CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México insistió en responsabilizar a la alcaldía Cuauhtémoc por la autorización y supervisión de la demolición del inmueble de San Antonio Abad 124 —donde el 9 de marzo murieron tres trabajadores tras un colapso—, en respuesta a la versión de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien sostiene que la obra fue avalada por dependencias del gobierno central. 

En un video mensaje difundido en X este viernes 13 de marzo en la cuenta oficial de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (Sevivienda), el titular de la dependencia, Inti Muñoz Santini, aseguró que las facilidades administrativas otorgadas en el marco del proceso de reconstrucción no equivalen a un permiso de demolición y que las alcaldías son las autoridades facultadas para autorizar y vigilar ese tipo de obras. 

“La aplicación de esas facilidades no es un permiso y no exenta a nadie de seguir los pasos normativos en materia de construcciones y demoliciones”, afirmó. 

Compartimos información sobre los procesos administrativos relacionados con lo ocurrido en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, y aclaramos versiones que han generado desinformación sobre este lamentable hecho. pic.twitter.com/tj9kF88eJI

— Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (@Vivienda_CDMX) March 13, 2026

La intervención del funcionario ocurre a dos días de que la alcaldesa opositora difundió un video en el que sostuvo que la empresa encargada de los trabajos solicitó permiso a la alcaldía el 26 de septiembre de 2025 y que la demarcación respondió el 30 de septiembre negando la solicitud al considerar que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad. 

“A pesar de esto, la empresa decidió iniciar los trabajos de demolición. ¿Por qué? Porque el 20 de octubre del 2025 Sevivienda y Secretaría de Gobierno (Secgob) les otorgó estas famosas facilidades administrativas y autorizó la demolición, usando el acuerdo de la Comisión de Reconstrucción. Aunque nosotras, como alcaldía, dijimos que no, ellos dijeron que sí”, afirmó la alcaldesa. 

Según Rojo de la Vega, dichas facilidades derivan de un acuerdo aprobado el 14 de marzo de 2021 por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México que, según su interpretación, permite a la Secretaría de Vivienda autorizar demoliciones sin requerir estudios ni programas de protección civil. 

El secretario de Vivienda respondió a esa versión y sostuvo que la Comisión únicamente puede determinar la aplicación de facilidades administrativas o fiscales para que los propietarios de inmuebles afectados por los sismos de 2017 realicen trámites, pero no autorizar obras. 

Muñoz explicó que cuando se trata de predios privados con usos no habitacionales —como oficinas o comercios— esas facilidades solo permiten a los propietarios realizar gestiones ante las autoridades correspondientes, sin sustituir los procedimientos que deben seguirse ante la alcaldía. 

En ese sentido, precisó que la Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establecen que las alcaldías cuentan con la atribución exclusiva para registrar manifestaciones de obra, expedir permisos o licencias de construcción o demolición y vigilar administrativamente el cumplimiento de dichas autorizaciones. 

El funcionario también refirió que el 20 de octubre de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc fue notificada mediante oficio sobre la aplicación de facilidades administrativas a los propietarios del inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, con el objetivo de que la autoridad territorial realizara las acciones que establece la normatividad vigente. 

En la versión del funcionario, en ese documento se indicó que, en caso de autorizar la demolición, la alcaldía debía verificar que el particular contara con un programa de demolición avalado por un Director Responsable de Obra (DRO), un programa de Protección Civil, una póliza de responsabilidad que cubriera daños a terceros y medidas de protección para inmuebles colindantes. 

Muñoz dijo que el 12 de noviembre de 2025 la propia alcaldía informó que había sido notificada del inicio de los trabajos por parte de la empresa encargada de la demolición y que se observarían los requisitos establecidos por la ley. 

Entonces, se refirió al documento utilizado por Rojo de la Vega en su video como prueba de que la demolición había sido rechazada por su administración: “Se trata de la respuesta a una solicitud del trámite llamado publicitación vecinal para licencia de construcción especial de demolición. En ese documento se le solicita a la empresa entregar planos, subsanar observaciones, entregar memorias técnicas y otros documentos, dándole para ello cinco días hábiles sin negarle la licencia en ningún momento”. 

Y afirmó que, a partir de ese documento, no es posible determinar si la alcaldía negó o autorizó la licencia de demolición, por lo que Rojo de la Vega deberá informar con precisión sobre las actuaciones realizadas. 

El inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito, presentaba daños estructurales severos derivados de los sismos de 2017, condición que fue dictaminada desde 2018 por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, tras lo cual sus propietarios fueron notificados sobre la necesidad de llevar a cabo su demolición. 

El derrumbe ocurrió la tarde del 9 de marzo mientras se realizaban trabajos de demolición en el edificio. Tres losas colapsaron cuando trabajadores realizaban labores de desmontaje de puertas, ventanas y otros elementos del inmueble. 

Tres trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros y fueron localizados sin vida durante las labores de rescate realizadas por equipos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Tras concluir las labores de rescate, el inmueble quedó bajo resguardo ministerial y la investigación sobre las causas del colapso quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.