En los últimos cuatro años han fallecido 15 mujeres dentro del Centro Federal de Readaptación Social 16 (Cefereso 16) CPS Femenil de Morelos, único de su tipo en el país; 11 de ellas sólo en 2023. Las autoridades han catalogado estas muertes como suicidios, por lo que el incremento de estos casos, en un periodo de seis meses, es un problema latente.

Por la muerte de las últimas 13, ocurridas entre 2022 y 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que documentó violaciones al derecho a la salud de las internas, a la seguridad jurídica y al derecho a la igualdad, entre otros.

Este penal se ubica a 57 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca, en el municipio de Coatlán del Río, Morelos. Fue construido en el año 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, por Homex, empresa que quebró en 2013, lo que ocasionó que a partir de ese año Grupo Ideal se hiciera cargo del inmueble.

Grupo Ideal es una empresa derivada de una escisión de Grupo Financiero Inbursa, filial de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim Helú, con la que dicho conglomerado buscaba obtener y operar contratos y concesiones a largo plazo para desarrollar proyectos de infraestructura en América Latina.

De este modo, Grupo Ideal se convirtió en una más de las seis empresas que recibieron un bloque de contratos plurianuales celebrados entre 2010 y 2011 por la Secretaría de Seguridad Pública, entonces encabezada por Genaro García Luna, para la privatización de ocho penales por los que el gobierno federal pagaba 67 mil 358 millones de pesos al año, proyecto para el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó un presupuesto neto de 199 mil 476 millones 600 mil pesos, a pagar en un periodo de 20 años a las contratadas.

Desde el 27 de octubre de 2015, el Cefereso 16 fue incorporado al sistema penitenciario federal, es decir, dejó de ser totalmente privado, pero su operación aún se encuentra a cargo ahora del fondo de inversión Capital Inbursa, también propiedad de Slim.

Proceso consultó a Grupo Carso sobre el tema, cuyos representantes explicaron que Capital Inbursa tomó el control indirecto del contrato que Homex tenía con el gobierno federal debido a que dicha empresa no pagó un crédito que le había sido otorgado por la financiera.

Para el año 2021 la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la renegociación de los ocho contratos, de los cuales sólo subsistieron dos de los proveedores originales, que firmaron desde el sexenio de Calderón, para reducir los montos 15%, con lo que el gobierno federal se comprometió a pagar 57 mil 252 millones de pesos anuales a las seis empresas firmantes.

De acuerdo con los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el penal tiene una capacidad para albergar a dos mil 528 mujeres y para diciembre de 2023 registró una población de mil 201 internas.

En mayo de 2023, la CNDH emitió una recomendación por el caso de 404 mujeres internas en este penal que desde septiembre del año anterior sufrieron una intoxicación por consumir alimentos echados a perder por el calor, a quienes se les negó la atención médica, pues en el centro no había personal médico, de enfermería ni había medicamentos suficientes.

Esta casa editorial consultó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre los suicidios de las mujeres al interior del Cefereso 16, misma que remitió a Proceso a la tarjeta informativa que emitió desde noviembre del año pasado.

En dicha tarjeta, la SSPC informó sobre ocho de los suicidios ocurridos entre julio y noviembre de 2023 en el penal y afirmó que la Fiscalía General del estado de Morelos está encargada de las investigaciones relacionadas con dichas muertes para determinar la causa y el deslinde de responsabilidades.

“Lamentamos el fallecimiento de estas personas y en cada uno de los casos se mantiene atención y acercamiento con las familias”, asentó la dependencia.

Fuentes ministeriales explicaron a esta reportera que, debido a que los suicidios ocurrieron dentro de un penal federal, por ley, la Fiscalía de Morelos está impedida para investigar las causas y hacer el deslinde de responsabilidades a las que aludió la SSPC en su tarjeta informativa del 9 de noviembre de 2023, por lo que los casos han sido remitidos por la institución morelense a la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero.

En tanto, la SSPC señaló también que desde los primeros suicidios registrados estableció un trabajo conjunto con la CNDH.

“Se han realizado cambios y rotación de directores y mandos en el Cefereso 16. Se ha reforzado el trabajo de prevención del suicidio, por lo que se realizan campañas de revisión para la detección y el tratamiento de casos.

“Asimismo, se han redoblado las actividades artísticas, culturales y deportivas entre la población de mujeres privadas de la libertad”.

Al tratarse de un penal operado por el Estado pero propiedad de una empresa privada, las responsabilidades de una y otra parte no están del todo claras.

Grupo Carso señaló a esta revista que la obligación que tiene Capital Inbursa, conforme al contrato que originalmente firmó el gobierno federal con Homex, es la de proveer al OADPRS “un conjunto de elementos físicos (incluyendo, sin limitar, el terreno y la infraestructura), materiales tecnológicos y auxiliares para que Prevención y Readaptación Social cumpla con sus funciones en materia penitenciaria, mismas que le son exclusivas e indelegablemente”.

“Los empleados, funcionarios, administradores y/o cualquiera otra persona relacionada con las empresas proveedoras del servicio, no mantienen contacto alguno con las personas privadas de la libertad (PPLs), por lo tanto, no tienen ni pueden tener conocimiento personal y/o intervención en las actividades y/o trato brindado a las y los PPLs”, señaló la empresa a través de una tarjeta informativa.

Deslindó a Capital Inbursa de la prestación de servicios médicos, medicinas y/o insumos relacionados con el tratamiento de las enfermedades que padezcan las internas del Cefereso 16.

Muertes catalogadas como suicidios

De acuerdo con los datos del OADPRS y los casos documentados por el IFDP, entre 2020 y 2023 las muertes de 15 mujeres fueron catalogadas como suicidios.

De estas muertes 11 ocurrieron durante los últimos seis meses del año 2023, lo que representa un incremento inusual tomando en consideración que en el año anterior se registraron dos fallecimientos en estas condiciones y en 2020 y 2021 uno por año.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han entregado a las familias ni a los representantes legales de las mujeres que murieron en estas condiciones alguna evidencia de que tuvieran algún problema de salud mental que las llevara a quitarse la vida.

“Había muchísimas violaciones a los derechos de estas mujeres previo a los suicidios que se han venido registrando. Nosotros en CEA Justicia acompañamos 14 casos del Centro Federal 16, que tienen que ver con los traslados y tenemos más o menos bien entendido lo que está sucediendo dentro del centro, es decir, esta violación sistemática a su derecho a la salud, a la entrega de los medicamentos, los tratos que reciben dentro del centro, que claramente son tortura”, comenta en entrevista para Proceso Ángela Guerrero, coordinadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia).

“Me parece impresionante por parte del Órgano Desconcentrado salir a decir con esta ligereza que estas 13 mujeres se suicidaron (entre 2022 y 2023), cuando sabemos que ni siquiera tienen un médico general de planta porque todo lo atañen a un tema de salud mental, cuando en realidad ni siquiera tienen cómo documentar que las mujeres que fallecieron tenían problemas de salud mental, porque no tienen un médico que pueda hacer ese diagnóstico. Lo que muchos de los familiares nos han comentado es que en algunos casos, de estas 13 mujeres, les parece muy extraño e inusual el suicidio, porque un día antes habían hablado con ellas. La realidad es que sabemos que eso puede pasar, que una persona se encuentre bien en la mañana y en la noche se suicide, sin embargo, sabemos que las condiciones del centro son muy propicias para tener graves problemas de salud física y mental”.

La activista y especialista en derechos humanos revela que por lo menos en tres de los últimos casos hay dudas fundadas por parte de los familiares de que no se trató de un suicidio, mientras que hay algunas familias que definitivamente ya no quieren saber más del tema.

Incorporación al sistema penitenciario

Desde el año 2021 la organización de la sociedad civil Documenta advirtió de la incorporación de este penal al sistema penitenciario como el único en el país destinado sólo para mujeres. Las autoridades comenzaron a trasladar a las internas de Nayarit y a las que se encontraban en el Cefereso Femenil Noroeste, que fue clausurado, y las del Cefereso Femenil Rehilete, que se convirtió en un centro varonil.

Estos traslados, según el “Informe sobre la situación de las prisiones privadas en México”, realizado por Documenta, tienen impactos negativos en los derechos de las personas privadas de su libertad.

“Al llegar a un lugar lejano a su proceso penal se afecta, por ejemplo, el derecho a una defensa adecuada y a una vida familiar. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres privadas de la libertad por un delito del fuero federal ya que, sin importar el lugar donde estén detenidas, existe el riesgo de que las trasladen a Morelos”, señala el informe.

Documenta señaló en su informe “Privatización del sistema penitenciario en México”, realizado en 2016, que durante los primeros traslados registrados ese año las mujeres sufrieron golpes, descargas eléctricas y violencia sexual, e incluso una de ellas murió.

“Lo que estamos observando es que las mujeres están viviendo un nivel de abandono mucho mayor, pero en el último año y medio la población en el Cefereso 16 pasó de 900 a mil 300 y 90% de las mujeres que llegaron son producto de traslados, en su gran mayoría ilegales, por parte de las autoridades porque no fueron certificados con el jurídico previamente, porque las razones que dan no van acordes con las necesidades o a la situación que tenían. Muchas de ellas no tienen sentencia, la gran mayoría vienen de estados del norte y las están concentrando en este centro público privado. ¿Y eso qué implica?: un abandono básicamente inmediato”, precisa Ángela Guerrero.

Esta casa editorial constató que, según los cuadernos estadísticos del OADPRS, al 31 de diciembre de 2023 en el Cefereso 16 había 598 mujeres cuyos casos están en el fuero federal, 373 procesadas y 225 sentenciadas y 603 por delitos del fuero local, 131 procesadas y 472 sentenciadas.

CEA Justicia ha estimado que, para algunos familiares de mujeres originarias de Sonora, el gasto para ir a visitarlas a Morelos es de aproximadamente 17 mil pesos, mientras que el sistema penitenciario limitó las videollamadas por una filtración a medios de comunicación de una de estas videollamadas, por lo que, prácticamente, las internas permanecen en aislamiento.

“Es un aislamiento por parte del Estado a las más de mil 300 mujeres que se encuentran en este espacio”, agrega la coordinadora de la organización.

La activista considera que el hecho de que el Cefereso 16 sea el único penal federal femenil no significa que sea necesaria la construcción de otro centro de características similares, sino que lo que se exige de las autoridades es que regresen a las mujeres a sus lugares de origen para evitar incluso retrasos innecesarios en sus procesos penales, mismos que padecen por no estar ni siquiera en la misma entidad en la que se encuentran sus abogados.

Sin embargo, las autoridades han argumentado que no tienen convenios de colaboración con las entidades federativas para poder regresar a sus lugares de origen a las mujeres que fueron trasladadas a Morelos.

Guerrero detalla que las solicitudes de regreso también han sido dificultadas porque en muchos casos luego de viajes que han llegado a superar las 30 horas les dan a firmar las cartas con las que certifican que el traslado fue legal y no se dan cuenta sino hasta que inician el trámite para solicitar su retorno.

“Los suicidios son un riesgo latente porque no han cambiado las condiciones del centro. Después de estos 13 suicidios por los que la CNDH emitió una recomendación no hubo ningún cambio drástico, solamente cambiaron a la directora, por cuarta vez en dos años, pero no hay un diagnóstico de fondo para entender cuáles son las problemáticas en términos de salud mental; establecer un programa de psicología permanente, no jornadas; hay medicamentos que no han sido abastecidos; no hay doctor de planta; no hay ginecóloga de planta; las mujeres solamente pueden enfermarse en ciertos horarios y ciertos días de la semana. Por supuesto, existe el riesgo de que esto vuelva a suceder”, indica.

En febrero pasado CEA Justicia solicitó a instancias internacionales la emisión de medidas cautelares para proteger a las mujeres del Cefereso 16.

Actos de tortura

Para el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que representaba legalmente a tres de las mujeres que fallecieron en el último año, las condiciones en las que viven las internas del Cefereso 16 constituyen actos de tortura que pueden ser el origen, por lo menos, de las últimas 13 muertes de internas.

En entrevista con Proceso, Ruth Zenteno, de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (ULEDH), y Sofía Robina, titular de la Secretaría Técnica de combate a la Tortura, ambas del IFDP, detallan la estrategia que realiza la institución en busca de que la justicia federal reconozca las omisiones cometidas en el Cefereso 16 como actos de tortura atribuibles al Estado mexicano.

“Encontramos una serie de omisiones latente, desde falta de medicamentos, de atención especializada; las veían médicos generales; a algunas les recetaron estudios y no se los realizaron”, comenta Sofía Robina.

“Las estrategias que hemos implementado han sido argumentar que las condiciones en las que están ahorita las mujeres de omisiones en materia de salud no sólo son violaciones en materia de derecho a la salud, sino que constituyen tortura”.

A raíz de los suicidios el IFDP se enfocó en documentar las omisiones en materia de salud mental de 58 casos de mujeres representadas por el instituto en las que las mujeres del penal no recibieron atención, medicinas o no les fueron realizados estudios ni un seguimiento a sus padecimientos.

Sofía Robina afirma que el lugar, físicamente, refleja una ausencia de vida total, pues al interior no hay ni siquiera una planta, las mujeres están rodeadas sólo de cemento, lo que hace la estancia de las mujeres más desoladora.

Añade que en el lugar tienen muy pocas actividades para mantener ocupadas a las internas y la única posibilidad laboral es una fábrica textil.

“Claramente hay un tema de omisión de salud y todo un contexto que agrava los hechos, mucho abandono, aislamiento, prácticas supercontroladas, toda esta serie de factores genera un entorno que facilita estas muertes que han nombrado suicidios”, señala.

En diciembre el IFDP presentó dos amparos para solicitar atención médica focalizada para las 58 mujeres cuyos casos fueron documentados por los defensores públicos argumentando que estas omisiones constituyen actos de tortura en agravio de las internas.

En ambas demandas les fue concedida la suspensión de plano, pero ésta sólo implicó la realización de jornadas médicas sin un seguimiento adecuado.

“Los padecimientos que encontramos fueron temas desde dolores musculoesqueléticos, padecimientos psiquiátricos como ansiedad, depresión, insomnio, trastorno de estrés postraumático; alteraciones de presión: hipertensión, hipotensión; asma, epilepsia, esos son los más comunes, pero también hemos documentado otros casos con problemas crónicos en los que las mujeres los padecían desde antes, ya estaba documentado qué tratamiento debían llevar, pero no se les proporcionó”, cuenta Sofía Robina.

La funcionaria considera que el esquema público privado que tiene el Cefereso 16 ha propiciado que la responsabilidad de las autoridades y la empresa de Carlos Slim no esté del todo clara.

“Al final esto ha generado que se echen la bolita cada vez que pueden y que las autoridades muchas veces argumenten que eso le toca a la empresa y que no pueden hacer nada”, afirma.

Ruth Zenteno explica que, por ello, en los amparos han señalado que existe una corresponsabilidad de autoridades federales y Capital Inbursa, pues los servicios que provee la empresa privada debe ser supervisada por el Estado para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres que viven en el penal.

Agrega que el OADPRS tiene un convenio con el IMSS, pero hasta noviembre del año pasado no contaba con los anexos técnicos que son los que van a definir la operación que realizará el instituto para prestar los servicios de salud al interior del Cefereso.

“Lo que establece el convenio marco es que para establecer específicamente cómo se llevarán a cabo los servicios se realizarán convenios específicos o anexos técnicos, pero hasta noviembre del año pasado no existían éstos”, señala.

Sofía Robina detalla que en las brigadas que ha realizado el IFDP han documentado casos en los que las mujeres han estado en sujeción forzada, lo que implica un incumplimiento en los estándares mínimos que deben acatar las autoridades penitenciarias, si es que estas medidas se aplicaron como parte de un tema médico.

“No hay constancias de consentimiento informado, las amarran de cuatro puntos a las camas y se excede por mucho las horas en las que esto está permitido por algunos instrumentos médicos”, afirma.

Ruth Zenteno indica que todas estas acciones agravan la situación de por sí difícil que viven las mujeres y pueden derivar en que los incidentes de crisis se presenten más seguido y las autoridades del penal no tienen mecanismos de contención adecuados para hacer frente a estos episodios.

Los relatos sobre los aparentes suicidios también evidencian el contexto de desatención en el que viven las mujeres dentro del penal de Morelos.

Una de estas mujeres, procesada por un delito local pero trasladada al penal federal, intentó suicidarse en el año 2022 y cuando las custodias se percataron de esto acudieron para quitarla de la horca en la que se encontraba.

De acuerdo con las custodias, la mujer intentó defenderse para evitar que frustraran su intento de suicidio y golpeó a algunas de las funcionarias, quienes posteriormente denunciaron a la interna por el delito de lesiones.

Fue así como el IFDP conoció su historia, pues al tratarse de un delito cometido en un penal federal, era un ilícito de este fuero.

“Este caso es uno de los más crudos para mostrar la perspectiva, porque antes de buscar otro tipo de atención que pueda dar cuenta de la situación en la que se encontraba esta mujer, de dar una atención psicológica o, en su caso, la psiquiátrica necesaria para generar un entorno de garantía de sus derechos, lo que se hizo fue iniciar un proceso en su contra. Entonces me parece representativo de cómo se atiende muchas veces a las mujeres, siempre priorizando un esquema de seguridad que pone en el centro más a las custodias que a las internas”, detalla Sofía Robina.

En noviembre de 2022, otra de las mujeres que murieron ya había obtenido una orden para que le dieran medicamentos, pero decidió quitarse la vida 15 días después de que se emitió dicho mandamiento, pues ella seguía sin recibir sus medicinas; otra mujer que murió apenas estaba en proceso penal en curso y acababa de solicitar el cambio de su medida cautelar.

“Los tres casos reflejan muy claramente por qué cuando hablamos de responsabilidad de las autoridades penitenciarias no solamente es muy obvio por estar las mujeres bajo su custodia, sino porque son mujeres que dependen por completo del Estado y el Estado es responsable, por tanto, de su vida y de su integridad”, finaliza Robina.

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Reportaje publicado en la edición 0011 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.