CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La caída de CAME, una de las Sociedades Financieras Populares (Sofipo) más grandes del país, dejó colgados a más de un millón de ahorradores sin operaciones, sin acceso a su dinero y sin explicaciones claras del gobierno.  

La entidad dejó de operar oficialmente el 13 de junio tras ser intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Y aunque las autoridades prometieron protección, el fondo encargado de devolver el dinero no tiene recursos suficientes para cubrir la magnitud del problema. 

De acuerdo con un reporte de Moody’s Local México publicado este jueves 19, al cierre de diciembre de 2024, el Fondo de Protección para Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo) contaba con activos líquidos por apenas 594 millones de pesos, un monto muy por debajo de los mil 600 millones de pesos en captación tradicional que CAME reportó en su último informe. 

El seguro de depósitos que administra Prosofipo protege a cada ahorrador hasta por 25 mil Unidades de Inversión (UDIS). Pero ese límite no cubre los saldos excedentes, y el fondo tampoco tiene capacidad operativa suficiente para enfrentar una devolución simultánea de recursos a más de un millón de personas, señaló la calificadora. 

“Lo que Moody’s nos está diciendo, en términos financieros, es que el fondo está técnicamente rebasado. No importa cuántos ahorradores estén en el umbral cubierto por UDIS: si todos solicitan su devolución al mismo tiempo, el recurso no alcanza”, explicó a Proceso una fuente con conocimiento directo del caso. 

El pasado 13 de junio, la CNBV anunció que su Junta de Gobierno acordó intervenir a CAME bajo el esquema de gerencia. Aunque se presentó como una medida preventiva, en la práctica implicó la suspensión total de operaciones, la toma de control administrativo y la congelación del acceso a los ahorros para más de 1.3 millones de usuarios, muchos de ellos en zonas rurales, sin acceso a bancos ni otra forma de proteger su patrimonio. 

CAME ocupaba el octavo lugar entre las Sofipos por tamaño de activos, con una cartera de tres mil 160 millones de pesos al cierre de 2024.  

Un riesgo sistémico negado, pero con costo social enorme 

Para Moody’s, la quiebra de CAME no representa un riesgo sistémico, porque su tamaño es pequeño en relación con el sistema bancario tradicional.  

Pero esa lectura no ignora el daño concreto que deja: más de un millón de personas que enfrentan la posibilidad real de no recuperar su dinero. 

“No se sabe cuántos depósitos estaban correctamente registrados, cuánto dinero queda efectivamente disponible, ni cuánto tiempo tomará activar los pagos”, expuso una fuente, que pidió anonimato por motivos de seguridad. 

El diseño del fondo también juega en contra. A diferencia del IPAB —que protege a los clientes de bancos con una cobertura de hasta 400 mil UDIS—, Prosofipo fue diseñado sin respaldo presupuestal directo del gobierno federal, y su financiamiento depende exclusivamente de las aportaciones de las propias Sofipos. No tiene una fuente de fondeo contingente ni una línea de liquidez inmediata. 

El año en que colapsó la confianza 

El caso CAME marcó un parteaguas, y 2025 podría ser el año en que colapsó la confianza en el sistema de ahorro popular. 

La CNBV —encargada de supervisar, sancionar y garantizar la solidez de las Sofipos— permitió que la fragilidad financiera se acumulara durante años. Y cuando intervino, lo hizo sin explicar ni transparentar los riesgos reales para los usuarios. 

Fuentes del sector aseguran que la CNBV conocía los problemas de liquidez de CAME al menos desde mediados del año pasado. Pero no se activaron medidas de resolución ordenada ni hubo una estrategia preventiva de comunicación con los ahorradores. 

“Otra vez ocurre lo mismo: cuando la entidad colapsa, el regulador llega tarde y sin plan operativo visible. Pero a diferencia de otros casos, aquí no hay bancos grandes ni inversionistas de alto perfil. Hay miles de personas que solo tenían esos ahorros. Y no tienen ni información ni respaldo político”, lamentó una fuente del sector financiero. 

Sin respuestas 

Hasta el momento, ni la CNBV ni la Secretaría de Hacienda han explicado a las víctimas cómo ni cuándo se activará el proceso de devolución. Muchos señalaron a Proceso que no existe un micrositio oficial con folios, ni una línea de atención.  

En redes sociales y en las oficinas de CAME, los usuarios siguen llegando a preguntar por su dinero, sin obtener respuestas.