Para el presidente López Obrador y el subsecretario López-Gatell, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que proponen cancelar “no se requieren para regular la prescripción, terapéutica y diagnóstico” de las enfermedades en el país. Pero colegios de médicos, trabajadores de la salud, organizaciones sociales y legisladores advierten que el verdadero propósito gubernamental es evitarse gastos y responsabilidades, en detrimento de los servicios médicos, y ya están recurriendo a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud para impedir esa medida.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para profundizar aún más el “desastre” en el que ya tiene hundido al sistema de salud, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta ahora cancelar 32 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que reglamentan la atención médica de las principales enfermedades del país, como diabetes, hipertensión arterial, cáncer de mama, cáncer de próstata y obesidad, entre otras.

Esta demoledora medida –anunciada el jueves 1 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– les traerá “mayor pobreza, enfermedad y muerte” a los millones de mexicanos que padecen esos males, pues el gobierno se quitará la obligación de atenderlos como estipulan las normas que intenta suprimir.

La intentona gubernamental ha provocado fuertes protestas entre colegios de médicos, trabajadores de la salud, organizaciones sociales y legisladores de oposición, quienes incluso ya están recurriendo a la Organización Mundial de la Salud para impedir la cancelación de esas normas.

El médico Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario general de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y una de las figuras más activas de este movimiento de protesta, comenta alarmado:

“Las 32 normas oficiales que intentan suprimirse son las que regulan alrededor de 90% de la carga de enfermedad que hay en México. Con esta medida el gobierno de López Obrador se sacudirá la obligación de darle atención reglamentada a los pacientes que padecen las principales enfermedades, como diabetes, cáncer, hipertensión u obesidad”.

–¿Es una cantidad de población muy grande?

–¡Es altísima! Por ejemplo, si se quita la norma para la hipertensión se estaría afectando a cerca de 22 millones de mexicanos. Y al suprimir la norma para la diabetes se afectaría a 13 millones que tienen ese padecimiento y quienes ya no podrán pedir insulina y otros medicamentos que requiere su enfermedad. Y ni qué decir del cáncer de mama, la principal causa de muerte de mujeres entre 20 y 50 años. Pero el cáncer de próstata causa todavía mayor mortandad entre los hombres… toda esa población se vería afectada.

Doctor en ciencias de la salud y actual diputado del PAN, Ramírez Barba advierte que cancelar esa normatividad podría provocar “todavía más enfermedad, muerte y pobreza” en el país. Y explica esos tres puntos:

“La supresión de las normas afectará a la salud de la población, aumentará sus enfermedades, pues el gobierno ya no estará obligado a comprar los medicamentos para atender a los pacientes, los más pobres se verán mayormente afectados. Y además la práctica médica será muy heterogénea porque ya no estará sujeta a la reglamentación que marcan las normas. Será muy distinta, por ejemplo, entre las zonas urbanas y rurales, o entre los consultorios privados y los del sector público.

“También veremos más muertes. Sobre todo, muertes prematuras provocadas porque ya no habrá los protocolos de atención estipulados en las normas. Por ejemplo, habrá más muertes por accidente cardiovascular debido a que la hipertensión arterial no se controló por falta de normatividad. Igual ocurrirá con el cáncer y otros males.

“Y como tercer punto, habrá mayor pobreza porque el paciente estará más obligado a pagar de su bolsillo los medicamentos y servicios que no le ofrecerá el gobierno. De por sí, el boom de las farmacias privadas ya se debe a esta situación. Las estadísticas del Coneval nos muestran que la gente se está empobreciendo por motivos de salud. Hay costosas enfermedades que afectan la economía de los hogares. Las familias se ven obligadas a vender sus bienes para salvar la vida del hijo, la esposa o el marido enfermo.”

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2433 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.