En suma, Puebla no legisla para proteger. Legisla para controlar. El discurso contra los ciberdelitos es solo apariencia. Detrás hay una ley pensada para castigar al disidente, no al delincuente.

Golpear a los trabajadores migrantes mexicanos es golpear las economías mexicana y estadunidense. De ahí que nadie gana con la idea de deportar a miles de connacionales que viven y trabajan en territorio estadunidense.

En el contexto de este proceso de recomposición, me parece medular insistir en la necesidad de mejorar los protocolos o parámetros para que los nuevos juzgadores respeten y hagan operable el principio del interés superior de la infancia.

Los obispos mexicanos han instado a las autoridades a impulsar un sistema migratorio justo, que ofrezca alternativas reales y respete la dignidad de los inmigrantes y refugiados.

Sin un organismo autónomo la capacidad de los ciudadanos y periodistas para investigar y denunciar actos de corrupción se ve seriamente comprometida. La rendición de cuentas, pilar de cualquier democracia saludable, se debilita.