La falta de reformas robustas contra la injerencia del narco en los procesos electorales pone en verdadero peligro a los candidatos y aspirantes que buscan un puesto de elección popular en los próximos comicios, así lo advierten legisladores y expertos en la materia. Si bien las recientes votaciones para elegir gobernador en Coahuila y Estado de México se realizaron prácticamente sin problemas, ello no garantiza unos procesos libres de violencia para 2024, cuando, además de la Presidencia, se renovarán 20 mil cargos a escala federal y local, donde los ayuntamientos son el objeto de deseo de la delincuencia organizada “porque son los que les pueden brindar impunidad territorial”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “Si no hacemos algo en 2024, el narco va a influir en las elecciones”, lanzó el diputado del PRI Rubén Moreira Valdez al ver detenida su iniciativa de reforma constitucional para evitar la intromisión de la delincuencia organizada en los próximos comicios.

“Es momento de lanzar un mensaje duro contra el narcotráfico. Tenemos que impedir un posible narco-Estado”, advirtió.

El proyecto legislativo fue presentado formalmente el 8 de noviembre de 2022 ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnado a Comisiones Unidas: la de Reforma Política-Electoral, de Gobernación y la de Puntos Constitucionales, esta última, presidida por el legislador de la mayoría Juan Ramiro Robledo.

Según el representante morenista, en el último bimestre del año pasado, cuando se discutía el Plan A de la reforma constitucional en materia electoral, la negativa a debatir de Va Por México estropeó la posibilidad de construir un dictamen que incorporara sanciones con pérdida de registro de partidos políticos, y hasta la disolución de gobiernos municipales, en caso de comprobarse la intromisión de grupos delictivos.

“Eso le pasa a la oposición por no permitir que se alargara el inicio del periodo electoral. De aquí a noviembre todavía nos hubiera dado tiempo de hacer cosas”, dice Ramiro Robledo respecto de la declaratoria de invalidez del llamado Plan B que terminaron por decretar el jueves 22 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con estudios, como el de Etellekt Consultores, en el proceso electoral 2020-2021 se registraron 102 homicidios dolosos contra personas relacionadas con la política, de las cuales 36 de ellas eran candidatos o aspirantes a cargos de elección popular.

Otros trabajos, como un reporte de la consultora Integralia, presentado en junio de 2021, concluyó que el crimen organizado “interfiere en procesos electorales vía actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos”.

Para el diputado Moreira, los tres niveles de gobierno, así como las autoridades electorales locales, el Instituto Nacional Electoral y el Poder Legislativo, deben trabajar de la mano para combatir este flagelo.

Peligro creciente

Durante su participación en los foros de consulta de Morena sobre la Reforma Electoral, el año pasado, el todavía consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, alertó respecto de la politización del crimen organizado.

El entonces titular del Consejo General reflexionó: “¿Hay injerencia del crimen organizado en los procesos electorales? Lamentablemente como Estado hemos fallado porque no hemos podido construir un diagnóstico, sobre todo a partir de lo que hemos planteado en años recientes”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2434 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.