Estados Unidos
La apuesta de Trump por volverse mártir
Los tiempos judiciales parecen jugar en favor de Donald Trump, pues el juicio en su contra podría empatarse con la selección de candidatos republicanos a la Presidencia... y al exmandatario le conviene llegar convertido en mártir, según sus cálculos.
Los tiempos judiciales parecen jugar en favor de Donald Trump, pues el juicio en su contra podría empatarse con la selección de candidatos republicanos a la Presidencia de Estados Unidos para 2024… y al exmandatario le conviene llegar convertido en mártir, según sus cálculos. Pero este juicio (el del pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels) no es el único problema del magnate: en Georgia lo espera otra demanda por delitos electorales, además de que no se ha librado del señalamiento de haber instigado el asalto al Capitolio en enero de 2020.
WASHINGTON (Proceso).- “Nadie está por encima de ley”, decretó el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, y lo demostró cuando el pasado martes 4 de marzo, en un acto sin precedente en la historia de Estados Unidos, logró el encausamiento judicial del expresidente Donald Trump, a quien formalmente se le procesó en una corte estatal como presunto criminal.
Los 34 delitos achacados a Trump y enarbolados como violaciones a leyes estatales y federales sobre finanzas electorales son el encubrimiento de un pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels, una actriz pornográfica con quien tuvo relaciones íntimas el expresidente.
Lo ocurrido en la corte estatal de Manhattan, Nueva York, fue la primera ocasión en que a un expresidente o presidente de Estados Unidos lo procesan judicialmente por cargos criminales.
Ante el juez de la Suprema Corte de Nueva York, Juan Merchan, el fiscal de Manhattan consiguió lo que nadie había podido concretar, sentar a Trump en el banquillo de los acusados y que se tratara como a un vulgar delincuente a quien se le tomaron las huellas digitales.
La disputa que apenas comienza, puede ser el principio del fin de la controversial carrera electoral de Trump, enmarcada en periplos judiciales, o la culminación de su historia como maestro de la manipulación mediática haciéndose pasar como un mártir de complots políticos.
El proceso criminal en su contra será un camino tedioso en la Corte de Manhattan, un juicio contra el exmandatario podría llevarse a cabo en plena contienda presidencial, siendo Trump el máximo competidor por ganar la nominación presidencial republicana.
Los procesos judiciales del estado de Nueva York son lentos; será en agosto próximo y en coincidencia con el primer debate entre aspirantes presidenciales por el Partido Republicano cuando la defensa de Trump presente su moción ante Merchan para eliminar los cargos.
A Bragg y sus fiscales les toca responder a la moción semanas después y así sucesivamente hasta llegar al 4 de diciembre de 2023, la fecha calendarizada en la Corte de Manhattan como la siguiente audiencia del proceso judicial contra el también magnate de los bienes raíces.
Ni Bragg ni Joe Tacopina, el abogado que encabeza el equipo legal de Trump, tienen idea de cuándo comenzará un juicio. El pronóstico más atrevido es que el 5 de febrero podría empezar el proceso de selección de los 12 jurados para el juicio contra el expresidente.
Los 34 delitos criminales menores que le imputa Bragg a Trump se concentran en exponer en un juicio la manipulación de la verdad del pago a Daniels hecho por Michael Cohen, exasesor y abogado de Trump, y etiquetado como gastos corporativos, los que implica evasión fiscal.
En 2016, cuando Cohen entregó los 130 mil dólares a la actriz del cine para adultos con el objeto de que no divulgara la relación sexual que sostuvo con Trump en 2006, se registró ante las autoridades tributarias del estado de Nueva York como ingreso y no como egreso.
Los detalles del presunto delito cometido por Cohen en nombre de Trump solamente se pueden exponer en un juicio; la presunción de inocencia del exmandatario prevalece ante todo.
El 5 de febrero de 2024, cuando presuntamente se inicie el proceso de la selección del jurado, en Iowa se llevará a cabo el primer proceso de competencia entre quienes aspiran a la candidatura presidencial por el Partido Republicano.
Ni a Ron DeSantis, gobernador de Florida y principal oponente de Trump a la nominación republicana, le conviene que al caucus de Iowa llegue el expresidente envuelto en la bandera de víctima de un complot político para sacarlo de la boleta electoral del 5 de noviembre de 2024.
Christopher Conroy, uno de los fiscales del grupo que lidera Bragg, aseguró que se hará todo lo necesario para, de manera expedita, enjuiciar al expresidente, mientras que Tacopina manifiesta que nada harán para agilizar las cosas y que cumplirán con el calendario de la Corte.
Según lo ha divulgado el propio Trump, su acusación en Manhattan en lugar de perjudicarlo lo ha favorecido; afirma que desde que se diera a conocer su encausamiento criminal hasta la fecha ya recolecto 10 millones de dólares entre sus seguidores, que lo quieren otra vez hacer presidente.
Las trampas de los tiempos
Para los fiscales, los tiempos electorales y de la Corte de Manhattan no son los únicos obstáculos que deben sortear inmediatamente. Bajo las leyes de Nueva York podrían quedar impedidos de procesar judicialmente a Trump bajo la investidura de candidato a un puesto de elección popular federal, el de candidato republicano o independiente a la Presidencia.
Legalmente no está claro y por ello la participación de Merchan como juez del caso es esencial, si Trump –aunque sea candidato a un puesto de elección federal– puede quedar sujeto a la aplicación de las leyes de Nueva York sobre crímenes de finanzas electorales.
Algunos expertos en materia legal, asuntos electorales y fiscales auguran la vulnerabilidad de Trump al proceso siempre y cuando Bragg presente evidencia de que el expresidente, en el caso del pago a Daniels, ocultó con alevosía y ventaja la intención de violar leyes federales y estatales sobre el financiamiento de campañas proselitistas.
En paralelo, los analistas que han seguido la carrera política y empresarial de Trump, vaticinan que el exmandatario y sus abogados, por medio de mociones, podrían atrasar el juicio hasta después de las elecciones de 2024, tomando en cuenta lo que ha hecho respecto a múltiples investigaciones en su contra sobre sus finanzas e impuestos, que simplemente se han diluido en las cortes estatales y federales.
La demanda criminal de Bragg puede ser la primera acción que abrirá una compuerta de denuncias criminales que se vienen contra Trump.
Si en Manhattan se atora el proceso criminal por la contienda por la Casa Blanca, en el estado de Georgia podría iniciarse otra denuncia que potencialmente socavaría la aspiración ejecutiva del exmandatario.
Fani Willis, la procuradora General del Condado de Fulton, en Georgia, estaría a punto de dar a conocer en los próximos días una acusación federal por delitos electorales contra Trump.
Luego de dos años de investigación, Willis estaría acusando al expresidente de haber intentado manipular el resultado en el estado de Atlanta de las elecciones presidenciales de noviembre de 2019, que le fueron favorables al demócrata y hoy presidente Joe Biden.
Trump hasta la fecha insiste en que en Georgia le robaron la elección, no obstante que incluso autoridades electorales de ese estado y afiliadas al Partido Republicano han demostrado y expresado todo lo contrario.
La procuradora de Fulton tiene en su poder grabaciones y transcripciones de llamadas telefónicas de Trump al secretario de Estado de Atlanta, Brad Raffensperger, exigiéndole “sacar votos de donde fuera” para revertir el resultado electoral a favor de Biden.
Junto con Trump, el exalcalde de Nueva York y abogado Rudy Giuliani, el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham y el gobernador de Georgia, Brian Kemp, serían acusados de delitos electorales federales por intento de manipular los comicios de 2019.
Sobre Trump pesan otras dos acusaciones federales que dependen del fiscal independiente del Departamento de Justicia Jack Smith.
Junto con el FBI, el fiscal independiente estaría por entregar sus deliberaciones ante un Gran Jurado sobre si Trump cometió un crimen federal y de Estado al sacar ilegalmente de la Casa Blanca, tras perder la elección con Biden y llevarse a su mansión de Mar-a-Lago en Florida, documentos clasificados sobre secretos nucleares de Estados Unidos.
Esta posibilidad, de acuerdo con expertos constitucionales, ante una Corte federal podría implicar el veto de por vida a Trump de participar en cualquier proceso electoral en Estados Unidos.
Smith tiene también en su haber y responsabilidad la conclusión de la investigación y posible imputación de delitos federales contra Trump, sobre su participación como potencial instigador del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2020.
Iniciada por el Congreso federal estadunidense, la pesquisa en manos del fiscal Smith debe determinar si Trump provocó que miles de sus seguidores llevaran a cabo los actos violentos y de insurrección en el Capitolio para evitar que el pleno de las dos cámaras legislativas certificara a Biden como presidente número 46 de Estados Unidos.
Una imputación de esa magnitud podría incluso implicar coparticipación o incitación de homicidio, tomando en cuenta que en el asalto al Capitolio perdieron la vida cinco personas y decenas más resultaron heridas.
Mike Pence, que fuera vicepresidente de Trump, fue citado a testificar ante el Gran Jurado por los incidentes del 6 de enero de 2020. Él presidia la sesión bicameral para certificar el triunfo de Biden cuando se dio el asalto y varios en la turba gritaban que lo deseaban linchar por traidor a los objetivos de Trump.
Pence quien había declinado testificar ante un Gran Jurado o autoridades sobre el Asalto al Capitolio, la semana pasada anunció que cumpliría con el citatorio provocando con ello la furia de Trump, consciente de que las palabras de quien fuera su exvicepresidente podrían traducirse en complemento de eventuales imputaciones constitucionales y federales en su contra por presuntamente atentar contra la democracia de su país.
