El caso de la jueza Angélica Sánchez refleja una oprobiosa connivencia entre los Poderes Ejecutivo y Judicial veracruzanos. El lunes 5 la juzgadora fue capturada en represalia por dejar en libertad a una persona acusada de trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero por falta de pruebas ésta fue liberada. Este viernes 16 la misma juez volvió a ser aprehendida, ahora en la Ciudad de México y con intervención federal. Horas antes de su segunda captura, la impartidora de justicia habló con Proceso sobre su caso, las causas de la persecución gubernamental que padece y el modus operandi del Poder judicial estatal, cuya presidencia ataca a quien resuelve “con independencia”.

XALAPA, Ver. (Proceso).– Unas horas antes de ser capturada por segunda vez, ahora en la Ciudad de México con intervención del gobierno federal vía la Guardia Nacional, la jueza penal de Huatusco Angélica Sánchez Hernández habló con Proceso sobre la persecución que padece y acerca de su caso, que es un ejemplo de abuso policial, considera. La Fiscalía de Veracruz actúa bajo consigna y fabrica delitos, denuncia.

La jueza conversó con este semanario cuando aún estaba en libertad y resguardada, luego de la primera detención que sufrió entre el lunes 5 y el miércoles 7, hecho que denunció como una arbitrariedad en la que fue víctima de tortura e incomunicación.

El acoso gubernamental en su contra no cesó, incluso comenzó antes desde el interior del propio Poder Judicial con presiones de su titular, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró Sánchez Hernández.

También estigmatizada desde la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sánchez Hernández fue presentada por el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, como una “juez que favorece delincuentes”.

En la entrevista con Proceso la jueza confesó que fue ingenua al no mirar los alcances que tendría para su carrera judicial y su seguridad acatar una resolución de amparo de un Tribunal Colegiado.

Todo porque dicho amparo tiene que ver con la liberación de Itiel N, alias “Compa Playa”, identificado por las autoridades como un generador de violencia y vinculado al homicidio del diputado del PRI Juan Carlos Molina, en 2019, y a dos personas más en Playa Vicente, en 2018.

Como jueza de control del distrito de Cosamaloapan –donde estuvo un año y 11 meses– le tocó conocer el caso. El gobierno federal y el de Veracruz la acusan de tener comunicación con el abogado de Itiel N y de otorgarle libertad en un tiempo récord, una hora.

Ahora las sospechas de un posible caso de corrupción pesan sobre ella; y el gobernador de Morena Cuitláhuac García ha advertido que se le seguirá investigando, después de que la jueza libró la acusación de delitos contra la seguridad pública, un tipo penal similar al de ultrajes a la autoridad, al que el gobierno de García le dio un uso político y terminó por ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte, como publicó Proceso en sus números 2361 y 2365.

Angélica Sánchez tuvo que huir de su casa por miedo a que algo le pasara a ella y a su familia. Hace unos días la policía entró a su casa sin orden de cateo y se llevó una caja fuerte. “Me da temor que me vayan a sembrar droga, dinero, joyas. Me da miedo porque son capaces de cualquier cosa”, dijo mientras estaba resguardada.

El jueves 15 acudió acompañada de su hija a la sede del Senado, donde fue recibida en el pleno por Ricardo Monreal Ávila, quien ha sostenido varios diferendos con el gobernador veracruzano morenista, Cuitláhuac García.

Entre aplausos para la jueza, Monreal aseguró que, por resolver con independencia, había sido detenida y privada de su libertad. “Le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio y que no haya ningún acto que perturbe su libertad; mi solidaridad con usted, jueza”, le expresó el senador zacatecano y aspirante presidencial.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2433 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 18 de junio de 2023.