Migración
La detención de migrantes llega a la Suprema Corte
En febrero se presentó en la Suprema Corte una propuesta para regular las detenciones de migrantes en el país, pues éstos permanecen en instalaciones del INM privados de su libertad y sin control judicial. Pero la Primera Sala rechazó el proyecto.
Derivado de un amparo que interpuso un migrante venezolano para impedir su deportación, la Suprema Corte analizó una propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat que intentaba subsanar una omisión “inconstitucional” del Congreso que propicia la violación de los derechos humanos de los migrantes: no existe legislación para regular sus detenciones y evitar que permanezcan privados de la libertad sin control judicial. Sin embargo, esa primera propuesta fue rechazada sin mayor explicación por la Primera Sala y returnada para elaborar un nuevo proyecto.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde febrero pasado se presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una propuesta para regular las detenciones de migrantes en el país, pues éstos deben permanecer en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) privados de su libertad y sin control judicial. Pero la Primera Sala rechazó el proyecto.
En el documento, presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat durante la sesión de la Sala el pasado 1 de febrero, se planteó que es necesario que el Congreso regule esas detenciones y que se agregue la posibilidad de permitir a los migrantes llevar sus procesos migratorios en libertad.
Ríos Farjat argumentó que todo tipo de detención, con independencia de los motivos y la materia que la regule, debe sujetarse a un control judicial para establecer si fue legal, lo que también implica que los legisladores tienen la obligación de prever el control de las detenciones en todas las leyes y normas que autoricen la privación de la libertad a las personas.
“El esquema procedimental migratorio en México permite la restricción de la libertad de personas extranjera y autoriza a múltiples autoridades del Instituto Nacional de Migración para ejercerla e, incluso, para ordenar su presentación en estaciones migratorias, cuya naturaleza es de una medida cautelar similar a la prisión preventiva de la materia penal”, observó la ministra.
“En dicho andamiaje legal no se advierte que el legislador haya establecido un control de la detención ejercido por alguna autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales que califique la constitucionalidad y legalidad de esas detenciones, mucho menos que cumpla con las exigencias de autonomía e independencia necesarias para garantizar su imparcialidad en el ejercicio de esa función.”
El proyecto derivó del caso de un venezolano que solicitó visa de trabajo con motivo de una oferta laboral de una empresa en la Ciudad de México, petición que le fue negada porque, aunque la empresa y el domicilio existían, no pudo comprobarse la normal operación de la corporación, por lo que el INM emitió una alerta migratoria para impedir que el migrante permaneciera en el país.
El hombre, quien llegó a México procedente de Nueva York, afirmó en el aeropuerto que sólo estaría en el país dos semanas para visitar a su madre; sin embargo, las autoridades le informaron que sería deportado debido a la existencia de la alerta migratoria y el rechazo aéreo emitidos en su contra con motivo de que su petición de visa laboral fue negada; el migrante tramitó entonces un amparo con el que frenó cualquier acto de rechazo, devolución o deportación.
En consecuencia, las autoridades determinaron alojarlo temporalmente, con el carácter de “presentado”, en la Estación Migratoria de la Ciudad de México Las Agujas, pero la suspensión que obtuvo también le permite llevar su proceso en libertad, aunque con ciertas restricciones, como presentarse cada semana ante el Juzgado de Amparo a firmar, proporcionar un domicilio y avisar cualquier cambio al respecto.
En el amparo, el quejoso señaló que el legislador mexicano no reguló el control de detención en materia migratoria, lo que resulta contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de privaciones de la libertad, incluidas las derivadas de procedimientos migratorios.
Al analizar el caso en la SCJN, la ministra Ríos Farjat propuso a la Sala declarar inconstitucional la omisión del Poder Legislativo de regular las detenciones migratorias y establecer un control al respecto, para que un juez determine si es necesario que los migrantes y las personas extranjeras sometidas a un procedimiento migratorio permanezcan detenidos en las estaciones del INM, en puertos, aeropuertos o fronteras, o si es posible que lleven sus procedimientos en libertad.
Al efecto, la ministra buscó que se ordenara al Congreso de la Unión cumplir con su obligación de regular el control de las detenciones en materia migratoria antes del 15 de diciembre de 2023.
Sin embargo, aquel 1 de febrero, luego de la presentación del proyecto en la Primera Sala, los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron contra la propuesta y, sin dar argumento alguno, desecharon el proyecto.
El asunto fue returnado a Pardo Rebolledo para que elabore un nuevo proyecto conforme al criterio de la mayoría en la Primera Sala, que hasta la fecha no se conoce.
Durante los primeros cuatro años de la presente administración, 81 mil 350 solicitantes de asilo fueron retenidos en la frontera con Estados Unidos bajo el programa Quédate en México, acordado por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Los solicitantes de refugio permanecían en ciudades fronterizas mientras las cortes de migración de Estados Unidos resolvían sus casos.
El programa provocó que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera pronunciamientos contra las condiciones de hacinamiento, insalubridad e inseguridad en que se obligaba a vivir a los migrantes durante el proceso legal, que puede durar meses o años.
En enero de este año, López Obrador aprobó las nuevas medidas migratorias anunciadas por Estados Unidos que implican que cada mes podrían entrar a México 30 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela expulsados por el gobierno de Biden.
De acuerdo con el registro de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2023 el INM capturó a 1 millón 298 mil 484 migrantes, quienes han debido permanecer detenidos en las estaciones migratorias a la espera de que se resuelva su situación.
En este contexto, el pasado 27 de marzo se desató un incendio dentro de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez del INM donde permanecían detenidos 68 migrantes de diferentes nacionalidades; 40 de ellos fallecieron.
Y las agresiones crecen
La falta de control judicial en las detenciones de migrantes observada por Ríos Farjat propicia también que los agentes del INM no tengan que justificar ante un juez las medidas que toman cuando realizan esas capturas ni informar las condiciones en que se encuentran las estaciones del instituto.
Aunque en los cuatro años de la presente administración federal pocos agentes migratorios han sido sancionados por actos de corrupción, las quejas y las denuncias contra ellos por ese tipo de conductas o por agredir a los migrantes ya superaron las cifras registradas durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 20 de enero de 2023 la Secretaría de la Función Pública (SFP) registró un total de 211 denuncias y quejas contra agentes migratorios de diferentes áreas de vigilancia que cometieron agresiones a migrantes o a personas en movilidad, mientras que entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018 la dependencia registró 202 expedientes de ese tipo.
La SFP señaló que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 20 de enero de 2023 el Órgano Interno de Control (OIC) del INM le remitió 41 quejas o denuncias contra agentes migratorios por agresiones a migrantes y a personas en movilidad, de las cuales dos se canalizaron hacia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes; en esos casos los agentes migratorios fueron denunciados por abuso de funciones.
La Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la SFP registró por su parte el envío a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de una denuncia de hechos contra un agente migratorio por ejercicio indebido de funciones, homicidio y lo que resulte en agravio de una víctima, denuncia que se encuentra en etapa de investigación inicial.
A su vez, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones (DGDI) reportó la presentación de 170 quejas o denuncias ciudadanas remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no precisó el número de víctimas o agentes señalados como responsables.
La mayoría de las conductas denunciadas se refieren a incumplimiento de las leyes en materia de migración, con 59 investigaciones concluidas; otras 47 investigaciones fueron por abuso de funciones, de las que 24 ya concluyeron y 23 permanecen en trámite; 13 más fueron por abuso de autoridad, 12 concluidas y una en investigación; y 12 por cohecho, 10 concluidas, una en investigación y una acumulada.
La dependencia, encargada de procesar las sanciones administrativas que pueden recibir los servidores públicos federales en caso de incumplimientos e irregularidades en su actuar, señaló que en el sexenio de Peña Nieto recibió 202 quejas y denuncias contra agentes migratorios.
El OIC del INM reportó a su vez 53 denuncias contra 24 agentes, cuyas investigaciones ya concluyeron; de éstas, tres ya fueron resueltas y se refieren a mala conducta en el servicio, incumplimiento de la ley en materia de migración y abuso de funciones.
La UAJ señaló que en el mismo periodo no registró denuncias de hechos presentadas ante la FGR contra agentes migratorios por agresiones a migrantes o personas en movilidad.
En tanto, la DGDI informó que localizó 149 expedientes iniciados, en los que las conductas más comunes corresponden a 53 denuncias de incumplimientos de la ley en la materia, 47 de las cuales quedaron concluidas y seis se acumularon; 38 casos se refieren a abusos de autoridad, de los que 33 quedaron concluidos y dos acumulados; 19 fueron por descuidos en el servicio, todos concluidos, y 19 por solicitar dinero para realizar trámites, de los que 18 fueron concluidos y uno quedó acumulado.
Proceso también requirió a la SFP información sobre las sanciones que ha impuesto a agentes migratorios que incurrieron en conductas de corrupción, rubro en el que las cifras de uno y otro sexenio se invirtieron, pues durante el gobierno de Peña Nieto fueron sancionados 892 agentes del INM, principalmente por negligencias administrativas, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
La mayoría de las sanciones impuestas, 380, fueron suspensiones, 227 fueron inhabilitaciones, 111 amonestaciones públicas, 81 sanciones económicas, 76 destituciones y 17 amonestaciones privadas.
En los cuatro años del sexenio de López Obrador han sido sancionados apenas 207 agentes migratorios por conductas de corrupción, principalmente por ejercicio indebido de funciones en materia migratoria y por negligencias administrativas. Entre las principales sanciones se registraron 50 suspensiones, 19 sanciones económicas y 17 amonestaciones públicas.
En relación con las investigaciones iniciadas por la FGR derivadas de denuncias contra agentes migratorios, en los seis años de Peña Nieto sólo se registraron 27 expedientes, todos por denuncias en la delegación de Tabasco.
En 16 denuncias por abuso de autoridad, el Ministerio Público decretó el no ejercicio de la acción penal; en otras 10, también por abuso de autoridad, la FGR se declaró incompetente, y en una, por cohecho, decidió no ejercer acción penal.
En los cuatro años del gobierno de López Obrador, la FGR tiene registrados 24 expedientes en varias entidades, como Oaxaca, con dos por abuso de autoridad; Baja California, uno por extorsión, o Tabasco, uno por abuso de autoridad; en todos ellos se decretó el no ejercicio de la acción penal.
El resto de los expedientes fueron abiertos en la Ciudad de México; por abuso de autoridad, dos están en trámite y en otros dos se decretó el no ejercicio de la acción penal; por ejercicio ilícito del servicio, cinco están en trámite y en uno más la FGR se declaró incompetente.
Por cohecho, dos investigaciones permanecen en trámite, en una más se decretó el no ejercicio de la acción penal y otras dos fueron acumuladas a otras investigaciones; una más fue abierta por una denuncia de ejercicio ilícito del servicio y cohecho, pero la FGR se declaró incompetente; otra por enriquecimiento ilícito está en trámite; dos por uso ilícito de facultades también están en trámite, y en una más, por tráfico de influencias, la Fiscalía se declaró incompetente para conocerla.
