XALAPA, Ver.– Angélica Sánchez aún era jueza en Veracruz cuando tomó la que quizá fue la decisión más complicada en sus 25 años de vida profesional: no vincular a proceso judicial por el homicidio de dos personas al presunto capo Itiel “N”, el Compa Playa. Era junio de 2023.

El caso ha sido prioridad para el gobernador morenista Cuitláhuac García, quien en 2020 anunció la detención de Itiel como un logro de su gobierno por ser generador de violencia, dedicado a la desaparición y el tráfico de drogas. Para el gobierno federal, es integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. La exjueza local narra que recibió una llamada amenazante. Provenía del despacho de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, quien la incriminó por haber acatado el fallo del juez federal. 

–Me dijo: “¿En qué momento me comunicaste cómo ibas a resolver? Atente a las consecuencias”. Y me colgó –relata Sánchez. 

La exjueza fue citada para el lunes siguiente, a las diez de la mañana, a una reunión en las oficinas del Poder Judicial de Veracruz. “Fue una trampa porque desde el domingo elementos de la policía ministerial estuvieron vigilando mi casa. Estaban esperando el momento de detenerme. Lo hicieron 150 metros adelante de mi casa”.

Esta historia se suma a otros 30 encarcelamientos y detenciones de personajes políticos, entre ellos un exfiscal, otro juez, dirigentes políticos, exfuncionarios y aspirantes a puestos de elección durante el gobierno de Cuitláhuac García. Todos ocurrieron de 2019 a 2024. El 76% de los acusados militaba en partidos de oposición al gobierno en turno. 

Para esta investigación periodística de AVC Noticias, Proceso y CONNECTAS, se examinaron decenas de sentencias y amparos de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Éstos revelan que la Fiscalía de Veracruz y el Poder Judicial local “sustentaron” el encarcelamiento de personajes políticos basándose en investigaciones con fallas graves.

Ahora, tras la aprobación de la reforma judicial en México el 10 de septiembre, organismos nacionales e internacionales temen por la independencia de los jueces federales. 

Acusaciones insostenibles contra opositores

La Fiscalía local acusó a políticos y exfuncionarios de cometer delitos tan serios como homicidio, secuestro, desaparición forzada y extorsión. A otros los señaló de cometer actos ilícitos menores, como amenazas, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, entre otros.

En nueve de estos casos no se pudo demostrar la culpabilidad y los políticos están libres. En otros 11 los políticos siguen su proceso en libertad porque las medidas de prisión eran excesivas y diez continúan en prisión librando una batalla judicial. 

Los jueces federales encontraron que, en al menos diez de estas investigaciones de la Fiscalía, había inexistencia o insuficiencia de pruebas. Incluso hubo pruebas basadas en sospechas, especulaciones y argumentos vagos, sin lógica ni conexión, como puede leerse en los expedientes. Los amparos ponen en evidencia que…

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0016 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.