GINEBRA (apro).- Human Rights Watch (HRW en inglés), una de las organizaciones de la sociedad civil más influyentes del mundo, deploró que el gobierno de Dina Boluarte de Perú amenaza los derechos de las personas con discapacidad con una nueva reforma a la ley en ese país. 

“Tener una discapacidad nunca debería significar la pérdida de la libertad. Sin embargo, en toda América Latina, miles de personas con discapacidad siguen siendo institucionalizadas por la fuerza —a menudo desde una edad temprana— sin control sobre sus propias vidas. Una nueva reforma a la Ley General de la Persona con Discapacidad en Perú lamentablemente ejemplifica este problema”, subraya Carlos Ríos Espinosa, director asociado de HRW en el área de Discapacidades. 

El 2 de abril, el Congreso de Perú añadió el Artículo 29.2 a la ley, que establece: “El Estado promueve la creación de centros de atención especializada y albergues temporales y permanentes para personas con discapacidad”, recuerda. 

“Esta enmienda ignora los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la cual Perú es parte’’, deplora Ríos Espinosa en un mensaje dirigido a la prensa. 

“En los años que llevo conociendo a personas con discapacidad en instituciones en toda la región, me he encontrado con historia tras historia como la de Mariana, una joven ciega desde la infancia, fue ingresada en una institución en Brasil a los 12 años. A los 18, todavía no sabía leer, escribir ni usar el braille debido a su acceso limitado a la educación. Su vida estaba completamente controlada por otras personas”, denunció. 

Según el experto, “la institucionalización es una de las formas más extendidas de segregación y discriminación contra las personas con discapacidad en América Latina. Aunque los datos confiables son escasos, los patrones son evidentes. Muchas personas con discapacidad permanecen en instituciones durante años —a menudo hasta su muerte— donde sus vidas son estrictamente controladas, incluyendo cuándo y qué comer, qué actividades pueden realizar y con quién pueden interactuar”. 

Además, “muchos países siguen destinando fondos públicos para construir o mantener instituciones, bajo la creencia de que son la única opción viable para las personas con discapacidad”. 

Perú, de hecho, había dado pasos recientes hacia la desinstitucionalización mediante una estrategia adoptada en febrero por su Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Aunque esta estrategia se encuentra en una etapa inicial, la introducción del Artículo 29.2 este mes —y su autorización de “centros de atención especializada y albergues temporales y permanentes para personas con discapacidad”— equivale a crear instituciones residenciales permanentes bajo otros nombres, logrando exactamente lo contrario a la desinstitucionalización, explica Ríos Espinosa. 

En Perú, las personas con discapacidad suelen ingresar a instituciones siendo niñas, como ocurrió con Mariana en Brasil, y solo las abandonan cuando fallecen, según CONADIS. “La presidenta del Perú, Dina Boluarte, puede y debe impedir una mayor institucionalización vetando esta nueva enmienda y reafirmando el compromiso de Perú con la dignidad, la autonomía y el derecho a la libertad de todas las personas, incluido el derecho a elegir dónde vivir”, remata el experto.