BOGOTÁ (proceso).- Hace un año, el 28 de julio de 2024, el chavista Nicolás Maduro perpetró un fraude electoral que le ha permitido permanecer en el poder a un costo muy alto para la sociedad venezolana, no sólo por la ruptura del orden constitucional y el surgimiento de un gobierno de facto, sino por el cúmulo de crímenes cometidos por la fuerza pública chavista.

Una coalición de organizaciones civiles agrupadas en la iniciativa Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento (DDHH-Venezuela en Movimiento) documentó que en el último año se han registrado 24 asesinatos de manifestantes en las protestas contra Maduro; al menos siete personas detenidas por razones políticas murieron durante su reclusión y 36 más están desaparecidas.

Los ejecutores de la represión son policías, guardias nacionales, efectivos del Ejército, agentes de los servicios de inteligencia y contrainteligencia y los paramilitares “colectivos” chavistas, que junto con los tribunales de justicia y la Fiscalía –en ambos casos bajo control de Maduro— se encargan de sancionar con severidad cualquier disidencia.

Desde las elecciones del 28 de julio de 2024, además, se han producido más de dos mil detenciones arbitrarias de ciudadanos, activistas humanitarios, dirigentes opositores, periodistas, académicos y militares que resultan sospechosos para el chavismo. Muchas decenas más de críticos de Maduro han huido del país.

En los últimos meses, la represión ha sido más selectiva y quirúrgica y está orientada a causar miedo entre la población y a desincentivar el disenso político y las denuncias de los dirigentes sociales.

En su informe sobre el primer año del fraude electoral del 28 de julio de 2024, titulado “El libro gris de Nicolás Maduro”, DDHH-Venezuela en Movimiento sostiene que a partir de esa fecha el Estado venezolano pasó de ser “un régimen autoritario con fachada electoral a convertirse abiertamente en un gobierno de facto”.

De acuerdo con el reporte, la frontera ambigua que durante años permitió al chavismo simular institucionalidad y reclamar una legitimidad democrática “ha desaparecido”. Y hoy, “el poder se ejerce al margen del orden constitucional, sin legitimidad de origen”, y el régimen se convirtió en una “dictadura con rasgos neototalitarios”.

En ese contexto, “a la represión sistemática, censura, eliminación de contrapesos y uso del aparato coercitivo estatal, se suman prácticas propias del totalitarismo contemporáneo: vigilancia digital, control del discurso, infototalitarismo, castigos ejemplarizantes, normalización del miedo y destrucción simbólica del disenso”.

A la degradación del régimen político y a la represión se suman un nuevo periodo de retroceso económico --el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera una contracción del Producto Interno Bruto de -4% este año-- y la profundización de la crisis social, que se expresa sobre todo en la insuficiencia de ingresos de la mayoría de las familias para adquirir la canasta alimentaria básica.

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que produce informes económicos independientes ante la opacidad del gobierno, un venezolano necesita ganar tres veces el salario promedio del sector privado, que es muy superior al del sector público, para poder comprar una canasta alimentaria básica.

El 70% de los trabajadores en Caracas, por ejemplo, no puede hacerlo, y ese porcentaje tiende a crecer en la medida en que el país se sumerge en una nueva espiral hiperinflacionaria. El FMI estima que este año los precios se incrementarán en 254% este año.

Éxodo poselectoral

La iniciativa DDHH-Venezuela en Movimiento considera que el país enfrenta “una severa crisis multidimensional” que define como Emergencia Democrática Compleja (EDC) en la que “no solo se han anulado los derechos políticos, sino también las condiciones sociales mínimas para el ejercicio de la ciudadanía”.

Uno de los efectos de esta nueva emergencia es un incremento en la salida de venezolanos a otros países, tanto por razones políticas como económicas.

Datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) indican que la abatida del presidente estadunidense Donald Trump contra los inmigrantes, entre ellos miles de venezolanos, sólo ha provocado un mayor éxodo hacia destinos diferentes a Estados Unidos, en especial hacia países de la región como Brasil y Colombia.

Según los registros de R4V, en mayo de este año los refugiados y migrantes venezolanos en países de América Latina y el Caribe sumaban seis millones 874 mil 261, una cifra superior en 4.35% a la del mismo mes de 2024. Esto significa que más de 287 mil nacionales de Venezuela han salido en el último año de su país hacia naciones de la región y otros 60 mil han emigrado a España.

Una encuesta de la firma Meganálisis de marzo de este año indicó que el 8.7% de venezolanos (unas 830 mil personas) ya ha tomado la decisión de marcharse del país lo antes posible.

La migración por razones políticas incluye a decenas de dirigentes opositores, activistas de derechos humanos, periodistas independientes y académicos que han sido perseguidos por los organismos de seguridad del régimen. Muchos de los que decidieron permanecer en el país figuran entre los 853 presos políticos de Maduro, según registros del Foro Penal Venezolano.

La coalición DDHH-Venezuela en Movimiento señala en su informe que se observa “un incremento del exilio forzado y silencioso de líderes sociales y políticos que salen del país sin anunciarlo públicamente, por miedo, desgaste emocional o necesidad de proteger a sus redes”.

El sociólogo y defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui, quien se encuentra en el exilio, dice a Proceso que el recrudecimiento de la percusión sistemática de las voces críticas obedece a que Maduro optó por la represión como método para hacer frente a una realidad política.

El activista venezolano señala que en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, Maduro se percató que se ha convertido en una minoría y que ni siquiera poniendo toda clase de trampas a la oposición –como la inhabilitación de la dirigente María Corina Machado— pudo ganar esas elecciones.

Según el Centro Carter, que observó los comicios presidenciales del año pasado, éstos “no pueden ser consideradas democráticos”, y ante la falta de resultados verificables por parte del chavista Consejo Nacional Electoral (CNE), el único soporte que existe de ellos son las copias digitales de las actas –todas ellas autenticadas con códigos de barras-- que entregó la oposición.

Estas indican que el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien fue apoyado por Machado tras ser inhabilitada por el chavismo, obtuvo el 67.1% de los votos y Maduro sólo el 30.4%.

“Maduro –dice Uzcátegui-- estaba seguro de que iba a contar con los votos suficientes, pero los resultados le indicaron que él representa a una minoría social y electoral y lo que le queda es construir una gobernabilidad basada en la coerción, en el uso de la fuerza y en el ‘terrorismo de Estado’ (según acusó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”.

Y a un año de esos comicios, señala el director de Laboratorio de Paz de Venezuela, la sociedad venezolana todavía parece estar asimilando “todo lo que significa el fraude electoral” y la consolidación de régimen autocrático que gobierna al país.

Maduro controla el Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral –que en Venezuela es un poder del Estado-- y la unicameral Asamblea Nacional, lo que le permitió que cada una de esas instituciones avalara el fraude electoral del hace un año, aun cuando ninguna autoridad ha dado a conocer los resultados desglosados por casillas, como establece la ley.

Punto de inflexión

En las elecciones del 28 de julio de 2024, Maduro comprendió que jamás podrá ganar una elección libre y competitiva y se dio a la tarea de comenzar a construir un nuevo marco legal para controlar a la oposición, a las ONG, a los periodistas independientes –la mayoría de los cuales hace su trabajo desde el exilio— y también a los electores.

En agosto pasado, la Asamblea Nacional, en la que Maduro, como Morena en México, tiene mayoría calificada, aprobó la llamada Ley Anti-ONG, que busca suprimir a las organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan al poder político en Venezuela. El referente del chavista es Nicaragua, donde legislaciones de este tipo han llevado al cierre de cinco mil 600 asociaciones sin fines de lucro desde 2018.

En noviembre anterior, la aplanadora legislativa chavista aprobó la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República”, que penaliza a quienes invoquen y respalden sanciones internacionales contra el régimen y a quienes desconozcan a las autoridades y los actos del poder público. 

A estas normas se sumará eh las próximas semanas la llamada Ley Antifascista, que es una prioridad en la agenda de la Asamblea Nacional.

La politóloga venezolana Yoletty Bracho dice que estas leyes promovidas por Maduro apuntan a “institucionalizar la represión” contra los opositores, dirigentes sociales y periodistas independientes, a quienes se acusaría de manera discrecional de cargos como “fascismo”, “traición a la patria” y “acciones insurreccionales”.

Cualquier ciudadano que no reconozca a Maduro como presidente puede ser acusado de “fascista” y cualquier manifestación contra el régimen podría ser considerada una “acción insurreccional”. Las penas van de 25 a 30 años de cárcel y hasta 60 años de inhabilitación política.

Además, Maduro impulsa una reforma constitucional para crear el “Estado Comunal” y el “Poder Comunal”, figuras que apuntan a sustituir al actual sistema electoral por otro de voto indirecto en que serán las comunas, controladas por el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), las que elijan al presidente y a otras autoridades.

El doctor en derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Allan Brewer Carías afirma que lo que viene “es una dictadura constitucional”.

El jurista señala que Maduro busca un sistema electoral como el de Cuba, donde el presidente no es elegido por el voto popular, sino por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la cual está integrada por 470 diputados cuyas candidaturas son postuladas por Asambleas Municipales (equivalentes a las comunas maduristas) controladas por el Partido Comunista y por sindicatos y organizaciones sociales del régimen.

Los cubanos solo pueden votar por los candidatos surgidos de ese sistema centralizado y corporativista en el que el principal elector es, invariablemente, el Partido Comunista, el único que existe en la isla.

Maduro ha postergado varias veces la divulgación del contenido de la reforma constitucional que busca para crear un “Estado Comunal” aunque desde principios de este año designó a una comisión que supuestamente redactará la propuesta y de la cual forman parte sus incondicionales, entre ellos su esposa, Cilia Flores.

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Benigno Alarcón, sostiene que Venezuela se encuentra en un “punto de inflexión silencioso, pero muy complejo” en el que la consolidación de un modelo autocrático hegemónico ya es un hecho.

“Lo que está en discusión no es su existencia, sino su sostenibilidad”, asegura.

Y dice que el régimen de Maduro ha dejado de buscar legitimidad democrática y se refugia en “el poder de la fuerza”, pero un régimen de esa naturaleza “es históricamente insostenible en el largo plazo” sin resultados sociales y económicos.

Alarcón afirma que, en el contexto actual, es muy remota la posibilidad de una alternancia mediante las vías institucionales tradicionales, sobre todo porque Maduro ha construido un régimen autocrático y la presión internacional ha perdido fuerza.

“Sin embargo –agrega-- la acumulación de crisis superpuestas (económica, social) y las tensiones latentes en el bloque gobernante (principalmente entre Maduro y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, actual ministro del Interior) constituyen factores de inestabilidad cuyo desenlace dependerá de la capacidad opositora para articular una estrategia flexible, con anclaje local y respaldo global”.