El llamado México Profundo se defiende. Y encara un anteproyecto de la Secretaría de Salud que busca imponer criterios reguladores a la partería de los pueblos originarios. En un foro nacional realizado el 23 de marzo, la antropóloga Amparo Sevilla se sumó a la defensa por el derecho de las mujeres a decidir “cómo, con quién y la forma de parir”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En medio de la controversia por el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana para el Ejercicio de la Partería Tradicional, Comunitaria y Profesional y los Criterios para la Regulación de las Salas de Labor, Parto y Recuperación, impulsados por la Secretaría de Salud (SS), la antropóloga Amparo Sevilla advierte que México es uno de los países con mayor número de cesáreas injustificadas y violencia obstetra.

Según datos de la propia Cámara de Diputados de 2015, desde el año 2000 nuestro país se situó en el cuarto lugar a nivel mundial en la práctica de cesáreas innecesarias, por debajo de China, Brasil y Estados Unidos.

Contrario a esa práctica de clínicas y hospitales, las parteras respetan el cuerpo de la mujer. Con una partera, las mujeres pueden dar a luz conforme a su tradición cultural, no acostadas como exigen por su propia comodidad los médicos obstetras, lo cual es contra natura, describe la maestra en Antropología Social, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En entrevista telefónica con Proceso, la también especialista en culturas populares habló del foro nacional “Defensa de la partería tradicional frente al anteproyecto de la Norma Oficial”, realizado el jueves 23 de marzo, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en defensa de los derechos de los pueblos indígenas a preservar su legado cultural, territorios y conocimientos ancestrales en medicina, así como el de las mujeres a decidir dónde, con quién y la forma de parir.

Organizado por la Agenda Nacional para la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional, el encuentro responde al anteproyecto presentado por el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el 6 de septiembre pasado durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual generó mucha inquietud entre las parteras tradicionales mexicanas, que lo consideran inconstitucional, como consignó Isaín Mandujano, reportero de este semanario. (Ver nota) 

Contó con la participación de parteras mixe, ikoots, tzeltal, tsotsil, ayuujk, nahua, tenochtla, momoxca, mixteco, maya, amuzgo, mephaá-tlapaneco, purépecha, tének-huasteco, de diferentes organizaciones, provenientes de Chiapas, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Michoacán y Veracruz, así como autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas e investigadores de distintas universidades.

El foro puso acento en el hecho de que México es un país pluricultural, con 68 pueblos y lenguas indígenas, diversas expresiones culturales, lenguas, vestimenta y prácticas, entre ellas la partería tradicional indígena, que “es una alternativa de atención diferente al sistema de salud predominante en nuestro país, ya que la mujer es atendida en su casa de manera familiar, respetuosa y segura; la partera tradicional otorga un ambiente cálido y amoroso”.

Así lo destacó la Agenda Nacional y expresó a través de un comunicado que “muchas de las iniciativas de normativas y reformas corresponden a intereses vinculados con iniciativas privadas. No en vano se han creado espacios y procesos de registro, certificación, estándares de competencias, cursos de acreditación, etc., mismos que legitiman el despojo y comercialización de nuestros saberes y sistemas de conocimientos”.

La antropóloga Sevilla explica que durante el foro se cuestionó la facultad de la SS para regular con una norma el ejercicio de la partería tradicional, considerando que forma parte del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. Aclara en este sentido, que dicha dependencia puede regular lo concerniente a las Salas de Labor, Parto y Recuperación porque es en clínicas y hospitales. Puntualiza asimismo que la partería profesional obedece a sistemas diferentes de la tradicional pues es una carrera de nivel técnico.

Se le pide hablar de la importancia la partería tradicional, dado que quizá por desinformación, suele relacionarse con falta de conocimientos científicos e ignorancia.

Por principio de cuentas señala que las parteras son parte de la comunidad, y la mayoría de los nacimientos en estas comunidades indígenas son atendidos por parteras. Reitera que muchas de las mujeres embarazadas que van a clínicas y hospitales son atendidas con cesárea, en cambio con las parteras dan a luz de acuerdo con las tradiciones de su propia cultura y en su entorno. Incluso es común que participe la madre, el esposo o algún miembro de la familia o de la comunidad.

En los hospitales hay una tendencia a “medicalizar” el embarazo y el parto, con medicinas de patente, se han llegado a considerar como una patología en sí mismos, como una enfermedad, en cambio las parteras tienen un profundo conocimiento del efecto terapéutico de las plantas e incluso han sido perseguidas por la industria farmacéutica por esta razón.

Etnocidio

La investigadora ubica que en la década de los setenta del siglo pasado, a través de programas institucionalizados, las mujeres comenzaron a ser obligadas a parir en clínicas y hospitales, lo cual generó un desarraigo y desvalorización de esta otra forma de nacer, de este legado cultural que son las parteras, cuyo origen es ancestral:

“Nosotros estamos acompañando a las parteras tradicionales que luchan por preservar sus conocimientos y prácticas. Consideramos que es parte fundamental de la defensa de sus territorios, del reforzamiento de los lazos comunitarios y de las prácticas que corresponden a los derechos culturales y al derecho de difundir los conocimientos de los pueblos indígenas”

Subraya que pese a que los derechos culturales son constitucionales, son violentados por este tipo de programas de gobierno y por varios artículos de la Ley General de Salud. Entonces describe que debido a políticas erradas de diversos gobiernos, que vienen desde los setenta, hay una disminución “alarmante” de partos atendidos por parteras, lo cual implica una “pérdida de conocimiento de los propios pueblos sobre su patrimonio biocultural, esto significa un etnocidio y es un grave problema”.

Entonces señala que como un mecanismo para evitar que las parteras tradicionales ejerzan, se impuso el certificado de nacimiento como un documento oficial indispensable para obtener el acta de nacimiento. Y resulta que sólo lo puede otorgar un médico con cédula profesional o personal de salud reconocido por la SS. A las parteras no se les permite dar una constancia o aviso. Y ahora que se han digitalizado las actas de nacimiento y se pide anotar en un espacio el número de certificado, ha sido peor:

“Ha ocasionado que miles de niños indígenas atendidos por parteras carezcan de actas de nacimiento, no los reconoce el Estado, no les da nombre ni identidad, es gravísimo, viola el artículo cuarto de la Constitución… Sin acta no tienen derecho a entrar a la escuela, a vacunas, no tienen derecho a nada, fue el tiro de gracia para las parteras tradicionales del país y además de este panorama ahora quieren agregar otra norma oficial para regular la práctica de la partería tradicional”.

En cambio, lamenta, no se piensa en mecanismos para evitar la violencia obstétrica, la discriminación y el racismo que ejercen los profesionista del sector salud contra la población indígena. Dice que a muchas mujeres se les ha negado el servicio con el pretexto de que ya fueron manipuladas por una partera y ya no las pueden atender.

--¿Todo este contexto ha hecho que disminuya la práctica de la partería?

--Algunas parteras han seguido ejerciendo casi de manera clandestina.

Se le pregunta si esa situación no representa un riesgo para las madres y los recién nacidos. Lo visualiza como un círculo vicioso en el cual se violan varios derechos ciudadanos y culturales:

“Estamos hablando del derecho de los pueblos indígenas a preservar su medicina tradicional, de los infantes porque se les niega el acta y el certificado de nacimiento si no nacen en clínicas y hospitales y a las mujeres si no fueron atendidas igualmente en clínicas y hospitales, o sea tenemos tres niveles de violación de derechos que involucran la existencia de la partería tradicional”.

Indica, al ahondar en el tema de la defensa del territorio, que no sólo se refiere al patrimonio biocultural que las farmacéuticas buscan explotar, sino al derecho a nacer en determinado lugar:

“No es lo mismo nacer en tu pueblo, rodeado de tu gente que estar en una clínica, no sé a cuántos kilómetros, la experiencia y la forma misma del momento de nacimiento ya te está marcando. Además hay ceremonias como sembrar el ombligo, que son fundamentales para el arraigo y todo eso se va borrando. Y el tema es que por décadas han obligado a las mujeres a ya no acudir a las parteras, quienes durante mucho tiempo jugaron un papel muy importante dentro de la comunidad.

“Son sanadoras, en el foro se decía que son sembradoras de semillas. Si un ser nace violentado desde el principio, seguramente va a ser violento. Estamos hablando de muchas dimensiones, no solamente de una práctica de salud, de una visión limitada de la atención obstétrica del parto, que ve a una mujer de manera individual y nada más por su función reproductora en términos estrictamente biológicos, y que deja de lado toda la significación cultural y en el caso de los pueblos indígenas espiritual, porque los procesos ligados al nacimiento están llenos de rituales”.

Para finalizar, se le pregunta qué otras acciones, además del foro, llevarán a cabo por la defensa de la partería. Responde que en principio seguir atentas a que no sea aprobada la norma, pero también a cualquier otra iniciativa, porque insiste en que hay “una cadena de agravios” que han atentado contra los conocimientos tradicionales, y significan “un etnocidio”.

Se refiere a que hay diversas iniciativas: una para reformar la Ley General de Salud (que promueve el uso racional de los medicamentos, aprobada el 22 de marzo); otra impulsada por la senadora Nestora Salgado presentada en 2021, para realizar reformas a la mencionada ley en materia de medicina tradicional indígena y afromexicana, “por desgracia ha sido asesorada por un grupo que tiene intereses comerciales en la medicina tradicional que da certificados para dar temascales”; y una más de la senadora Susana Harp, también para hacer reformas a la Ley de Salud, en materia de partería que busca establecer el derecho de las mujeres embarazadas a optar por la atención de parteras y que éstas ejerzan sin condicionamientos, y puedan expedir certificados de nacimiento.  

Reportaje publicado el 2 de abril en la edición 2422 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.