BOGOTÁ (Proceso).- El encuentro del expresidente colombiano Iván Duque con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el pasado lunes 25 de agosto, provocó una generalizada indignación en Colombia, incluso entre los compañeros de partido del exmandatario ultraderechista. Y no es para menos.

Las fotos con el primer ministro israelí que subió Duque a sus redes sociales mostraban a dos sonrientes personajes con un negro historial en materia de violaciones a los derechos humanos. Netanyahu es considerado por la Corte Penal Internacional (CPI), que pidió su arresto, responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por ordenar bombardeos indiscriminados sobre Gaza –donde han muerto más de 65 mil palestinos en los ataques–, bloquear el acceso a alimentos y medicinas a esa zona y utilizar el hambre como arma de guerra.

Y Duque fue demandado por un grupo de organizaciones de derechos humanos ante ese mismo tribunal por su responsabilidad en el asesinado de al menos 44 manifestantes en las protestas sociales de 2021 en Colombia.

Por eso ese encuentro en Jerusalén resultó tan ofensivo para amplios sectores en Colombia que, además, repudiaron la afirmación de Duque de que el primer ministro israelí es “un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano”.

Ese encuentro hizo recordar que en mayo pasado Duque pidió a la CPI actuar contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por las “evidencias contundentes” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y tres meses después aparece con una amplia sonrisa con Netanyahu, quien tiene una orden de captura internacional de la CPI.

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, dice a Proceso que la imagen de Duque con el primer ministro israelí no sólo exhibe su “doble moral”, sino su “profundo desconocimiento del derecho penal internacional”.

Iván Duque suele actuar como una personalidad política escuchada en el mundo. En su página web se presenta como “político, filántropo y empresario destacado”.

En realidad, Duque no sólo ha sido el presidente más impopular de Colombia de las últimas tres décadas, según datos de la firma Invamer, sino que, además, organizaciones de derechos humanos lo consideran responsable de la brutal represión de las protestas sociales de 2021, cuando era gobernante de este país, hecho que originó la demanda en su contra en la Corte Penal Internacional (CPI).

Represión a gran escala

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió denuncias de 63 personas fallecidas durante las movilizaciones de 2021 en Colombia y constató la muerte de 44 manifestantes, la mayoría por heridas de armas de fuego disparadas por agentes del Estado y personas vestidas de civil.

Esos son los datos más conservadores sobre las muertes ocurridas durante el estallido social de 2021. Otras organizaciones tienen listados de hasta 80 víctimas de la violencia homicida en el marco de esas movilizaciones.

Cuatro años después de esos hechos, que ocurrieron entre abril y julio de 2021, ni uno solo de los autores materiales ni los responsables políticos de la brutal represión con la que Duque enfrentó ese paro nacional ha sido condenado por los múltiples delitos que se cometieron en el marco de las protestas: desde agresiones sexuales, torturas y heridos de bala, hasta asesinatos.

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, dice que, en general, comparte “la percepción de impunidad” que existe frente a los responsables de esos crímenes.

Y señala que los graves actos de represión del estallido social de 2021 “se cometieron en el marco de la respuesta del gobierno de Iván Duque a la protesta, y son las autoridades judiciales en Colombia las que deben indagar sobre la responsabilidad, incluyendo la responsabilidad de mando de los civiles que tomaron la decisión de cómo responder a estas protestas”, que tuvieron lugar entre el 28 de abril y el 15 de julio de ese año.

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago sostiene que cuatro años después de esos hechos ya debería haber “fallos concretos” contra los responsables de los al menos 44 manifestantes y dos policías muertos que reporta la ACNUDH. Señala que, también, contra los que hirieron, torturaron y desaparecieron personas en el marco de las protestas.

Para Buitrago, frente al estallido social el Estado colombiano encabezado por Duque “tuvo una reacción desmedida, y esto no solamente lo han dicho la ONU, la CIDH (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), sino también muchos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.

Dice que es evidente que, en vez de responder con el diálogo a la protesta social, que era legítima porque millones de jóvenes se sienten excluidos y marginados, el gobierno de Duque privilegió la represión.

Duque, en el top de represores latinoamericanos

Según datos de la ACNUDH y de la CIDH, el nivel de represión estatal contra la protesta social en el gobierno de Duque es el tercero más cruento que ha ocurrido en América Latina en el transcurso de este siglo. Sólo lo superan las masacres de manifestantes en la Venezuela de Nicolás Maduro (2017) y en la Nicaragua de Daniel Ortega (2018).

Esto quiere decir que únicamente esos dos autócratas, Ortega y Maduro, han reprimido la protesta social en la región con más crueldad que Iván Duque.

Paradójicamente, el exmandatario colombiano ha criticado el totalitarismo de Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero se muestra complaciente frente a un genocidio como el que desarrolla Netanyahu en Gaza.

En julio de 2021, luego de que había enviado a la policía a sofocar a sangre y fuego las protestas sociales en Colombia, Duque se alzó como defensor de los jóvenes cubanos que salieron a protestar en esos días contra el régimen totalitario que encabeza Miguel Díaz Canel. En esas manifestaciones murió por disparos de la policía una persona, el cantante Diubis Laurencio Tejeda.

Según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia en el que se comparan las respuestas del Estado colombiano frente a las protestas sociales, la represión ordenada por Duque en 2021 es la que más asesinatos de manifestantes por parte de la fuerza pública ha dejado en el último medio siglo en el país.

Durante las protestas de los chalecos amarillos que enfrentó a lo largo de 11 meses en Francia el presidente Emmanuel Macron, entre 2018 y 2019, murió una persona por abusos de la policía, lo que contrasta con las decenas de muertes que dejó, en menos de tres meses en 2021, la mano dura de Duque.

El codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz, dice que en Colombia “hay una normalización muy grande de la violencia, de la criminalización y la persecución de la protesta”, lo que lleva a una suerte de “silencio social” frente a fenómenos de represión como el registrado en el estallido social de 2021.

Esto, señala, fue aprovechado por Duque “para legitimar, con su discurso, que la policía y la fuerza pública siguieran cometiendo estos crímenes y siguieran reprimiendo de una manera tan violenta las movilizaciones”.

El fiscal “de bolsillo”

La gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el estallido social de 2021 contrastó con las omisiones de la Fiscalía General y la Policía Nacional.

Y es un hecho que, hasta hoy, la justicia no ha alcanzado a los autores materiales y los responsables políticos de la represión.

En contraste, el fiscal general de la época, Francisco Barbosa, quien llegó al cargo impulsado por su amigo Iván Duque, se encargó de que los muchachos que protestaban, muchos de ellos integrantes de la llamada “primera línea”, que el gobierno satanizó como “vándalos radicalizados”, fueran castigados con todo el peso de la ley.

De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General entregado a Proceso, el organismo –entonces a cargo de Barbosa– abrió investigaciones criminales contra mil 248 manifestantes y, en contraste, sólo inició indagaciones contra 41 integrantes de la Policía Nacional.

Es decir, el número de procesos que abrió Barbosa contra los jóvenes que participaron en las protestas fue 30 veces mayor que el de los policías y personas vestidas de civil que les disparaban, mientras que la cifra de manifestantes asesinados fue 22 veces superior a la de los dos policías que murieron en el marco de las protestas por la acción de grupos violentos.

El informe de la Fiscalía General indica que, de los jóvenes manifestantes acusados de delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado y sedición, 54 permanecen en calidad de “indiciados”; cinco de ellos recibieron sentencias condenatorias y uno más fue absuelto,

En cambio, ninguno de los policías presuntamente responsables de homicidios ocurridos en el marco del estallido social de 2021 ha sido condenado, aunque 11 permanecen en etapa de juicio oral. El resto sigue en las fases de averiguaciones previas o de formulación de cargos.

El abogado de derechos humanos Óscar Ramírez asegura que esta desproporción es resultado de una “operación de impunidad y encubrimiento” cuyo artífice fue Barbosa, el amigo de Duque y quien era llamado “el fiscal de bolsillo” del entonces presidente.

Dice que la primera reacción de Barbosa fue “cruzarse de brazos” ante los delitos de la fuerza pública y de civiles armados que disparaban a los jóvenes manifestantes.

“Pero cuando la comunidad internacional comenzó a condenar con fuerza esa masacre, Duque se preocupó y puso a Barbosa a abrir expedientes contra elementos de la policía”, señala Ramírez, quien es presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y abogado defensor de algunos de los jóvenes procesados.

Desde el inicio de las protestas, que tuvieron en mayo de 2021 su punto más álgido, Duque intentó justificar el uso de la fuerza para detener “a los violentos” y desarrolló una narrativa que buscaba deslegitimar el carácter social y político de las movilizaciones, presentándolas como amenazas a la seguridad ciudadana.

Pero la comunidad internacional y personalidades altamente populares en Colombia, como la cantante Shakira, no avalaron ese discurso y repudiaron la represión y los asesinatos de manifestantes. El 4 de mayo de 2021, la artista colombiana se dirigió al gobierno de Duque. “PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”, escribió en su cuenta de Twitter (hoy X).

La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, organismos de derechos humanos de todo el mundo y agencias de la ONU condenaron “el uso desproporcionado de la fuerza” por parte de la policía colombiana y llamaron al gobierno de Duque a pedir a sus agentes del orden “la máxima moderación” para evitar “más pérdidas de vidas”.

El abogado Óscar Ramírez afirma que la estrategia de Duque y Barbosa para contener las críticas e impedir que la Corte Penal Internacional comenzara a investigar al entonces presidente fue iniciar procesos contra policías involucrados en la muerte de manifestantes.

“Pero mientras los procesos contra los manifestantes imputados contaban con grandes equipos de investigadores y peritos que recolectaban evidencias, los casos contra los policías fueron deliberadamente debilitados por la fiscalía de Barbosa para intentar hundirlos en los juzgados”, asegura.

El historiador y activista de derechos humanos José Benito Garzón pone como ejemplo lo ocurrido el 28 de mayo de 2021 en Cali. Ese día, en una protesta, la policía asesinó a cuatro jóvenes e hirió de gravedad a otros 15 y detuvo a cerca de 40.

Por esos hechos fue imputado el coronel Édgar Vega Gómez, quien era comandante operativo de la policía metropolitana en Cali. La Fiscalía de Barbosa también judicializó a tres de los jóvenes detenidos por “terrorismo”.

“Esta es la hora en que el coronel no ha recibido sentencia –dice Garzón–, pero en cambio los jóvenes desde el primer momento fueron presentados por Barbosa ante los medios de comunicación como ‘terroristas de la primera línea’ y en noviembre de 2021 ya estaban condenados por terrorismo. Esto fue producto de montajes judiciales”.

En la mira de la justicia

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago dice que cuando existe una violación de derechos humanos “todos los que actuaron para que eso ocurriera son responsables”.

Buitrago, consultora de derechos humanos de la ONU y la CIDH, sostiene que particularmente cuando existen delitos de lesa humanidad deben responder “desde el presidente de la República hasta la última persona implicada en un hecho de esa naturaleza, así sea militar, de la policía o civil”.

Y agrega que desde luego en las violaciones de derechos humanos de 2021 hay “responsables políticos”, que son “quienes tenían el control del aparato de poder”. Estas personas “deben ser investigadas para saber qué responsabilidades tienen, y eso significa que tanto la Fiscalía como los jueces podrán decidir, efectivamente, su grado de responsabilidad”.

En caso de que no actúe la justicia colombiana, agrega Buitrago, “podrá actuar la Corte Penal Internacional”, la CPI.

Este tribunal no ha dado un informe de apertura al caso contra Duque, en espera de que la justicia colombiana produzca resultados en los procesos contra los implicados en los hechos de represión.

El senador Iván Cepeda, quien promovió junto con un grupo de organizaciones humanitarias la demanda contra Duque en la CPI por crímenes de lesa humanidad, señala que el expresidente y su gobierno “son los responsables políticos de esos hechos”.

Duque, asegura, “era quien en ese momento tomaba las decisiones” junto con su ministro de Defensa, Diego Molano, en momentos en que la pandemia del covid-19 dificultaba las actividades del Congreso.

Asesinatos selectivos

El activista José Benito Garzón dice que un grupo de organismos de derechos humanos estudia pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que impulse el caso ante la CPI para que este tribunal haga lo que no han hecho la Fiscalía y las cortes colombianas.

Indica que desde 2021 han sido asesinados 10 manifestantes procesados por presuntos delitos cometidos en el marco de las protestas. El primero de ellos fue John Carlos Ávila Bernal, ejecutado ese año, y el más reciente es el caso de Luis Fernando Lasprilla Balanta, asesinado en Palmira el 11 de julio pasado.

Ocho de los jóvenes han sido asesinados tras recobrar su libertad, y dos de ellos en prisión.

El Colectivo de Presos Político “Jhonatan Sabogal” ha llamado al presidente colombiano Gustavo Petro, a la fiscal general del país, Luz Adriana Camargo, y a la Organización de las Naciones Unidas a investigar esos homicidios, que son interpretados “como un mensaje de los represores de 2021 para intimidarnos”.

Tras dejar la presidencia, en 2022, en medio de críticas hasta de miembros de su propio partido, el Centro Democrático, por su deficiente gestión, se dedicó a viajar y a promover una imagen de defensor de la democracia.

Es un activo participante en el grupo derechista iberoamericano Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que encabeza el expresidente español Jose´ María Aznar, y el cual se dedica a emitir pronunciamientos sobre la defensa de la democracia, sin importar los cuestionamientos que enfrentan algunos de sus miembros.

A ese grupo pertenecen expresidentes como Felipe Calderón, cuyo brazo derecho durante su gobierno (2006-2012) fue Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por trabajar para el Cártel de Sinaloa; el colombiano Álvaro Uribe, convicto por manipulación de testigos, y el costarricense Óscar Arias, quien ha enfrentado varias acusaciones de mujeres que lo acusan de agresión sexual.

Duque y el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional en 2021, fueron contactados para conocer su versión sobre los hechos descritos en esta nota, pero no dieron respuesta a las solicitudes.