CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El segundo mandato presidencial de Donald Trump es el principal riesgo de afectación del entorno de negocios y la gobernabilidad democrática en México en 2025; además de esto, "la mayoría de los escenarios de riesgo se relaciona con la creciente concentración y centralización del poder en el Ejecutivo, encabezado por Claudia Sheinbaum, "así como con la erosión del sistema de contrapesos", de acuerdo con un reporte de Integralia.

El informe de la consultora, indica que Sheinbaum goza de una alta aprobación y que existe elevado optimismo, por lo que en ese contexto, "el gobierno privilegiará políticas que sustenten su popularidad en detrimento de proyectos y políticas que potencien el crecimiento económico y el desarrollo social hacia el futuro". 

Trump ha dicho que en sus primeros días retirará el derecho a la nacionalidad por nacimiento en suelo estadunidense, ordenará la deportación masiva de personas migrantes sin papeles, instruirá la ampliación del muro fronterizo, despedirá a miles de burócratas y que establecerá políticas para desregular distintos sectores económicos, dará incentivos fiscales a varias industrias e impondrá aranceles a los productos provenientes de países como China, Canadá y México.

Basta recordar que el think tank Eurasia Group presentó su informe anual de Principales Riesgos 2025, donde coincidió que Trump convulsionará "al planeta entero". 

El documento de Integralia señaló que el riesgo inmediato es la "imposición de aranceles", lo que generará:

• Incertidumbre económica por el desconocimiento del tipo, grado y duración de las medidas arancelarias

• Volatilidad financiera y debilitamiento del peso

• Merma del interés de los inversionistas en el nearshoring

• Afectaciones a la planeación, productividad y rentabilidad de las empresas vinculadas al comercio bilateral

• Retaliación del gobierno mexicano que abre la puerta a una disputa comercial creciente

Riesgos

1. Se producen incertidumbre económica, disrupciones comerciales, tensiones diplomáticas y una intensificación de la crisis migratoria como resultado inmediato del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
2. Se profundiza un entorno de concentración de poder que afecta la certeza para el sector privado y el clima de negocios dada la falta de equilibrio político, la erosión de los contrapesos y la debilidad de la oposición.
3. Se debilita el espíritu de integración económica de América del Norte y se pone en duda la continuidad de la estructura actual del T-MEC.
4. Se detona un proceso gradual de indefensión jurídica para las empresas a causa de una desaseada implementación de la reforma judicial, así como por una gradual pero creciente parcialidad e incapacidad de las autoridades jurisdiccionales para resolver disputas de todo tipo.
5. Se mantiene clima de incertidumbre por la aprobación de nuevas reformas de la agenda de Claudia Sheinbaum que toman poco en cuenta la opinión del sector empresarial y de otros actores afectados, y donde predominan los criterios políticos por encima de los técnicos o económicos, en temas laborales, medioambientales, administrativos.
6. Se proponen reformas electorales que merman las garantías para la competencia política libre, equitativa y justa, y que acotan la representación de los partidos de oposición.
7. Se ponen en pausa proyectos de inversión en sectores clave como el energético y de telecomunicaciones, entre otros, como resultado de la incertidumbre generada por las reformas constitucionales aprobadas (principalmente áreas y empresas estratégicas, judicial, y desaparición de órganos autónomos) y el impasse por la ejecución de sus leyes secundarias correspondientes.
8. Aumentan enfrentamientos violentos como resultado de fracturas internas en grupos del crimen organizado y la implementación de una estrategia de captura de liderazgos, lo cual dificulta el traslado de bienes por carreteras y la operación de MiPyMes en algunas regiones del país con alta presencia criminal.
9. El gobierno propone una (mala) reforma fiscal para aumentar la recaudación (ya sea de forma integral o por medio de ajustes sectoriales), como resultado de finanzas públicas limitadas y la necesidad de seguir financiando los proyectos y programas prioritarios del gobierno.
10. Se degrada aún más la capacidad operativa y de planeación de los gobiernos locales para atender de forma eficaz problemas y necesidades locales (i.e. infraestructura y servicios básicos), como resultado de la corrupción, la escasez de recursos públicos, la falta de personal calificado y una creciente centralización del poder que los desincentiva de asumir esa responsabilidad.