Luego de años de abierta confrontación, una guerra en tribunales y quejas en el marco del T-MEC, la española Iberdrola y el gobierno mexicano acordaron que los derechos que la empresa española tenía sobre 13 generadoras de electricidad se reasignaran al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). “Esto significa el rescate de la CFE y una nueva nacionalización de la industria eléctrica”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a Ignacio Sánchez Galán, presidente global de Iberdrola, empresa que ahora dirige la vista hacia el mercado de las energías renovables en Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “Hemos tenido discrepancias, pero el diálogo lo puede todo… de esas discrepancias surge esto, algo extraordinario”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante ejecutivos de la firma española Iberdrola en la reunión en que se firmó el memorándum de entendimiento para comprar, por un monto de 6 mil millones de dólares, activos de esa empresa que abarcan 13 plantas de energía eléctrica en el norte del país, activos que ahora serán administrados por la CFE.

El acuerdo permitió al mandatario enviar un mensaje a 18 meses de concluir su administración: finalmente logró la “nacionalización” de 13 plantas de energía eléctrica del grupo español Iberdrola.

Sin embargo, analistas y exfuncionarios coinciden en que esa compleja operación –bien vista por los inversionistas del sector financiero– consiste en la compra venta y reasignación al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) de los derechos que Iberdrola tenía por haber construido plantas de ciclo combinado durante el gobierno de Felipe Calderón, bajo el esquema de Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto (Pidiregas), diseñados éstos en la administración de Ernesto Zedillo con el propósito de incrementar las inversiones en el sector eléctrico sin impactar el nivel de la deuda pública y difiriendo los pagos anualmente.

“Esas plantas que se compran a Iberdrola son de los proyectos financiados con Pidiregas y firmados con Calderón”, dijo un exfuncionario del sector de la energía durante ese sexenio.

Esos contratos de exclusividad con la CFE, que Iberdrola sostenía vía Pidiregas, tenían una duración de 20 años, y al término de ese lapso la CFE se convertía de facto en dueña de las plantas. Sin embargo, las condiciones de la entrega de esas instalaciones también se habían convertido en otro motivo de enfrentamiento entre Iberdrola y la CFE, porque el grupo español pretendía ampliar el pago final y la comisión quería fortalecer su patrimonio. Ahora Iberdrola buscará invertir en energías renovables en Estados Unidos, donde calcula que existe un mercado superior a los 20 mil millones de dólares.

No se trata de una nacionalización, dijeron los analistas, aunque sí de una buena estrategia para liberar de obstáculos la rectoría del Estado en el sector eléctrico. Son las transferencias pactadas y la entrega de las plantas bajo la figura de productores independientes con quienes la CFE acordó la construcción de plantas, la inversión en activos en el sector eléctrico, así como la venta exclusiva de electricidad.

En un intento por no incurrir en mayor deuda pública, en los Pidiregas se establece una contingencia en el Presupuesto de Egresos de la Federación en caso de incumplimiento. Por esa razón, la participación de Iberdrola en esos proyectos, que se rigen por la Ley de Obra Pública, no se registra como Inversión Extranjera Directa.

La operación incluye 10 generadoras eléctricas, conocidas como Productores Independientes de Energía, que entregan energía exclusivamente a la CFE, y tres centrales para el abasto privado.

“Los mercados necesitan generar credibilidad institucional y toma muchos años lograr eso. México lo logró, generó un mercado con Pidiregas y ahora vemos un acuerdo que beneficia a Iberdrola, que se dirige a la descarbonización de sus plantas, y que también beneficia al gobierno mexicano porque muestra una transacción bien armada y respetando a todas las partes. Si es nacionalización o no, el mensaje llega a quien tiene que llegar”, indicó Severo López Mestre, abogado y experto en política energética.

El esquema de Pidiregas, sin embargo, recibió observaciones de la Auditoría Superior de la Federación porque se registraron problemas de opacidad en la ejecución de los pagos. En el caso de Pemex, se buscó ocultar muchos desvíos mediante un fideicomiso en un paraíso fiscal, Pemex Project Funding Master Trust-MT01, confirma a Proceso un exauditor de la petrolera.

Hasta febrero de 2022 Standard & Poor’s reportó que la mayor parte de los pasivos de la CFE se componen de deudas por pensiones, arrendamientos y, precisamente, por financiamientos tipo Pidiregas, que son de largo plazo.

Entre contradicciones

A unos meses del inicio de la presente administración, el 13 de mayo de 2019, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, dio a conocer que durante su gestión se volverían a utilizar los Pidiregas por considerar que se trata de un esquema que genera  rentabilidad y que podría ayudar a la comisión a alcanzar su capacidad de generación eléctrica debido a que resultan
más fáciles de licitar.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2423 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

Fe de erratas

El epígrafe del presente reportaje se publicó originalmente de la siguiente manera: 

Luego de años de abierta confrontación, una guerra en tribunales y quejas en el T-MEC, Iberdrola y el gobierno mexicano acordaron que los derechos que el emporio tenía sobre 13 generadoras de electricidad se reasignaran al Fonadin. Para ello se recurrió a un esquema de Pidiriegas que López Obrador criticó cuando lo aplicó la administración de Ernesto Zedillo, pero que le permite a la 4T incrementar las inversiones en el sector eléctrico sin impactar la deuda pública y difiriendo los pagos anualmente.