(AP).- Los funcionarios del estado de Nueva York le dijeron a la administración Trump que no cumplirán con sus demandas de poner fin a las prácticas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas públicas, a pesar de las amenazas de la administración de terminar con la financiación federal a la educación.

Daniel Morton-Bentley, abogado y comisionado adjunto del Departamento de Educación del estado, dijo en una carta fechada el viernes al Departamento de Educación federal que los funcionarios estatales no creen que la agencia federal tenga la autoridad para hacer tales demandas.

“Entendemos que la administración actual busca censurar todo lo que considere 'diversidad, equidad e inclusión'”, escribió. “Pero no existen leyes federales ni estatales que prohíban los principios de DEI”.

Morton-Bentley también escribió que los funcionarios estatales "desconocían" cualquier autoridad que tuviera el Departamento de Educación federal para exigir que los estados estuvieran de acuerdo con su interpretación de las decisiones judiciales o para terminar la financiación sin un proceso administrativo formal.

El Departamento de Educación de EU no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

El jueves, la administración Trump ordenó a las escuelas primarias y secundarias de todo el país que certifiquen en un plazo de 10 días que cumplen con las leyes federales de derechos civiles y eliminan cualquier práctica discriminatoria de DEI, como condición para recibir fondos federales. La financiación federal representa aproximadamente el 6% del total de fondos para las escuelas primarias y secundarias de Nueva York.

“La asistencia financiera federal es un privilegio, no un derecho”, declaró Craig Trainor, subsecretario interino de Derechos Civiles, cuando se presentó la demanda. Añadió que muchas escuelas han incumplido sus obligaciones legales, “incluso al utilizar los programas de DEI para discriminar a un grupo de estadounidenses y favorecer a otro”.

La exigencia de certificación exigía a los líderes estatales y escolares que firmaran un "recordatorio de obligaciones legales" en el que se reconocía que el dinero federal estaba condicionado al cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles. También exigía el cumplimiento de varias páginas de análisis legal elaborado por la administración.

La demanda amenaza específicamente la financiación del Título I, que envía miles de millones de dólares al año a las escuelas de Estados Unidos y se dirige a las zonas de bajos ingresos.

Morton-Bentley escribió que el Departamento de Educación estatal ya ha certificado al gobierno federal en múltiples ocasiones, la más reciente en enero, que cumple con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Añadió que el departamento federal basa sus exigencias de eliminar los programas de DEI en una interpretación legal errónea.

“Dado que ya posee garantías del NYSED de que cumple y cumplirá con el Título VI, no se otorgará ninguna otra certificación”, escribió.

También afirmó que la postura de la administración representa un cambio radical con respecto a la adoptada por la primera administración Trump, citando comentarios de 2020 de la entonces secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, en los que afirmaba que la diversidad y la inclusión eran pilares del alto rendimiento organizacional. Escribió que la administración no ha explicado por qué cambió de postura.

Los críticos de la demanda de certificación dijeron que entraba en conflicto con la promesa de Trump de devolver la educación a las escuelas y los estados.

La amenaza de sanciones financieras es similar a las que la administración Trump ha estado utilizando contra las universidades en su esfuerzo por reprimir las protestas contra Israel, que considera antisemitas.

El estado de Nueva York también se ha negado a cumplir con una demanda de la administración Trump de cerrar un programa para financiar el transporte público en la ciudad de Nueva York con peajes elevados para los automóviles que circulan hacia Manhattan.