CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Pobladores originarios de San Mateo Tlaltenango, en la alcaldía Cuajimalpa, reclaman ser los únicos dueños de los predios que la Fiscalía General de la República (FGR) busca apropiarse en la zona de Santa Fe, colindantes con su nueva sede en el Parque Nacional de la Justicia.

Esto, mientras que litigios que la FGR sostiene contra empresas inmobiliarias ya fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si los inmuebles son propiedad de la nación o no.

A través de una demanda de amparo, David Cervantes Chávez y Mateo Montesinos Vélez, presidente y titular del Consejo de Vigilancia del Poblado de San Mateo Tlaltenango, respectivamente, buscan evitar que tanto el gobierno federal como empresas particulares dispongan de 22 hectáreas en predios que se encuentran dentro de las más de 94 hectáreas que, afirman, son propiedad de la comunidad originaria y que les fueron reconocidos desde la época colonial y ratificados por el gobierno revolucionario.

De este modo, los pobladores se sumarían de manera indirecta al pleito legal que la FGR mantiene desde el año pasado con dos empresas inmobiliarias para quedarse con los predios que aseguró en febrero de 2024 y cuya resolución definitiva podría emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su demanda, a la que Proceso tuvo acceso, señalaron como autoridades responsables al Poder Ejecutivo federal y otras dependencias federales; a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada; al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, diversas dependencias de la CDMX y a la alcaldía de Cuajimalpa.

“Reclamamos los mandamientos dictados para establecer medios de información y ejercer actos tendientes a alterar y modificar nuestra etnia náhuatl y otomí, por ende, nuestras tradiciones, lenguas, identidad indígena, patrimonio cultural, expresiones culturales, tradicionales, orales, literaturas, diseños, deportes y juegos tradicionales y de las artes visuales e interpretativas”, señala el documento.

“Así como la autorización, permiso, licencia, acuerdo, concesión, prórroga, orden factibilidad, resolución, inscripción, anotación, registro y demás actos dictados por las responsables ordenadoras que tienden a privar, restringir y limitar de forma total o parcial, la propiedad, posesión y disfrute de las tierras y aguas a favor de nuestra representada correspondiente a la superficie de 94 hectáreas y 40 áreas, ubicadas dentro del Poblado de San Mateo Tlaltenango, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México”.

La demanda fue admitida a trámite desde el 20 de marzo último por el juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, quien concedió una suspensión de plano al poblado para evitar cualquier intento de despojo contra sus integrantes.

“Se concede la suspensión de plano (...) para el único efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar cualquier acto tendente a realizar el despojo a los quejosos en relación con las tierras del Poblado de San Mateo Tlaltenango, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México”, señaló el juez en el expediente 597/2025.

De acuerdo con los estrados judiciales, debido a que el juzgador aún está recibiendo los informes de las autoridades señaladas como responsables, Regis López fijó como fecha de audiencia constitucional las 10:12 horas del 21 de agosto próximo.

Tierras ancestrales

De acuerdo con las pruebas ofrecidas por los pobladores de San Mateo, en el año 1653 ellos protagonizaron un pleito legal por las tierras que ahora reclaman a la Federación y a la CDMX, pues ese año los predios habían sido entregados a doña Aldonsa Villegas.

Los pobladores de San Mateo se opusieron argumentando poseer un decreto del virrey registrado en 1644 en el que se les nombró dueños de las tierras conocidas como Pachuquilla, pero dicho documento fue extraviado.

“Para conocer y corroborar los linderos se recurre a ciertos testigos naturales de San Mateo, todos ellos coinciden en que las tierras denominadas Pachuquilla se encuentran sobre una loma alta que corre hacia la venta de San Pedro Quaximalpa, camino a la ciudad de San Joseph de Toluca. Lindan por el norte con tierras del pueblo de San Pedro Quaximalpa, por el poniente con tierras de la hacienda que posee Juan Díaz Cusio, mismas que anteriormente pertenecían a Don Pedro de Paredes. Por la parte baja, viniendo de la ciudad de México hacia el pueblo de San Pedro Quaximalpa, linda por el oriente con tierras de los naturales del pueblo de Santa Fe, éstos divididos por una barranca. Por el sur termina y linda con la barranca y río que corre desde el Santo Desierto de los Leones hasta la Villa de Coyoacán”, cita un dictamen de autenticidad realizado por el Archivo General de la Nación (AGN) el 2 de julio de 2015 sobre las Diligencia de Mesura seguidas ante el Oidor de la Gran Real Audiencia, don Pedro de Labastida.

En dichos documentos consta que para el año 1690 la posesión de las tierras es otorgada a los naturales del pueblo de San Mateo Tlaltenango.

Para el 15 de octubre de 1980, la Secretaría de la Reforma Agraria realizó un estudio respecto de la procedencia de reconocimiento y titulación de tierras y aguas a favor del Pueblo de San Mateo Tlaltenango derivado del cual emitió un dictamen que reconoce y titula mil 954 hectáreas a favor de dicho poblado.

Sin embargo, indicaron que el pasado 7 de marzo de 2025, en fracciones colindantes a la carreta México-Toluca y Avenida Bernardo Quintana, se presentaron varias personas que se identificaron como empleados del gobierno federal, de la CDMX y de la alcaldía para presentarles órdenes de limitación de la propiedad, posesión y disfrute de la tierra por una superficie de 94 hectáreas 40 áreas.

“Esos mandamientos dictados por las ahora responsables, les imponían iniciar el proceso de la afectación referida de manera inmediata y de forma total y parcial de la superficie señalada para destinarse a establecimientos públicos, centros habitacionales, constitutiva de régimen en condominio de lotes, constitutiva de conjunto urbano, constitutiva de fideicomiso con aportación de los predios del Pueblo en cuestión, construir vivienda, construir condominio, construir comercio y/o servicio, renta de lotes, venta de lotes, obras y servicios de urbanización (...)”, señalaron en su demanda.

“Se ha omitido seguir un juicio ante los tribunales formalmente establecidos, lo que las responsables con su actuar violentan el estado de Derecho en perjuicio de nuestra representada”.

El pleito de la FGR

Desde el inicio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la FGR y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) dieron inicio a procedimientos penales y judiciales para recuperar, por lo menos, 15 inmuebles en la zona de Santa Fe.

En febrero de 2024 la FGR realizó dos aseguramientos para tomar el control de inmuebles en dicha área en la que se encuentra el Parque Nacional de la Justicia, nueva sede de la Fiscalía, cuyo proyecto fue implementado por Alejandro Gertz Manero, con base en un acuerdo emitido por el Gobierno de Porfirio Díaz en 1907.

Para ello, indicó que el 28 de noviembre de 2020 recibió una denuncia anónima por la supuesta enajenación o desincorporación irregular de 7 bienes propiedad de la Federación ubicados en el kilómetro 14.5 de la carretera federal México-Toluca, colonia Palo Alto de la alcaldía Álvaro Obregón, misma que colinda con el Parque Nacional de la Justicia.

En abril de este año, la juez Segundo de Distrito en Materia Penal en la CDMX declaró ilegales los aseguramientos, con los que la FGR busca expandir el Parque Nacional de la Justicia, bajo el argumento de que los predios dejaron de ser patrimonio de la Federación el 13 de diciembre de 2018, por lo que indicó que, a primera vista, es legal la posesión de los actuales dueños.

“Puede advertirse, hasta este momento, que el predio afecto al aseguramiento mediante acuerdo de desincorporación emitido el 30 de noviembre de 2018, y publicado el 13 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en efecto fue desincorporado de la propiedad de la Federación a favor de la parte quejosa, con independencia de que continúe la indagación ministerial respecto de la legalidad de la transmisión del inmueble”, indicó.

Añadió que, para ejecutar el aseguramiento, la FGR debía contar previamente con una orden judicial, por lo que no podía imponerlo de manera unilateral, como ocurrió en este caso.

“Esta juzgadora estima que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación, además de que fue emitido en contravención a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que no hay razón legal para la continuación del aseguramiento en los términos decretados”, apuntó.

De esta manera, la juzgadora concedió los amparos a Inmobiliaria 4F, Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones y Funlimited, estas últimas inquilinas de uno de los edificios asegurados.

La FGR presentó recursos de revisión contra la decisión de la jueza, que fueron admitidos a trámite por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal, pero la solicitó a la SCJN atraerlos.

El pasado 1 de octubre el Pleno de la Corte, conformado por los ministros electos por voto popular, aprobó, por mayoría de seis votos, atraer los casos y aún no define qué ministro será el encargado de analizarlos y realizar los proyectos de resolución.

Es probable que el amparo tramitado por los pobladores de San Mateo Tlaltenango impacte directamente en las resoluciones que emita la Corte.