Tierra pródiga en maderas preciosas, la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero, se ha convertido en los últimos años en “botín de guerra” de los grupos criminales. Como antaño lo hicieron caciques locales, compañías extranjeras e incluso el Ejército, son ahora ellos los que atentan contra campesinos ecologistas, quienes han defendido ese codiciado entorno, pese al desdén (o complicidad) de las autoridades. 

CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).– La madrugada del 7 de diciembre de 2011 un autobús circulaba por la carretera Acapulco-Zihuatanejo con rumbo a la Ciudad de México, cuando, de repente, se detuvo en la comunidad de Rodecia, en Tecpan de Galeana, Una camioneta le tapó el paso.

Varios hombres armados abordaron la unidad. Algunos parecían policías, por el uniforme y los vehículos en los que se trasladaron. Preguntaron por Marcial Bautista Valle. Nadie les respondió; no hacía falta. Ellos sabían el asiento en iba el susodicho y se dirigieron a él.

“Baja tus cosas y nos vamos”, le dijo uno de ellos a Marcial, quien acató la indicación. Eran las tres o cuatro de la madrugada, según deduce su hija Victoria Bautista Bueno.

Ella y su padre habían convenido en verse en Chilpancingo entre las seis y las siete de la mañana de aquel día, donde él le entregaría los documentos de evidencia que ella llevaría a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), relativo al proyecto ecológico que recién les habían aprobado. Marcial no llegó, por lo que su hija calculó la distancia y el tiempo que debió recorrer el autobús de la cabecera municipal de Petatlán, de donde salió, hasta Rodecia, en Tecpan de Galeana.

Marcial era líder de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, una estructura cofundada por él y los campesinos Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Felipe Arriaga y Albertano Peñaloza, de la Sierra de Costa Grande y Tierra Caliente de Guerrero, quienes padecieron en carne propia por su defensa de los bosques.

Marcial viajaba con Eva Alarcón Ortiz, otra integrante de la organización. Cuando ambos abordaron el autobús, dice Victoria Bautista, “Eva dijo: ‘¿saben qué? Yo me voy con él porque es mi compañero, es mi amigo’”.

Ya pasaron 12 años y tampoco se sabe nada de Eva.

Cuando la bajaron del autobús junto con Marcial, Eva alcanzó a esconder su celular debajo de su asiento. Mediante señas le indicó a la pasajera de al lado que marcara para informar sobre su desaparición. La llamada la contestó un familiar de Eva. Así se supo que unos presuntos policías la bajaron del autobús y se la llevaron. 

Las mujeres de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán han padecido la intimidación de autoridades y caciques al igual que los hombres. A Eva, Cabrera y Montiel les tocó cerrar los caminos en la Sierra para impedir que los talamontes subieran a cortar sus pinos, aseguran sus familiares.

Tras la desaparición de Marcial y Eva, Juventina Villa Mojica asumió el liderazgo de la organización. La asesinaron en noviembre de 2012 junto con su hijo adolescente en la cima de un cerro de La Laguna, una comunidad serrana del municipio de Coyuca de Catalán.

Juventina fue ejecutada, aun cuando contaba con la protección de policías estatales como parte de las medidas cautelares que le otorgaron las autoridades. Su muerte provocó el desplazamiento de varias familias de La Laguna, quienes se refugiaron en Ayutla de los Libres, en Costa Chica. Todavía siguen ahí.

Acoso criminal

Los familiares de Marcial y Eva han aportado pruebas que evidencian que en el grupo que se los llevó había policías ministeriales y municipales, así como miembros de Los Granados, un grupo criminal asentado en la zona. Dicen que de los tres consignados por el caso, dos son policías.

La familia de Marcial, señalan sus familiares, era acosado por ese grupo criminal, con origen en Tecpan de Galeana, un municipio de la Costa Grande que tiene una importante zona serrana, al igual que el de Petatlán, con el que colinda, donde operan otras estructuras criminales.

Marcial es originario de Banco Nuevo, ejido del Mamey, perteneciente al municipio de Petatlán, es decir, la Sierra del lado de Costa Grande que colinda con Tierra Caliente. La extensión boscosa común a ambas regiones se entrelaza con la Sierra Madre del Sur, que la atraviesa. Son unos 200 kilómetros, según los cálculos de los ejidatarios. Ellos considerar como punto de partida el nivel del mar de Costa Grande y el río Balsas de Tierra Caliente.

La hija de Marcial asegura que el grupo de Los Granados intentaba entrar a la Sierra, donde ya habían cometido algunos crímenes. Incluso, dicen, los criminales buscaron al dirigente ecologista. Su propósito era intimidarlo para “meterse hasta allá (hasta la Sierra) y que les dejara sus caminos libres para ellos poder transitar su droga y llevar gente secuestrada”. Pero él se negó. Por eso desapareció, dice.

Desde 1995 la función principal de la organización que lideraba Marcia era cuidar los bosques. Montiel, Cabrera, Arriaga y Peñaloza fueron perseguidos y reprimidos; algunos fueron emboscados; otros, encarcelados por delitos diversos. El Ejército los asoció con la guerrilla.

Pese al hostigamiento, los ecologistas lograron cosas significativas en la parte serrana de Petatlán, como el retiro de la empresa estadunidense Boise Cascade, una compañía que llegó con una concesión de gobierno a la región en los noventa a explotar los bosques.

Mario Patrón, un defensor de los derechos humanos que acompañó la defensa de estos ecologistas, publicó el 2 de julio de 2020 el artículo “Defender los bosques es defender la vida”, donde expuso: “Entre 1992 y 2000 se perdieron 86 mil hectáreas de bosque en esa zona, lo que representó la destrucción de 38% del bosque por la tala excesiva e ilegal”.

Con la ayuda del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Montiel y Cabrera lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia en noviembre de 2010 en la que pidió al Estado mexicano reparar los daños por su encarcelamiento indebido en 1999.

En febrero de 2001, poco antes de su liberación, ambos recibieron el Premio Chico Mendes, el más importante dentro de la ecología; en abril de 2000 habían obtenido de manos de The Goldman Foundation el Premio Medioambiental Goldman.

Disputa histórica

Los pobladores la Sierra de Costa Grande y Tierra Caliente han denunciado la explotación de los recursos naturales, así como el acoso de grupos armados que operan en ese entorno desde hace años. Por su arrojo, las autoridades suelen asociar su quehacer con actividades clandestinas o de tener nexos con la guerrilla o el tráfico de drogas.

Y aunque admiten que durante años se dedicaron a la siembra de amapola en esa parte de la Sierra, algunos de los pobladores están convencidos que esa nunca fue razón de “guerra” en la zona.

Tras la matanza de siete personas, entre ellas un menor, el pasado 10 de diciembre en la comunidad serrana El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, por un grupo que dijo pertenecer a la Familia Michoacana, los pobladores insistieron en que el fondo del problema son los recursos naturales.

“Es eso. Son nuestras maderas, porque tenemos maderas muy finas, eso sí. No hay otra cosa”, declaró la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García. De las 17 mil 460 hectáreas que tiene el ejido, más de 16 mil son forestales; ahí hay diversas especies de pino, además de ayacahuite, considerada por los pobladores como una de las mejores maderas, y oyamel.

El antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que ha llevado la defensa y acompañamiento de ecologistas como Felipe Arriaga –declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional–, sostiene que la disputa histórica en la Sierra es por la madera.

En la segunda mitad de los noventa y en los primeros años de este siglo, época de los ecologistas Montiel, Cabrera, Arriaga y Peñaloza, los caciques y las empresas extranjeras formaron una corporalidad económica en la Sierra.

Según Barrera Hernández, antes como hoy el control en ese entorno se sustenta en el poder de fuego de los grupos de poder para someter a los habitantes y la ausencia de las instituciones del Estado. Ambos elementos se conjuntan y generan nuevos escenarios, como el desplazamiento forzado de las comunidades, de por sí dispersas, lo que causa la despoblación; eso les facilita el ingreso los delincuentes.

“La Sierra está controlada por grupos económicos que tienen gente armada”, que incluye tanto criminales como elementos de la guerrilla, dice. Para él, la madera es un objetivo primario, aunque a los criminales también les interesa el paso de las armas, la siembra de enervantes, el agua, el ganado y la minería de esa tierra pródiga.

Eso es posible, añade, por “la ausencia de las instituciones”; eso ha dado pie a que la riqueza natural de la Sierra sea un botín de guerra.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2409 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.