En el contexto del continuo enfrentamiento entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Poder Ejecutivo federal, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Legislativo –de mayoría morenista– han decidido incumplir las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra leyes y reformas impulsadas por la actual administración de la 4T.

Proceso verificó vía datos públicos de la Corte que por lo menos en nueve ocasiones el presidente y los legisladores oficialistas han hecho caso omiso de las resoluciones del Máximo Tribunal pese a que, conforme a los procedimientos, los ministros han enviado diversos requerimientos de informes.

El traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la clasificación de las obras prioritarias del gobierno como de seguridad nacional para reservar su información; la designación de los comisionados del Instituto de Transparencia, entre otras materias han sido objeto de estos incumplimientos. En todas, el presidente ha expresado su rechazo a las decisiones del Máximo Tribunal.

De acuerdo con la Constitución, el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte o los jueces de amparo puede derivar en la destitución y consignación de los funcionarios responsables.

Para que la Suprema Corte pueda iniciar los requerimientos para el cumplimiento de sus sentencias, deben solicitarlo quienes tramitaron las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales o los amparos respectivos.

Por lo que muchas veces la ejecución de las resoluciones depende también de los pactos que puedan realizar los actores políticos en los días y meses siguientes al dictado de las sentencias.

El 5 de abril último la ministra Lenia Batres, designada directamente por el presidente López Obrador, dijo que desde 1995 la Corte ha emitido 100 sentencias en las que ha invalidado leyes, 74 de ellas fueron resueltas en lo que va del sexenio, aunque no todas se refieren a legislaciones emitidas durante la presente administración, pues la Suprema Corte puede tardar años en analizar un asunto.

Casos emblemáticos

Uno de los incumplimientos más evidentes por parte del Congreso de la Unión es la falta de designación de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha sido impugnado de manera reiterada por López Obrador.

Desde el 1 de abril de 2023 el INAI se quedó sin quórum para sesionar, pues el 30 de marzo de ese año el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas concluyó su periodo dentro del organismo en el contexto de los reiterados rechazos de los senadores de realizar, por lo menos, un nombramiento para completar los cinco comisionados requeridos para realizar sesiones.

El organismo tramitó una controversia constitucional ante la Corte contra la falta de designación de comisionados, en la cual solicitó una suspensión provisional para que pudiera sesionar con los cuatro comisionados que actualmente integran el organismo dotando de voto de calidad a la excomisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

El Máximo Tribunal concedió la suspensión, y para el 2 de octubre de 2023 determinó que el Senado incurrió en omisión y ordenó realizar el proceso de designación de dos comisionados durante el periodo ordinario de sesiones que entonces estaba en curso.

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0011 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.