En virtud de los recursos adicionales que el Instituto Nacional de Migración recaba por las cuotas migratorias y un uso discrecional del presupuesto al amparo de la “seguridad nacional”, la dependencia –según la Auditoría Superior de la Federación– gasta más de tres veces lo que le asigna la Cámara de Diputados. Más aún, ha otorgado contratos por adjudicación directa a empresas fantasmas y a compañías cuestionadas por prácticas de corrupción.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Bajo la gestión de Francisco Garduño Yáñez, el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha convertido en una de las dependencias más opacas de la administración pública federal.

Desde que Garduño fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio de 2019, él y su equipo han usado la seguridad nacional como pretexto para adjudicar, de manera directa, contratos de cientos de millones de pesos a empresas fantasma, compañías cuestionadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a una empresa vinculada con un operador político del canciller Marcelo Ebrard.

Dotado de una bolsa de recursos poco transparente y alimentada por el cobro de cuotas migratorias, el INM ha gastado recursos millonarios para operar, vigilar y mantener los centros de detención migratoria, incluyendo el de Ciudad Juárez, donde 39 migrantes –hasta el momento– fallecieron en un incendio la noche del 27 de marzo último.

Entre 2020 y 2021, pese a las instrucciones de López Obrador para que las dependencias contraten al Servicio de Protección Federal (SPF) cuando necesiten guardias de seguridad, el equipo de Garduño pagó 358 millones de pesos a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) para custodiar sus 28 recintos en el país. SEICSA pertenece al empresario coahuilense Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien funge como cónsul honorario del gobierno de Nicaragua en Monterrey y Saltillo.

Para 2022 el INM cambió de empresa y adjudicó un contrato de 165 millones de pesos al Grupo de Seguridad Privada CAMSA, cuyo nombre comercial es Grupo Tank. Según Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esa firma tenía a su cargo el resguardo del centro de detención de Ciudad Juárez cuando ocurrió el incendio, por lo que se le abrió un proceso sancionador para revocar su permiso e imponerle una multa.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2422 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.