CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos, la Ley del IEPS y la Ley Aduanera buscan fortalecer los ingresos públicos, lo hacen “sin una estrategia clara” y resultan insuficientes frente a las necesidades del país. 

En realidad, se requiere una reforma fiscal de mayor calado, señaló el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

A partir de su análisis de la Miscelánea Fiscal 2026, el instituto explicó que los cambios propuestos apenas representarían una recaudación adicional de 270 mil 712.5 millones de pesos, equivalente a 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

“El análisis concluye que la Miscelánea Fiscal 2026 se limita a ajustes normativos y omite la urgencia de una reforma fiscal estructural con visión de largo plazo”, se lee en el documento.

El CIEP recalcó que la discusión pública no puede reducirse a un cálculo de ingresos inmediatos, sino que debe enfocarse en evaluar si las medidas planteadas logran un equilibrio entre una recaudación sostenible, la protección de la industria nacional y el bienestar social.

En el caso de los llamados impuestos saludables, aplicables a tabaco, bebidas azucaradas, apuestas y videojuegos, el instituto insistió en que, para que realmente cumplan un propósito extrafiscal, es indispensable que los recursos adicionales se etiqueten y se transparente su destino.

De lo contrario, sostuvo, perderán legitimidad social. Subrayó que dichos ingresos deberían canalizarse al fortalecimiento del sistema de salud pública, lo que daría mayor respaldo ciudadano a estas cargas.

Estrategia del gobierno

El estudio detalló que la estrategia recaudatoria para 2026 del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se apoya principalmente en una fiscalización más estricta.

El énfasis está en combatir las facturas falsas y en utilizar la información de plataformas digitales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Además, se proponen ajustes en materia aduanera con el objetivo de modernizar la infraestructura tecnológica y robustecer los mecanismos de control en el comercio exterior.