BOGOTÁ (apro).- La jueza penal Sandra Heredia declaró hoy al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal y anunció que la sentencia --de entre cuatro y ocho años de prisión por cada delito—será leída el próximo viernes.

La jueza adelantó que el expresidente podría cumplir su sentencia en prisión domiciliaria.

Este inédito fallo convirtió a Uribe Vélez, de 73 años de edad, en el primer exgobernante en la historia de este país en ser convicto por cargos penales que tendrá que pagar con una sentencia carcelaria que será anunciada el próximo viernes.

La defensa del exmandatario dijo que apelará el veredicto.

Heredia, jueza penal del Circuito de Bogotá y quien fue presionada en las últimas semanas por políticos uribistas, columnistas conservadores y medios tradicionales de comunicación para declarar inocente al exmandatario, acusó a la defensa de tejer a lo largo del proceso “múltiples mentiras que, al contrastarlas con la realidad, quedaron al descubierto”.

Heredia dijo que en el juicio “quedó suficientemente acreditada” la culpabilidad de Uribe Vélez en los delitos de “soborno en actuación penal” y “fraude procesal” al intentar comprar al testigo Juan Guillermo Monsalve, a través de intermediarios, para que se retractara de haberlo acusado de tener vínculos con grupos paramilitares y para que culpara, en cambio, al senador izquierdista Iván Cepeda de cooptarlo para inventarle delitos al exmandatario.

Monsalve, un exparamilitar que trabajaba en una finca del expresidente, ha relacionado a Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago con la creación del “bloque Metro” de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, aunque esa acusación no era materia de este juicio.

En la audiencia, que se prolongó por más de 10 horas, la jueza leyó parte del veredicto, que en su versión original tiene más de mil páginas.

El inédito fallo de culpabilidad contra el expresidente no significa el fin del proceso, ya que, con la apelación de la defensa, el fallo será revisado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá resolverse antes del 8 de octubre para evitar la prescripción del caso. Esa es la apuesta de la defensa.

Si ese tribunal ratifica el veredicto de culpabilidad, la defensa del exgobernante podría acudir a la Corte Suprema de Justicia con un último recurso, el de casación, lo que ampliaría los términos procesales por cinco años más.

El primer fallo contra Uribe Vélez este lunes avivó la polarización política que ha registrado Colombia en los últimos años y será un elemento gravitante en las campañas para las elecciones presidenciales del año próximo, en las que la derecha uribista y la izquierda de Petro serán protagonistas.

Uribe Vélez es el principal líder de la ultraderecha colombiana y el más poderoso adversario político del presidente Gustavo Petro, primer izquierdista en gobernar Colombia.

Pocos colombianos pueden mantener una postura neutral frente al exmandatario, quien es considerado por un sector del país como el hombre que salvó a Colombia de la guerrilla de las FARC y, por otro, como un “criminal y violador de derechos humanos”.

Durante años, los abogados de Uribe Vélez intentaron alargar el juicio para que el caso prescribiera, e incluso el anterior fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, señalado por muchos de sus críticos como “un peón” de la extrema derecha de este país, intentó precluir (dar por cerrado) el caso, lo que rechazaron en 2022 dos diferentes juzgados.

Fallo “en derecho”

El expresidente, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 –con una reelección—con la promesa de aniquilar militarmente a la entonces guerrilla de la FARC, es un personaje controvertido que enfrenta decenas de acusaciones e investigaciones judiciales que incluyen delitos como homicidios, masacres, nexos con grupos paramilitares de extrema derecha y la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Según los adversarios del expresidente, ninguno de esos casos ha logrado por la enorme influencia política del político derechista, lo que habría garantizado, hasta ahora, su impunidad.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado para juzgar los crímenes del conflicto armado interno en Colombia, determinó que durante los dos gobiernos de Uribe Vélez las fuerzas militares ejecutaron a seis mil 402 civiles que presentaron como guerrilleros dados de baja en combate.

Al dar a conocer esta mañana el fallo de culpabilidad, la jueza Sandra Heredia dijo que este proceso desató muchas pasiones, pero que la justicia no se trata de opiniones, sino de verdades que no están “ni al servicio de la política, ni de la prensa, sino del país”.

Además, denunció intentos de “deslegitimación, ataques e intentos de enlodar” su actuación en este juicio, así como agresiones “machistas y cuestionamientos que quizá no se habrían generado si (el juez) fuera un hombre”.

Pero la justicia, señaló, no debe tener orientación política ni simpatías o antipatías.

Este fallo, agregó, se hizo “en derecho y en justicia” luego de un “largo y riguroso camino probatorio” a lo largo de 67 audiencias y el mismo “honra el principio de que todos somos iguales ante la ley”.

La Fiscalía presentó 37 testigos la defensa 70.

Heredia le dio credibilidad a los testimonios durante el juicio del senador Iván Cepeda, a quien Uribe Vélez intentó procesar penalmente por manipulación de testigos.

Además, consideró creíbles las declaraciones del testigo de Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, durante el proceso, quien dijo que el abogado Diego Cadena y el condenado por secuestro, Enrique Pardo Hasche, se presentaron como enviados del expresidente e intentaron sobornarlo para que declarara contra el senador izquierdista.

La jueza del caso, en cambio, desacreditó uno por uno los testimonios de los testigos de la defensa.

De acusador a acusado

El caso comenzó, paradójicamente, con Uribe Vélez como acusador, en 2012, cuando el exmandatario acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de manipular a testigos para lo acusaran de vínculos con paramilitares.

En 2018, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desvirtuó las acusaciones del expresidente y en cambio decidió investigarlo al encontrar indicios de que quien buscó armar testimonios falsos contra Cepeda fue él.

Existen grabaciones telefónicas, videos y testimonios que lo involucran en una trama orientada a manipular y presionar a testigos que lo señalan como aliado de grupos paramilitares.  Esas pruebas llevaron a la Corte Suprema a llamar a juicio penal, por primera vez, a un expresidente.

Como parte de su estrategia, y con el respaldado de varios medios de información tradicionales, en 2020 Uribe Vélez renunció a su curul en el Senado para que no lo investigara la Corte Suprema, sino la Fiscalía, cuyo titular en esa época, Francisco Barbosa, era un incondicional del gobierno derechista que encabezaba su amigo, el entonces presidente Iván Duque.

La fiscalía de Barbosa intentó dos veces precluir (dar por cerrado) el caso, lo que la justicia colombiana rechazó. En 2020, el exgobernante permaneció dos meses en prisión domiciliaria por este mismo caso en una enorme finca ganadera que tiene en el noroccidental departamento de Córdoba.

La Corte Suprema de Justicia, tribunal que tiene entre sus funciones juzgar a los presidentes y miembros del Congreso, lleva una veintena de procesos en los que el exmandatario aparece como presunto responsable de delitos relacionados con las atrocidades que cometieron grupos paramilitares en los 80, 90 y a principios de este siglo.

Y la Comisión de Acusaciones del Congreso ha recibido 548 denuncias contra el político derechista por múltiples delitos, entre ellos financiamiento ilegal de campañas políticas.

El Centro Democrático (CD), el partido fundado por Uribe Vélez en 2013, repudió el fallo condenatorio y consideró que su líder y fundador es víctima de una “persecución política”.

El senador Iván Cepeda señaló que el veredicto condenatorio contra el expresidente muestra que la justicia es posible y que la lucha de las víctimas rinde frutos, aunque hay que esperar cómo se desarrolla el proceso en segunda instancia.

El precandidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella llamó a los seguidores del expresidente a marchar en su defensa “para demostrarle al mundo que más allá de la persecución jurídica, del montaje, el símbolo sigue vivo”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó en su cuenta de X, sin ningún pudor por su intervencionismo, que “el único delito” del expresidente “ha sido luchar incansablemente y defender su patria”. Y luego sentenció: “La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.

El presidente Gustavo Petro dijo por su parte que su gobierno protegerá a la jueza Sandra Heredia y a su familia. “En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, afirmó.