Comenzó el juicio a los presuntos responsables de la muerte de los 40 migrantes centro y sudamericanos que estaban recluidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde el fuego y el humo sellaron su destino. Los imputados, cuatro guardias de seguridad y un migrante venezolano (éste, por iniciar la conflagración), tuvieron oportunidad de contar su lado de la historia. Entre omisiones y faltas a la verdad, los acusados trataron de exculparse y reducir todo a la falta de extintores y a una llave presuntamente hallada a destiempo.

CIUDAD JUÁREZ Chih. (Proceso).- Una llave con la que fue cerrada la celda de hombres en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que nadie tenía y que fue encontrada demasiado tarde en un cajón, impidió que los 68 migrantes que allí se encontraban la noche del 27 de marzo lograran salir en medio del incendio que provocó la muerte de 40 de ellos y la intoxicación de 27, varios de los cuales aún están graves.

Así quedó asentado en la audiencia de vinculación a proceso de cinco imputados, tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), un guardia de seguridad y un migrante venezolano, en la causa penal 216/2023, que se realizó el martes 4 en la Sala 1 del Poder Judicial de la Federación en esta frontera.

A cargo de la audiencia, el juez Ernesto Cornejo señaló como presunto culpable al contraalmirante Salvador González –delegado del INM en Chihuahua–, quien, expresó, “debería estar sentado en el área de los imputados”.

Se mencionó que hay dos guardias de seguridad prófugos. De manera extraoficial se ha señalado que también un oficial del INM involucrado huyó.

A las 7:00 horas de este martes 4, llegaron con uniforme gris los cinco imputados a la Sala penal: Daniel N, representante local noroeste de la oficina del INM, con cuatro años de antigüedad; Alan Omar N, guardia de seguridad de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, SA de CV (o Kant); Rodolfo N y Gloria Liliana N., oficiales de Migración; y Jeison Daniel N, migrante venezolano acusado de iniciar el incendio con el que pretendían protestar por tratos inhumanos en el lugar.

Con cinco agentes del Ministerio Público, dos representantes de la Comisión Especializada en Atención a Víctimas (CEAV) federal, nueve defensores privados y uno público, los cinco imputados fueron vinculados a proceso por homicidio doloso y lesiones, Jeison como autor material por acción y los otros cuatro por omisión.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2423 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.