CIUDAD DE MÉXICO (apro).-).- La promotora de espectáculos Ocesa y de Protección Privada Lobo ya fueron imputadas por “Homicidio Culposo” en relación a los decesos de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas; el anuncio advierte un rompimiento legal entre las familias con acusaciones “indirectas” de frenar el caso.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ya notificó a dichas empresas como formalmente imputadas en la carpeta CI-FIMH/H-1/UI-1S/D00070/04-2025R1, en añadido a otras tres personas morales y ocho físicas que ya aparecían en el caso Axe Ceremonia. Ello luego de una revisión alterna de tres jueces de control que señalaron al Ministerio Público (Mercedes Karina Granados Perales) evasiones para dar la calidad de imputadas.

En un video en donde aparece Luis Raúl Giles Martínez, padre de Berenice Giles, agradece a todos aquellos que han seguido el caso:

“Ocesa y Lobo ya son formalmente imputadas en el caso Axe Ceremonia, agradezco a los medios y personas que han seguido la batalla de mi familia y equipo legal pues hemos buscado justicia.

"Llevamos más de nueve meses en un infierno ministerial, luchando contra la violencia institucional y de negación de justicia que nos ha cometido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, institución empeñada en proteger y encubrir a Ocesa y Seguridad Privada Lobo, afortunadamente hace poco tiempo vimos luces de justicia en nuestro camino…

Y tras dar detalles de movimientos legales precisa:

“Gracias a tres jueces valientes jueces, aunque la Fiscalía encubre a Ocesa y Lobo, el pasado 20 de enero de este año se nos notificó que desde el 14 de enero del año en curso la Ministerio Público, Mercedes Karina Granados Perales, ya le dio la calidad de imputadas a Ocesa y Lobo, sin embargo no todo son buenas noticias pues estamos enterados que algunas personas por falta de empatía y entereza intentan demeritar nuestro trabajo y avances obtenidos en nuestra lucha disfrazado por una falsa justicia, y por encima de observar el bien común se valen de otros movimientos para abanderar justicia, sin transparencia, sin dejar ver sus intereses reales valiéndose de actos provocativos para interferir en nuestro proceso y desprestigiar el trabajo de la Juez Federal María del Carmen Sanchez Cisneros”.

Esto a la par de señalar que desde principios de la investigación presentaron pruebas contundentes que advertían la responsabilidad y organización de Ocesa y Lobo en Axe Ceremonia 2025, como informó Proceso en entrevista en septiembre del año pasado; entre las pruebas está una Resolución Administrativa (oficio número AMH/DGGAJ/OF-0157/2025, expediente 0001/2025/ESP, de fecha 6 de mayo de 2025) y boletos del mismo festival, entre otros que en total sumarían 30 datos.

Y finaliza:

“No nos rendiremos seguiremos en pie de lucha hasta lograr que todos y cada uno de los involucrados, organizadores y responsables del Axe Ceremonia 2025 asuman su responsabilidad moral y legal por su participan en el hecho que ocasionó el trágico fallecimiento de mi hija Berenice Giles. La verdad jamás daña una causa justa (frase de Mahatma Ghandi)”.

Al concluir el aviso en video de Luis Raúl Giles Martínez hizo un llamado a manifestación y conferencia de prensa la mañana de este miércoles 28 de enero, para dar más datos sobre del caso, esto frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal en esta ciudad.

Separación legal entre familias

Esta publicación de la familia Giles Rivera hace eco a unos días de que la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández protestara frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal colocando un “contador de impunidad” de 98 días frente al inmueble del sur de esta ciudad, y en consignas se señalara a la Jueza Federal, María del Carmen Sanchez Cisneros, como la responsable de que no diera inicio la audiencia inicial, precisamente por la suspensión solicitada por la familia Giles Rivera que buscaba la imputación de Ocesa y Lobo desde un inicio.

De hecho en el boletín entregado a medios este 21 de enero, y con otros señalamientos en pancartas, se apuntaba a la jueza Sánchez Cisneros como “corrupta” y una juez ligada a la entrega de amparos en otros casos, como el de Cuauhtémoc Gutiérrez “Rey de la basura”; Sofía S. Von Roerich, en el caso del Cartel Inmobiliario; y a Carlos Ahumada, ex fiscal de Morelos de encubrimiento por feminicidio.

Con frases como “No más jueces al servicio del poder”, los protestantes, que incluían al padre, madre y hermana de Miguel Ángel Rojas, integrantes del colectivo “Justicia por Miguel” y dos asociaciones con pancartas de derechos humanos, se dijo que no había malestar entre las familias (Giles y Rojas), pero sí diferencias en las representaciones legales.

En ese mismo comunicado, en un párrafo resaltado se lee:

“¿A quién protege la representación legal de la familia Giles Rivera, cuando insiste en detener todo el proceso?”.

Esto, pues la familia de Miguel alude que la audiencia inicial podría iniciar sin tener a Ocesa y Lobo, pues “la fiscalía puede ampliar imputaciones conforme aváncese la investigación, como ocurre de manera ordinaria en el sistema de justicia penal mexicano, sin que ello impida que el proceso aváncese respecto de quienes ya están en condiciones de ser imputados”.

El contador de impunidad, colocado tras picos y otras herramientas que abrieron la banqueta, finalmente se quedó frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal con un anuncio donde se leía “Hoy somos todo por Miguel”.