XALAPA, Ver (Proceso).– El asesinato de Antonio Huesca Figueroa, director del penal de Tuxpan, el 18 de junio último, quien meses atrás fue amenazado presuntamente por el crimen organizado, y el homicidio de tres personas al interior de una vivienda en un fraccionamiento de lujo, expone el repunte de la violencia en este municipio del norte de Veracruz. 

En los últimos dos años Tuxpan ha alcanzado sus peores niveles de violencia en al menos un sexenio, en un contexto de enfrentamientos entre grupos delictivos que se disputan el control de la región, particularmente entre una escisión del Cártel del Golfo –denominada “Grupo Sombra”– y el Cártel Jalisco Nueva Generación. 

En medio de la imparable violencia en ese municipio, la gobernadora Rocío Nahle pretende avanzar en su promesa electoral de instalar ahí un polo de desarrollo.

El 26 de junio último la mandataria firmó ante la presidenta Claudia Sheinbaum el convenio de coordinación para la puesta en marcha del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBI) en Tuxpan, proyecto estratégico con el que espera consolidar a ese municipio como uno de los principales destinos de inversión industrial del país. 

“Tuxpan cuenta con condiciones inmejorables: acceso a gas, agua y electricidad; además de conectividad estratégica con el centro del país y el mercado internacional. Hemos destinado 233 hectáreas para el desarrollo de un parque industrial enfocado en sectores como la química, agroindustria y economía circular”, dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, aunque no habló de la violencia que padece el municipio. 

Sólo en los primeros meses de 2025 cuatro empresarios fueron asesinados y también un comandante de la fiscalía estatal. 

En marzo el empresario restaurantero Josué Cruz Martínez fue baleado. Días antes fue asesinado Víctor Poisot Bermejo, quien tenía negocios inmobiliarios. Mientras en abril fueron ejecutados Nabor Casco Machorro, dueño de farmacias y el líder agrarista, y el empresario Rubén Cruz Sagastume, atacado en las oficinas de la asociación ganadera local en pleno centro de la ciudad.

La gobernadora Rocío Nahle descartó que esos crímenes estén ligados al cobro de piso. Pero hasta la fecha no hay detenidos ni se han informado las líneas de investigación de estos asesinatos. 

Raúl Palma Moguel, segundo comandante de la Policía Ministerial de Tuxpan, murió tras ser herido en un ataque armado. 

La presencia del crimen en la región se evidenció en marzo último, cuando en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales fueron detenidos 11 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El despliegue se realizó tras un ataque armado con saldo de un secuestrado y cuatro heridos.    

Tras esos hechos, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública “Máxima Presencia”, se reforzaron los operativos conjuntos entre fuerzas federales, estatales y municipales en todo el municipio, mediante patrullajes permanentes, presencia policial en puntos estratégicos y la instalación de puestos de control. 

La violencia de los primeros meses de este año es similar a lo vivido en 2024.  Ese año, en las calles y el malecón frente al Golfo de México, ocurrieron varios hechos violentos, el más grave de ellos fue el hallazgo de 13 cuerpos abandonados en hieleras y bolsas negras junto a las letras turísticas de la ciudad, acompañados de mensajes atribuidos a la delincuencia organizada.

?? Sujetos armados abandonaron los cuerpos desmembrados de al menos dos hombres en la plaza central de Cazones, Veracruz, donde posteriormente realizaron disparos con armas largas. La Fiscalía del estado ya investiga.
??@alejandro_bralpic.twitter.com/nSNJR5Y9ou — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) March 19, 2024

También fue dejado un cuerpo en una camioneta a las afueras del ayuntamiento de Tuxpan una noche, según consta en una carpeta de investigación. 

A esto se suma el ataque a balazos dirigido al director de Protección Civil de Tuxpan, José Téllez. Antes, en 2022, la síndica Beatriz Piña fue retenida por personas que se identificaron como El Grupo Sombra.

Pese a esos hechos, el alcalde de Morena, Juan Manuel Pozos, solicitó licencia en octubre último para asumir el cargo de subsecretario de Gobierno en la administración de la gobernadora Rocío Nahle.

Pozos ha sido dos veces diputado local, diputado federal, coordinador de la unidad administrativa del C4 y presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena en el Congreso local, así como presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. 

El funcionario solicitó licencia al cargo de alcalde el 17 de octubre, pocos días después de que Tuxpan quedara paralizado por un enfrentamiento armado entre los grupos delictivos Grupo Sombra–Los Tercios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El hecho ocurrió el 3 de octubre y causó el cierre de comercios y la suspensión de clases en todos los niveles educativos en una ciudad de más de 150 mil habitantes.

Este municipio, al igual que otros de la zona norte como Poza Rica, Tihuatlán y Álamo, ha experimentado una escalada de violencia en los últimos meses. Por ejemplo, en marzo pasado de 2024 el grupo criminal conocido como Grupo Sombra dejó cuerpos desmembrados en las letras turísticas de Cazones–ubicado a aproximadamente 62 kilómetros de Tuxpan– y realizó disparos al aire.

En 2024 la Fiscalía de Veracruz reportó más de 20 asesinatos en Tuxpan. Además, otros delitos que experimentaron un incremento fueron la extorsión y el narcomenudeo. Durante los seis años del primer sexenio morenista en este municipio se contabilizaron 14 secuestros y casi 100 homicidios, además de la apertura de 167 investigaciones relacionadas por narcomenudeo y 100 por extorsión. 

Delincuencia al alza 

Tras el abandono de cuerpos en la vía pública, acompañados de narcomensajes, las autoridades reforzaron la seguridad con la llegada de la Guardia Nacional y el Ejército. Sin embargo, la violencia persistió. 

El gobierno atribuyó estos hechos al grupo Fuerza Especial Grupo Sombra (FEGS), escisión del Cártel del Golfo, y quien mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

El nombre de este grupo delictivo es ampliamente conocido en la región. Su presencia se ha extendido por gran parte del norte de Veracruz dejando cadáveres abandonados en hieleras, bolsas negras y acompañados de narcomensajes.

Entre 2017 y 2018 también publicó mensajes en redes sociales y recorrió colonias de la región norte, donde regaló juguetes y despensas. Posteriormente, en 2020, durante la pandemia de covid-19 distribuyó cubrebocas.

A plena luz del día, sicarios arrojan dos cuerpos desmembrados en el parque central de Cazones, en Veracruz.

Disparan ráfagas al cielo para que el mensaje quede claro: Ahí no manda ni AMLO, ni Cuitláhuac, ni Morena, ni PRIAN, ni la 4T.

Ahí mandan ellos, El Cártel de la Mafia… pic.twitter.com/sBJqigx9v2 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 19, 2024

Desde 2018 el grupo ha estado en la mira del gobierno, que ofreció una recompensa de un millón de pesos por la captura de siete líderes de este cartel, dedicado al tráfico de drogas, robo de transporte de carga, secuestro, extorsión, cobro de piso y homicidios en la zona norte veracruzana.

Ese año el cártel grabó un video en el que mostraban la decapitación de “la comandanta Paty”, a quien identificaron como responsable de planificar secuestros en varios municipios de Veracruz para el Cártel de Los Zetas.

Posteriormente, en 2021, el Grupo Sombra se hizo visible mediante un video en el que se deslindó de las amenazas dirigidas a diversos candidatos que aspiraban a cargos de elección para presidencias municipales.

En los últimos dos años la fiscalía ha reportado la detención de al menos 25 personas vinculadas a este grupo, entre ellas siete policías y un comandante en Álamo. Pese a ello, su presencia en la zona norte y en Tuxpan no ha disminuido.

Síndica, en la mira 

En noviembre de 2022 la síndica Beatriz Piña fue retenida por individuos que afirmaron pertenecer al grupo delictivo Sombra.

Por estos hechos presentó la denuncia penal TXP/DVI/F4/875/2022 ante la Unidad de Procuración de Justicia del Distrito VI de Tuxpan. Sin embargo, hasta la fecha, el caso sigue sin resolverse.

“Me interceptan una camioneta blanca y un taxi con hombres armados, me bajan a mí y a mi hijo y nos encañonan. Me dicen ‘le bajas de huevos o te atienes a las consecuencias’ y no denuncies, porque vamos a venir por ti”, fue la declaración la síndica en la carpeta de investigación que se hizo pública en redes sociales. 

Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona, y todo el material fue entregado a la fiscalía. A raíz de lo ocurrido, Piña cuenta con protección de seguridad proporcionada por policías municipales. 

En febrero último una denuncia por acoso y hostigamiento sexual  de una empleada del ayuntamiento de Tuxpan dio un giro a su caso. 

La exjefa de Contabilidad Martha Patricia Gómez presentó una denuncia contra el tesorero municipal de Tuxpan, Néstor José Flores Lugo, por acoso sexual. 

La carpeta de investigación TXP/DVI/FEMUJ/F2/49/2024 del 2 de febrero 2024 relata el hostigamiento de Flores Lugo a la empleada, de quien trató de abusar físicamente y le hacía insinuaciones verbales y físicas, además de que la citaba en fiestas en su casa particular. 

De acuerdo con Martha Patricia, el entonces alcalde Pozos Castro le pidió presentar su renuncia, con la promesa de una reinstalación en otro puesto. Pero cuando él pidió licencia al cargo la Tesorería ordenó despedirla. 

La denuncia, que también se conoció públicamente, revela un testimonio de la exjefa de contabilidad donde denuncia amenazas del tesorero municipal y agrega: “Yo sí tengo miedo de las amenazas del Sr. Néstor, porque una vez que entré a su oficina alcancé a escuchar que le decía al director de Adquisiciones, que si yo no le hacía caso, me iba a hacer lo mismo que le pasó a la síndica el día de su atentado”. 

Este testimonio fue añadido a la carpeta de investigación relacionada con la agresión a la síndica Beatriz Piña. Sin embargo, según las fuentes consultadas, hasta el momento no se le ha dado seguimiento como una línea de investigación seria.

Beatriz Piña –quien apoyó la denuncia de la exjefa de Contabilidad– había tenido desencuentros con el área de Tesorería, pues entre 2022 y 2023  firmó al menos siete estados financieros bajo protesta y votó en contra en sesiones de cabildo. 

En la copia de los documentos que son públicos, se pueden leer anotaciones como: “Se realizan pagos a prestadores de servicio sin contrato. Previo se presentan modificaciones presupuestales sin autorización de la comisión de hacienda”. 

También en los estados financieros, la síndica denuncia que el tesorero realiza modificaciones presupuestales que no aparecen en las cuentas oficiales y no tienen respaldo. 

Alcalde en escándalos 

En medio de esta situación de violencia, al interior del ayuntamiento que encabezaba Pozos se denunciaron situaciones de acoso sexual y violencia institucional. 

La entonces jefa de Contabilidad, Martha Patricia Gómez, afirmó en su denuncia que su caso no era el único dentro del ayuntamiento. Sin embargo, señaló que muchas mujeres permanecían en silencio por temor a posibles represalias. “No pasa nada, y además te despiden”, agregó.

El hijo del exalcalde, José Manuel Pozos del Ángel, quien ahora es titular del Instituto Veracruzano de Vivienda en el gabinete de Rocío Nahle, también fue denunciado en 2022 ante la Fiscalía por abuso y hostigamiento sexual.

En julio de 2022 una mujer denunció públicamente haber sido víctima de privación ilegal de la libertad y contacto físico forzado por parte de Pozos del Ángel, quien en ese momento se desempeñaba como subsecretario de Finanzas en el gobierno de Cuitláhuac García. Esta situación derivó en la renuncia de Pozos del Ángel a su cargo.

Un año después, en junio de 2023, un juez local dictó en su favor auto de no vinculación a proceso por los delitos de abuso sexual y hostigamiento sexual y archivó el proceso.

Inconformes, el asesor Jurídico y la víctima interpusieron una apelación que en diciembre pasado fue resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal, que resolvió instruir al juez dictar una nueva resolución del caso, en la que realice el examen integral y exhaustivo del fallo de primer grado y, en caso de no encontrar violaciones a derechos fundamentales, estudie los agravios planteados.