BOGOTÁ (Proceso).- El próximo paso del recientemente investido como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya está cantado: el chavista va por una gran reforma constitucional que le permitirá ahorrarse en el futuro el bochorno de perder una elección y de que tenga que recurrir al fraude electoral.

Analistas consultados por Proceso esperan que, para ello, recurra a mecanismos de elección indirecta de autoridades y que haga lo mismo que el autócrata nicaragüense Daniel Ortega, que es impedir de antemano que líderes opositores competitivos puedan registrarse para ser candidatos, mediante candados legales, el encarcelamiento o el exilio.

Para el profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la universidad colombiana de los Andes, Víctor Manuel Mijares, ese proyecto estaría encaminado a implantar en “un poder político mucho más personalista”, al estilo de Ortega, en una suerte de “nicaraguanización de Venezuela”.

De acuerdo con el académico venezolano, la cuestionada juramentación de Maduro el pasado viernes significa “el relanzamiento” del chavismo en una línea que le garantice su permanencia en el poder y por eso ya se habla de una nueva Constitución a la que se incorporarían elementos como los que le garantizan a Ortega en Nicaragua, al menos en el marco legal, una virtual sucesión dinástica.

De hecho, el viernes pasado, al juramentar como presidente ante la oficialista Asamblea Nacional para un tercer periodo de gobierno, Maduro anunció una gran reforma constitucional para “democratizar más” a Venezuela, y firmó un decreto para comenzar ese proceso.

“Lo que en realidad va a hacer Maduro es afinar los mecanismos de penalización contra sus opositores, y va a imponer delitos políticos para obstaculizar ‘constitucionalmente’ cualquier posibilidad que tengan sus adversarios de enfrentarlo en las urnas”, dice la maestra en estudios latinoamericanos María Fernanda Zuluaga.

Pincelazos del autoritarismo institucional

Maduro ya lo ha hecho en el pasado. En enero del año anterior, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que él controla, inhabilitó como candidata presidencial a la líder opositora María Corina Machado, quien encabezaba todas las encuestas, pero el chavista no pudo impedir que ella designara como su candidato al exdiplomático Edmundo González Urrutia quien, según actas electorales recopiladas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ganó los comicios del 28 de julio con el 67% de los votos.

Lo que ahora buscaría Maduro con los cambios constitucionales que propone, pero cuyos detalles aún no ha revelado, es poner “todos los candados posibles a la oposición, suprimirla antes de llegar a una elección competitiva”, señala Zuluaga.

Y dice que también “impondrá un sistema comunal para elegir de manera indirecta a autoridades como diputados, gobernadores y al propio presidente, en lo que será una mezcla del modelo cubano (donde el presidente es elegido por la Asamblea Nacional), pero, principalmente, del nicaragüense”.

En noviembre pasado, Ortega, quien asistió a la juramentación de Maduro el pasado viernes, hizo aprobar en el Congreso una reforma constitucional que coloca a todos los poderes del Estado bajo control del Ejecutivo; amplió el periodo presidencial a seis años y creó las figuras de copresidente y copresidenta para compartir el poder con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y garantizar una sucesión dinástica.

En los círculos de poder de Nicaragua se da por descontado que el sucesor de la pareja será su hijo Laureano Ortega Murillo, quien es asesor presidencial para promoción de inversiones y comercio internacional y el encargado de llevar las relaciones con dos aliados claves del régimen de Managua: China y Rusia.

Al morir cualquiera de sus padres, él podría ser designado copresidente de Nicaragua, según los poderes que confiere la nueva Constitución a los titulares del Ejecutivo.

Con la reforma impulsada por los Ortega-Murillo, el artículo 132 establece que “la presidencia de la República dirige al Gobierno y como jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”.

Reordenamiento chavista

El profesor Víctor Manuel Mijares, un doctor en ciencia política de la Universidad de Hamburgo, señala que lo que haría Maduro es formalizar algo que ya hace de facto, que es controlar los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, así como la Fiscalía.

La reforma nicaragüense, además, prohíbe postularse a la presidencia a centenares de opositores considerados traidores a la Patria y que fueron despojados de su nacionalidad.

La modificación constitucional orteguista se denominó "Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas", porque parte del supuesto de que Nicaragua enfrenta una serie de agresiones desde el exterior —por las sanciones económicas que han aplicado al país Estados Unidos y la Unión Europea debido a la masiva violación de los derechos humanos y a la encarcelación y expatriación de los opositores— y ese hecho crea una situación excepcional frente a la cual el país tiene responder con leyes de excepción.

“Con ese argumento Maduro va a ir hacia un poder mucho más personal”, dice Mijares.

Y considera que los límites al proyecto madurista los impondrán los intereses de los diferentes grupos de poder en Venezuela, que son el del propio mandatario juramentado el viernes, del que forma parte su esposa, Cilia Flores; el del número dos del régimen, Diosdado Cabello; el de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, quienes fungen como vicepresidenta de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, en forma respectiva; y el del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.

“Vamos a ver un reordenamiento de piezas en el propio chavismo, en el que Maduro va a ser crupier, el que reparta las cartas a los jugadores, y hay que tomar en cuenta que también entre los propios clanes del poder hay tensión”, dice el académico de la Universidad de los Andes.

Maduro ya ha dado señales del modelo institucional que busca imponer en el país. En noviembre anterior, impulsó en la Asamblea Nacional una ley que castiga hasta con 30 años de prisión a quienes apoyen las sanciones internacionales contra el país. También incluye castigos contra medios de comunicación que, según criterios del gobierno, divulguen información que promueva la imposición desde el exterior de medidas coercitivas unilaterales.

Esta legislación y una ley aprobada por el Legislativo venezolano en agosto pasado para regular a las ONG, parecen inspiradas en medidas adoptadas por Ortega en Nicaragua para afianzar su régimen autocrático.

Es evidente que, por lo pronto, Maduro no tiene la menor intención de abrir paso a una transición política y que, por el contrario, su apuesta es asegurar por todos los medios a su alcance la permanencia del régimen chavista, con él a la cabeza, sin los sobresaltos que producen las elecciones con candidatos competitivos como Edmundo González Urrutia.

Y es que, por primera vez, la oposición venezolana recopiló miles de actas de mesas de votación que comprueban que González Urrutia ganó los comicios presidenciales del 28 de julio pasado con el 67% de los votos, mientras que Maduro obtuvo sólo el 31%.

Estos resultados son avalados por el Centro Carter, único observador internacional al que el gobierno le permitió atestiguar las elecciones presidenciales, además de una misión de Naciones Unidas.

“Maduro sabe que ya perdió la mayoría y que su única manera de seguir en el poder es impidiendo por todos los medios la participación de sus adversarios en futuras elecciones”, dice la maestra María Fernanda Zuluaga.