CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) alertó sobre las omisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía de Justicia de Guerrero en la “búsqueda inmediata, sin dilación y con enfoque de género” de Ivette Melissa Flores Román, joven desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero.

Al dar a conocer el dictamen del Comité Cedaw, emitido el 15 de noviembre pasado, Sandra Luz Román Jaimes, madre de la joven, resaltó que su hija fue sacada de su domicilio con violencia por un comando, pero que “nadie quiso buscarla, ni siquiera realizaron un levantamiento de los casquillos” tras los disparos que se hicieron contra su vivienda para sacar a Melissa y a otra familiar, quien apareció con vida días después y reveló la identidad de los responsables.

Acompañada del director de I(dh)eas, Juan Carlos Gutiérrez, la abogada de la organización Isabel Suárez, y el representante adjunto de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña Palacios, Román Jaimes narró que desde que denunció los hechos, fue alertada de dejar el caso debido a la peligrosidad del autor intelectual, Humberto Velázquez, quien fungía como coordinador de la Policía de Investigación Ministerial en Iguala, y era suegro de Melissa, quien formó parte de un ambiente de violencia familiar.

Tras señalar que la noche en que fue sustraída su hija, 17 jóvenes más de Iguala fueron secuestradas por el mismo comando, pero que “no han sido buscadas por sus familiares por miedo a represalias”, recordó que fue hasta cuatro años después de que le tomó declaración y apenas en este año recibió una notificación para ampliarla.

Pese a evidencias del involucramiento de autoridades estatales y de la colusión con el crimen organizado, la FGR declinó dar seguimiento al caso, en tanto que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) se abstuvo de llevar el caso argumentando que la desaparición de Ivette Melissa “no es un caso de violencia de género”.

Entre las conclusiones del Comité Cedaw en este caso, resaltan que hubo una decisión de “no investigar los hechos como actos de violencia por razón de género”; que persistieron los “estereotipos en la manera en la cual se abordó la investigación”; que no existen “normas del derecho penal que garanticen la investigación de los delitos de crimen organizado con perspectiva de género” y que hubo “fallas sistemáticas e ineficacia en la investigación por la desaparición” de Ivette Melissa.

En la búsqueda de su hija, Sandra Luz Román fundó el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Madres Igualtecas, integrada por unas 200 familias, que ha rescatado restos en Iguala, donde al menos mil 200 personas víctimas están registradas, labor que le ha valido ser constantemente amenazada.

“Soy milusos, hago el trabajo de las autoridades federales y del estado, busco donde no debería, me guío por videos de asesinatos que circulan en redes sociales, hago trabajo de abogados, de antropólogos, he encontrado varios predios, y no tengo apoyo, al contrario, me han quitado la protección, a pesar de que mi hijo fue desaparecido, me han puesto la pistola en la cabeza,  me la han puesto en la boca, me han balaceado”, dijo Sandra Luz, a quien el Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le retiró la protección en octubre del año pasado, señalando que “no había un contexto de violencia en su contra”.

A diez años de la desaparición de Ivette Melissa, el Comité Cedaw confirmó que hay un contexto de discriminación en su contra debido a que “no hay planes de investigación ni de búsqueda”, mientras que, para evadir el esclarecimiento, las autoridades han revictimizado a la joven, responsabilizándola de su desaparición.

La abogada Isabel Suárez destacó que ante las omisiones, el Comité Cedaw alertó que persiste un “patrón” en Guerrero, tanto en las desapariciones de mujeres en un contexto de criminalidad, como en la falta de actuación por parte de las autoridades.

En cuanto al caso mismo, el Estado mexicano ha sostenido que se están haciendo investigaciones con perspectiva de  género y que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) está colaborando para “guiar al Ministerio Público para realizar esclarecer el caso y dar con el paradero de Melissa, pero esto no ha sucedido”.

Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas, lamentó que en materia de litigio internacional “no haya cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Estado pidió que no se admitiera la petición de intervención del Comité, no se reconocieron las violaciones a derechos humanos ocurridas hace diez años”.

El representante adjunto de la ONU-DH destacó que el Estado mexicano tiene seis meses para responder, a lo que consideró “una oportunidad para realmente realizar investigaciones de desapariciones y búsqueda con perspectiva de género, considerando los contextos de delincuencia en que ocurren las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, más cuando de los más de 108 mil  registros de personas desaparecidas, más de 26 mil corresponde a mujeres”.