Propuesto como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), a Flavio Cienfuegos Valencia le bastaron poco más de cinco meses para poner al borde del colapso algunas delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no explicar el destino de compras por al menos 28 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) le abrió una causa penal que llegó hasta el Reclusorio Norte.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–En su breve paso como director administrativo del IMSS, el funcionario acumuló diversas irregularidades que afectaron el patrimonio, intereses y, fundamentalmente, a los derechohabientes del instituto.

Documentos en poder de Proceso demuestran que el 3 de mayo de 2019 –con apenas tres meses en el cargo al que fue designado el 31 de enero– el director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS, Adalberto Méndez López, por instrucciones del entonces director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, presentó una querella contra Cienfuegos Valencia ante el fiscal Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con la acusación, el directivo habría incurrido en diversas omisiones, contraviniendo el Reglamento Interior y el Manual de Organización del IMSS, así como el Manual de Organización de la propia Dirección de Administración a su cargo.

Dichas omisiones se tradujeron en “la afectación directa al derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo”.

El problema

Por principio, Cienfuegos no atendió a las delegaciones del IMSS que hicieron “múltiples y recurrentes solicitudes a la Dirección de Administración” en necesidades urgentes, como el abasto de medicamentos, la operación de unidades médicas, los servicios de traslado en ambulancias y la contratación de personal”.

Por ejemplo, en el oficio número 1/069/ 2019, dirigido a Cienfuegos Valencia, la Delegación Estatal de Coahuila pide que se autoricen una serie de mejoras a la infraestructura y los servicios que brinda a la población.

Específicamente le solicitaron agilizar la entrega de 14 millones 150 mil pesos para terminar la Clínica de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, y dos millones 904 mil pesos para terminar la Unidad de Medicina Familiar No. 91.

Desde 2018 se había autorizado la “adquisición de equipo médico soporte de vida, aire acondicionado en subdelegaciones y aire acondicionado en unidades médicas por $27,984,270.73 pesos, mismos que no fueron radicados a la delegación”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2427 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.