije que la empresa no estaba cumpliendo y no pagaba. Les pido que analicen para que se contrate directamente a los trabajadores”.

La gobernadora Nahle afirmó que por los desvíos detectados en Salud por la ASF se había interpuesto una denuncia y que la contraloría hacía revisiones. Aunque no habló sobre nuevos contratos con las empresas señaladas.

De acuerdo con los datos obtenidos, en enero de 2025 se firmaron cuatro contratos abiertos con Biodist, SA de CV, para la subrogación de servicios como suministro de pruebas de laboratorio y otros equipos médicos.

Previamente la ASF (en la cuenta pública 2023) señaló a esta empresa por no entregar los equipos comprometidos en los contratos. Las visitas, registradas en actas circunstanciadas, revelaron que 36 equipos no cumplían con las especificaciones de marca y modelo estipuladas en los contratos. Además, los dispositivos entregados en comodato llevaban etiquetas de otras empresas distintas a la proveedora adjudicada.

Se identificó también que de 512 equipos, 96 pertenecían a otra empresa, lo que contraviene los términos del contrato, que prohíben la cesión, traspaso o subcontratación parcial o total de los servicios contratados.

Otras empresas incumplidas

También se entregó vía adjudicación directa un nuevo contrato este año a la empresa Casa Plarre para el servicio de anestesia en hospitales.

Sobre esta empresa, la auditoría detectó un posible desfalco de 116.8 millones de pesos en el contrato SESVER/DA/C-053/2023, porque entre otras irregularidades detectó que 46 equipos otorgados en comodato no fueron entregados en los hospitales estipulados en el contrato.

Además la empresa no acreditó la instalación y puesta en marcha de los equipos, ni validó al personal técnico especializado.

Los Servicios de Salud de Veracruz también dieron dos contratos a la empresa Brain Global Health Tech para el servicio de arrendamiento de áreas de imagenología, aunque la ASF ya había señalado inconsistencias, pues la empresa no acreditó la entrega, instalación y operación en 2023 de la totalidad de los equipos necesarios para la prestación del servicio, lo que representa una grave omisión en el cumplimiento contractual.

En resumen, la ASF pidió al gobierno estatal fortalecer los filtros en los procedimientos administrativos de Sesver para garantizar que las adjudicaciones y licitaciones se realicen con transparencia y en estricto apego a la normativa, evitando irregularidades y malos manejos de recursos públicos, pese a ello los contratos continuaron por lo menos en el primer semestre de este año, según consta en su portal de transparencia.

Cancelado el contrato de subrogación de comida en hospitales

De este combo de empresas señaladas por la ASF, la gobernadora Nahle sólo canceló los contratos a Productos Serel, que es parte de la escisión de Kosmiko (uno de los múltiples brazos empresariales de Kosmos).

Grupo Kosmos fue señalado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador por irregularidades en contratos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Nahle prometió que se reactivarán las cocinas en los hospitales para evitar la subrogación de este servicio.

IMSS Bienestar paga contratos, dice gobernadora

Cuestionada sobre la contratación del resto de las empresas, Nahle argumentó que los contratos fueron pagados con recursos del IMSS Bienestar, que las empresas sólo fueron contratadas durante el primer semestre de 2025 y que su contrato venció en agosto.

“Ésas las contrataron de México”, respondió.

Sobre el caso, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), Delia González, advirtió que las contralorías internas y la Contraloría General del Estado deben reforzar la supervisión de los procesos de contratación, ante la continuidad de empresas observadas por irregularidades que siguen obteniendo contratos en dependencias estatales.

Explicó que el órgano interno de control en cada dependencia es el responsable de validar los procesos de licitación y adjudicación, mientras que la Contraloría General del Estado interviene en las convocatorias.

Cuando los contratos llegan al Orfis, añadió, las empresas ya están prestando el servicio. Por ello la revisión de resultados ocurre con un desfase de hasta un año, lo que permite que compañías previamente observadas sean contratadas de nuevo.

Ante esta situación, subrayó la necesidad de que las contralorías sean más rigurosas y propuso la creación de un listado estatal de empresas incumplidas, similar al registro que mantiene el SAT a nivel federal.

“Si en algún estado ya se ha documentado que una empresa dio un servicio deficiente, esa referencia debería impedir que vuelva a ser contratada en Veracruz”, señaló.