Las familias de las 137 personas calcinadas durante la ordeña del ducto que explotó en Tlahuelilpan en 2019 denuncian la falta de apoyo ofrecida por las autoridades federales. No sólo ha sido imposible que la aseguradora Mapfre, contratada por Pemex, pague los poco más de mil millones de dólares que exigen; las becas y proyectos productivos, para la reactivación económica de un pueblo que cayó en crisis, tampoco llegaron a todos los huérfanos y viudas.

TLAHUELILPAN, Hgo. (Proceso).— A cuatro años del estallido de una toma clandestina, la carencia de una resolución judicial ha impedido que las familias de las 137 personas calcinadas reciban una indemnización de parte de la aseguradora Mapfre, que debía responder ante una contingencia como la del ejido de San Primitivo. Además, apenas en noviembre de 2020 un juez federal reconoció a los deudos como víctimas. 

Las becas y proyectos productivos prometidos por el gobierno federal para la reactivación económica de un pueblo que cayó en crisis social y económica tampoco llegaron a todos los huérfanos y viudas que perdieron a sus familiares durante la ordeña de combustible que terminó con la detonación del ducto perforado. Del memorial de los difuntos quedaron cruces entre hierba muerta.

Pemex le había pagado a Mapfre Tepeyac 560 millones de dólares por la póliza de un seguro cuya cobertura alcanzaba la responsabilidad civil. Sin embargo, la aseguradora resolvió que la culpa del siniestro era de las víctimas y Pemex aceptó un dictamen presentado por la empresa, con el cual no la comprometía a liberar el dinero.

No obstante, en noviembre de 2020 el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que las víctimas tienen legitimidad jurídica para reclamar a la aseguradora y ordenó reponer el proceso a las instancias que en 2019 desecharon esta “acción colectiva” (Proceso 2299). 

Por el letargo del caso, 65 deudos de las 137 víctimas de la explosión presentaron una demanda contra el sistema federal judicial de Hidalgo, por posibles actos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y cohecho, al acusar obstaculización para tener un resolutivo contra Mapfre.

En el contexto de esta denuncia está la discrepancia por la acumulación que ordenó en dos ocasiones el juez cuarto de Distrito, Miguel Ángel Villaseñor, con otro asunto llevado por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) por el mismo caso, pero en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

Aunque las dos se centran en el incumplimiento de contrato del seguro 3921700 003733 en los sucesos de Tlahuelilpan, no coinciden en la valuación para que se repare el daño, ya que ONRE pide 500 millones, mientras que los 65 representados por el Despacho Trujillo –que a su vez quedaron a cargo de 28 huérfanos– demandan el máximo del seguro, mil 100 millones de dólares, más una sanción a la aseguradora por mil 284 millones de euros que corresponde, aproximadamente, a 10% de su capital.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2412 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 22 de enero de 2023.