BOGOTÁ (Proceso).– El ciudadano mexicano Wilbert Joseph Castañeda Gómez es uno de los mil 794 “presos políticos” que mantiene el régimen de Nicolás Maduro en cárceles y calabozos de organismos de seguridad de Venezuela, de acuerdo con un listado del Foro Penal Venezolano actualizado al 30 de diciembre.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, dice a Proceso que esa organización humanitaria ha intentado localizar a Castañeda Gómez para brindarle asistencia legal, pero, hasta ahora, “no conocemos su paradero”.

Romero reprocha a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el silencio que ha guardado frente a la masiva violación de los derechos humanos en Venezuela desde las elecciones presidenciales del 28 de julio último, en las que Maduro se proclamó ganador con el aval del oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que la oposición exhibió pruebas de la derrota del chavista.

Las protestas que se produjeron contra lo que los manifestantes llaman “fraude electoral” han dejado hasta ahora 25 muertos y 31 desaparecidos a manos de los organismos de seguridad (policía, Guardia Nacional, servicios de inteligencia y contrainteligencia y los paramilitares “colectivos” chavistas).

Romero denuncia:

Frente a eso el gobierno de México se ha lavado las manos, pese a que todos los gobiernos que son firmantes de las convenciones internacionales tienen la obligación de denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos como la que está ocurriendo en Venezuela.

Dice que la presidenta Sheinbaum ha apelado a la Doctrina Estrada para justificar su no intervención en asuntos internos de Venezuela y para defender la autodeterminación del pueblo venezolano.

“Está muy bien que la presidenta quiera respetar la soberanía de Venezuela –asegura–, pero la defensa de los derechos humanos no justifica que los gobiernos se hagan de la vista gorda, y menos gobiernos de países hermanos, como México. Es el régimen chavista el que está violando la autodeterminación de los venezolanos que han salido a protestar”.

La detención de Wilbert Joseph Castañeda Gómez, quien también tiene la nacionalidad estadunidense y fue integrante de la Armada de Estados Unidos, fue reportada el 14 de septiembre último por el número dos del régimen chavista, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien lo calificó como “jefe” de un “equipo de mercenarios” que buscaba “desestabilizar” al país.

En una entrevista con la televisora Univisión, la madre del mexicano dijo en Houston, Texas, que su hijo estaba de vacaciones en Venezuela.

“Fue por asuntos personales, nada tiene que ver con los problemas internos (de ese país)”, aseguró la señora, quien no mostró su rostro por razones de seguridad.

Según Diosdado Cabello, Castañeda Gómez fue detenido el 1 de septiembre pasado en el estado Aragua, en el centro-norte del territorio venezolano, junto con otras 13 personas, en una operación en la que se incautaron “400 fusiles y pistolas”.

Burocracia consular

Proceso consultó a la Embajada de México en Venezuela por el caso de Castañeda Gómez y la encargada de la Sección Consular, Jazmín Castellanos Argüelles, dijo vía telefónica que cualquier solicitud de información debía hacerse a través de un correo electrónico, el cual se envió sin que hasta el momento de redactar esta nota haya habido respuesta.

A la funcionaria consular se le insistió: “¿Conocen o no el caso de este ciudadano mexicano? ¿Le han prestado asistencia consular?”. Ella dijo que no podía dar información y que debía hacerse la solicitud por escrito.

El profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, Octavio González Segovia, señala que todo mexicano que enfrente un problema en el extranjero tiene derecho a asistencia consular.

A diferencia de Sheinbaum, que ha guardado silencio sobre la represión desatada por Maduro contra los manifestantes que denuncian un “fraude electoral” en los comicios del 28 de julio, otros presidentes como el colombiano, Gustavo Petro; el chileno, Gabriel Boric, y el brasileño, Luiz inácio Lula da Silva, han alzado la voz.

Boric, incluso, reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, y rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro.

Petro, por su parte, deploró el miércoles la represión desatada por Maduro y descartó asistir a la toma de posesión del chavista mañana viernes 10 de enero, pues las elecciones en las que este se declaró vencedor “no fueron libres” ni transparentes.

“No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”, señaló Petro en un mensaje en cuenta de X.

El martes último la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al régimen de Maduro de ejecutar prácticas de “terrorismo de Estado” y desarrollar una “represión sistemática” antes, durante y después de los comicios presidenciales con el propósito del “perpetuarse ilegítimamente en el poder”.

La oposición ha hecho públicas actas de las mesas de votación que indican que González Urrutia ganó la elección presidencial, con 67% de los votos, mientras que Maduro obtuvo 31%.