Reforma electoral
El caso Coahuila, una ruta para tirar el Plan B
Tanto el Instituto Nacional Electoral como los partidos de oposición pretenden seguir más o menos la misma ruta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha marcado con la reciente invalidación de dos reformas electorales en Coahuila.
En el contexto de la entrada en vigor de los cambios en materia electoral que impulsa el presidente López Obrador, los partidos de oposición y el INE pretenden echar abajo el Plan B guiándose por los argumentos que la Suprema Corte tomó en cuenta para la reciente invalidación de dos reformas electorales en Coahuila; entre ellos, que las modificaciones del mandatario no proceden porque Morena y sus partidos aliados se brincaron etapas del proceso legislativo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La permanencia del llamado Plan B de la Reforma Electoral estará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a partir del viernes 3 se convirtió en receptora de un gran número de amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; esto es, las tres vías de actuación del máximo tribunal.
El objetivo de las oposiciones, así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y de ciudadanos que a título personal reclamen violentados sus derechos políticos, es tirar por completo el paquete de reformas consistente en 429 artículos de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos, y del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Para conseguirlo, uno de los argumentos centrales consiste en la viabilidad de pasarle la factura a las bancadas oficialistas por la premura con la cual aprobaron el llamado Plan B.
Aún más, el Plan B de la Reforma Electoral fue aprobado el 15 de diciembre en la Cámara de Diputados, con seis leyes reformadas que incluyen, además de las mencionadas, las leyes generales de Responsabilidades Administrativas, y de Comunicación Social. Estas dos últimas fueron las únicas aprobadas por el Senado también en diciembre, por lo que el Ejecutivo hizo la publicación el 27 de ese mes de manera que entraron en vigor al día siguiente.
Conflictiva desde su presentación en diciembre pasado, luego de no alcanzar los votos para la reforma constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y las bancadas oficialistas, es decir, Morena, PT y PVEM, mantuvieron sus posiciones sin transigir a consulta, discusión ni negociación alguna frente a la negativa inamovible de las bancadas del PRI, PAN y PRD que integran la coalición legislativa “Va por México”, así como MC, que las votaron en contra.
Aunque desde 2021 el PRI admitió al inicio de la LXV Legislatura ciertas posibilidades de reforma al sistema electoral, siempre y cuando se sometieran a un parlamento abierto y una ronda de negociaciones, la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo al inicio del período ordinario de septiembre de 2022 no tuvo oportunidad, pues obviando cualquier consulta o consenso intentó votarse por las bancadas oficialistas, sin los sufragios suficientes para alcanzarla. Fue entonces que surgió el Plan B aprobado en fast track, brincándose etapas en el proceso legislativo, fue mayoriteada.
Hoy las oposiciones se proponen revertir la totalidad del llamado Plan B y no sólo aquellos artículos que puedan representar una violación constitucional, para que esos cambios no impacten la organización de las elecciones de 2024, esto es la presidencial y la de 128 senadores, 500 diputados federales; nueve gubernaturas, 31 congresos locales, mil 580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales.
Para ello, tanto el INE como los partidos de oposición pretenden seguir más o menos la misma ruta que la SCJN ha marcado con la reciente invalidación de dos reformas electorales en Coahuila.
El 5 de enero último la reforma a la legislación coahuilense fue echada abajo aun cuando el día 1 del año había dado inicio el proceso electoral local que renovará la gubernatura y el Congreso del Estado. En septiembre pasado la legislatura local aprobó una ampliación de 25 a 27 curules para prever dos lugares de representación proporcional, por acción afirmativa, para minorías o grupos vulnerables.
