BOGOTÁ (Proceso).- La escalada de presiones del mandatario estadunidense Donald Trump contra el chavista Nicolás Maduro, que incluye el envío de barcos de guerra al sur del mar Caribe, tiene un “interés estratégico” para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum porque Venezuela se podría convertir en el blanco del primer ataque unilateral de Estados Unidos contra un cártel de la droga catalogado de “terrorista”.

De acuerdo con la socióloga venezolana Teresa Ramírez, especialista en asuntos de seguridad y defensa, “lo que podríamos ver en Venezuela en los próximos días o semanas es el primer ataque militar de Estados Unidos contra un cártel del narcotráfico designado por Trump como organización terrorista, y esto es un asunto muy sensible para México”.

Entre los grupos criminales que Trump considera como “terroristas” figuran dos venezolanos, el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, y seis mexicanos: los cárteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noroeste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.

La administración Trump comenzó su escalada contra Maduro en agosto pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos duplicó la recompensa por la captura del chavista –la elevó de 25 a 50 millones de dólares– y lo señaló como jefe del Cártel de los Soles, designado por Trump como una organización terrorista.

Un ataque militar de Estados Unidos a Venezuela que se enmarque en la lucha contra el narcotráfico sentaría “un precedente regional peligroso, especialmente para México, que enfrenta presiones muy fuertes de la administración Trump para combatir a los cárteles mediante operaciones conjuntas”, dice Ramírez a Proceso.

La socióloga e internacionalista de la Universidad Central de Venezuela (UCV) sostiene que si Washington decide atacar al Cártel de los Soles en Venezuela “estaría señalando una ruta de lo que podría hacer en el futuro en países como México y Colombia”.

Hasta ahora, la designación como organizaciones terroristas extranjeras de varios cárteles latinoamericanos no se ha traducido en acciones militares unilaterales contra esos grupos por parte de Estados Unidos.

Pero el pasado 8 de agosto el diario The New York Times reveló que Trump ya firmó en secreto una directiva al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos del narcotráfico que su administración ha calificado como organizaciones terroristas.

Sheinbaum reaccionó a esa noticia ese mismo día rechazando una eventual acción de esa naturaleza. “Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado absolutamente”, aseguró.

Días después, luego de que el director de DEA, Terry Cole, afirmara que Estados Unidos podría realizar un ataque militar contra cárteles mexicanos, la presidenta insistió: “No. México es un país libre, independiente y soberano y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía”.

La socióloga Teresa Ramírez señala que, con esos antecedentes, un ataque militar de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles sería observado por México como “un espejo inquietante”.

“Si Trump actúa sin consenso internacional, estaría incurriendo en un acto de intervención unilateral violatorio del derecho internacional, y eso es precisamente lo que México ha rechazado de manera reiterada”, agrega.

Un análisis de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) asegura que una operación militar no consensuada de Estados Unidos en territorio extranjero “causaría un daño tan grave a las relaciones bilaterales y regionales que la promoción y el logro de otros intereses estadunidenses en ese país se volverían prácticamente imposibles”.

“La previsible ruptura en las relaciones con México, por ejemplo, socavaría o pondría fin a la cooperación en una amplia gama de temas, incluidas posibles estrategias productivas para enfrentar el crimen y la violencia”, señala WOLA.

Máxima presión

Frente a las acciones de Trump contra el régimen chavista y el envío de una flota de buques de guerra al mar Caribe, Sheinbaum ha dicho “no al intervencionismo”, ésa es “nuestra convicción siempre”.

La profesora de asuntos globales en la Universidad de Notre Dame, Laura Gamboa, considera que es posible que la administración Trump se decida a atacar de manera unilateral a algún cártel de la droga.

“Yo soy latinoamericana y las acciones unilaterales de Estados Unidos las hemos visto a lo largo y ancho de América Latina en muchos momentos de la historia, pero mi sensación hasta el día de hoy es que esto se está utilizando de manera discursiva por parte de la administración Trump, como para generar un show”, asegura la doctora en ciencias políticas.

Respecto a las presiones de Trump contra Maduro, la académica sostiene que pueden estar más orientadas a fortalecer el voto republicano en la Florida, donde radican inmigrantes venezolanos, cubanos y colombianos partidarios de la línea dura contra el régimen chavista.

“Pero yo dudo mucho que esto tenga un impacto positivo para una transición democrática en Venezuela”, sostiene.

El politólogo venezolano Víctor Manuel Mijares considera que las amenazas de Trump y el envío de una flota de guerra a inmediaciones de las costas de Venezuela constituyen, para Maduro, la peor crisis externa que enfrenta desde su llegada a la presidencia, hace 12 años y cinco meses.

El profesor de la Universidad de los Andes en Colombia señala que el primer peligro para Maduro es que su primer círculo de control del poder, conformado por la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), “se quiebre”, lo que lo provocaría su destitución.

La guardia presidencial es un cuerpo militar de élite y con enorme poder de fuego que está encargado de la seguridad inmediata del chavista y de su familia, mientras que la DGCIM es un organismo con modernos equipos de interceptación electrónica y con miles de agentes infiltrados en los cuarteles, en los ministerios y en las estructuras territoriales del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Los analistas consultados por Proceso coinciden en que, por ahora, una invasión de Estados Unidos a Venezuela parece improbable.

Sobre todo si se toma en cuenta que la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 se hizo con 27 mil marines y que replicar una operación de ese tipo en Venezuela –cuya población es 10 veces superior al del país centroamericano y su territorio es 12 veces más extenso– requeriría una fuerza de más de 100 mil hombres.

Es decir, los cuatro mil 500 marines que transportan los buques de guerra enviados por el Pentágono al mar Caribe no serían suficientes para invadir Venezuela.

Pero los buques cuentan con misiles teledirigidos, drones y equipo de inteligencia para realizar ataques quirúrgicos, y de entrada por salida, contra objetivos venezolanos. Además, estarán apoyados por aviones de combate y por un submarino de propulsión nuclear.

La escalada de presiones de Trump ya ha tenido un primer efecto entre la cúpula chavista al desatar en ese sector lo que la especialista venezolana en temas militares, Sebastiana Barráez, define como “un estado de paranoia”.

“Hay mucha tensión, hay mucho temor, pero también hay una posición radical, sobre todo en los altos mandos, que son los que tienen mayor riesgo de ser afectados por las medidas que está tomando Estados Unidos”, afirma Barráez, una periodista que se destaca por su acceso a fuentes militares venezolanas.

Los temores entre el chavismo son fundados. El mes pasado la fiscal estadunidense, Pam Bondi, duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de jefe del chavismo, una cifra que no se ofreció ni por el líder Al Qaeda, Osama bin Laden.

Por Diosdado Cabello, el número dos del régimen, Washington ofrece 25 millones de dólares, y por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, 15 millones de dólares.

“Estas cifras son incentivos muy poderosos para militares con rango de oficiales que no forman parte de la cúpula privilegiada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (la FANB) y que tienen las mismas penurias económicas que la mayoría de venezolanos”, dice la socióloga Teresa Ramírez.

Entre la invasión y la traición

La principal preocupación para Maduro no parece ser el envío de los tres buques de guerra con cuatro mil infantes de marina que ordenó Trump, sino las expectativas y traiciones que ese despliegue pudiera suscitar al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

De acuerdo con el profesor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, “la presión de Estados Unidos contra Venezuela apunta a generar una rebelión militar, y eso lo sabe muy bien Maduro”.

En un discurso pronunciado el pasado lunes 18 frente a gobernadores y alcaldes del régimen, Maduro se refirió a los esfuerzos “del imperio norteamericano para dividirnos desde adentro”. Y, de manera inusual, en un momento de exaltación se refirió a los “cobardes”, a los “débiles” y a los “grupos infiltrados” que hay dentro del chavismo y que intentan “destruirme”.

“Hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde”, dijo subiendo el tono. Y habló de “una investigación en pleno desarrollo” para detectar a los traidores.

Para Mijares, un cambio de régimen en Venezuela requiere la conjugación de tres factores: una presión internacional militarizada, que ya existe; tener una opción legítima para sustituir al chavista, que sería el opositor Edmundo González Urrutia, ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, y contar con alguien “que se ensucie las manos”.

Este trabajo sucio, explica, lo tendrían que hacer los militares, únicos que cuentan con el poder para deponer a Maduro o convencerlo de que entregue el poder. Y esto, dice, “es lo que falta”.

“Nosotros no dormimos”, dijo Maduro hace unos días al referirse a las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en curso.

Según la ONG Foro Penal de Venezuela, hasta el pasado lunes 18 de agosto en el país había 815 presos políticos, de los cuales 169, el 20%, son militares considerados disidentes.

No es un dato menor que el jefe de la DGCIM, el general Javier Marcano Tábata, sea al mismo tiempo el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, un cuerpo militar de élite y con enorme poder de fuego que está encargado de la seguridad inmediata del chavista y de su familia. Ésa es su guardia pretoriana.

América Latina está dividida frente al despliegue militar estadunidense en el Caribe, que incluye en la zona de siete buques de guerra, algunos de los cuales reciben apoyo logístico en puertos de Curazao, Panamá y Trinidad y Tobago.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se ha manifestado en contra de una eventual invasión a Venezuela. “No intervención, nosotros estamos en contra de las intervenciones”, aseguró la semana pasada.

Esa postura fue reiterada por México el lunes 1 de septiembre último durante una reunión extraordinaria de cancilleres de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Ese encuentro, que se desarrolló en la modalidad virtual, acabó sin acuerdo entre los países de la región para emitir un pronunciamiento conjunto en rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en inmediaciones de las costas de Venezuela.

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, dijo que la reunión se llevó a cabo “en un contexto de creciente preocupación por la presencia de buques militares de un actor extrarregional en el mar Caribe”, y dijo que toda acción en la región debe ajustarse, “estrictamente, a los principios del derecho internacional, en particular al respeto de la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

Pero la postura de Colombia, México, Brasil y los países de la llamada izquierda bolivariana (Venezuela, Cuba y Nicaragua) no es precisamente compartida por otras naciones latinoamericanas con gobiernos de derecha, como Argentina, Ecuador y Perú.

Para estos países, los esfuerzos deben centrarse en la restitución del orden democrático en Venezuela luego de que Maduro cometió un “fraude” en las elecciones del 28 de julio del año pasado, en las cuales, según miles de actas recopiladas por la oposición, fue derrotado por el candidato Edmundo González Urrutia.